Los tenedores de los bonos cupón PBI que ganaron el juicio contra el Estado argentino en los tribunales del Reino Unido buscan cobrar la sentencia a su favor por 1330 millones de euros (US$1443 millones). Hasta ahora, lograron ejecutar una garantía de 313 millones de euros (unos US$325 millones) que la Argentina había depositado para poder apelar el fallo, recurso que finalmente fue rechazado. En este contexto, la Corte de Londres ordenó al Gobierno entregar información que podría facilitar eventuales embargos.
“La Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias, entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso cupón PBI en euros”, explicó Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, quien sigue de cerca los juicios del país en el exterior.
El proceso de discovery permite a los beneficiarios de una sentencia solicitar información para identificar y rastrear posibles activos embargables con el fin de ejecutar el fallo.
En 2024, la justicia británica le dio la razón a los cuatro fondos demandantes —Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald— tras concluir que el Estado argentino perjudicó a los inversores cuando modificó la forma de calcular el Producto Bruto Interno (PBI) durante la gestión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ese cambio, aplicado en 2013, derivó en un menor pago de intereses vinculados a los bonos cupón PBI emitidos en 2005 y 2010.
La Argentina todavía adeuda alrededor de 1000 millones de euros para cumplir con la sentencia. La Procuración del Tesoro señaló que se trata del quinto litigio más relevante contra el país en función del monto reclamado.
En agosto pasado, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) mencionó la existencia de negociaciones entre la Argentina y los acreedores. Sin embargo, los beneficiarios del fallo lo desmintieron públicamente.
“Los demandantes consideran importante aclarar que no hay negociaciones en curso entre ellos y la República”, dijeron en su momento en una carta difundida a través de PR Newswire. También indicaron que informaron al FMI sobre lo que calificaron como afirmaciones erróneas. “Los demandantes han escrito al FMI para confirmar que no se están llevando a cabo negociaciones, y mucho menos negociaciones realizadas de buena fe por la República. Han solicitado al FMI que actualice su staff report en consecuencia”, agregaron.
En su último informe técnico, el organismo volvió a subrayar la necesidad de que el país resuelva los litigios pendientes y se refirió específicamente al caso del cupón PBI, al señalar que “se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres”.
Los acreedores, por su parte, sostienen que la Argentina no muestra voluntad de pago. Aseguran que el país “se niega a cooperar con las medidas adoptadas por los demandantes para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco abona los intereses diarios que se acumulan sobre el monto pendiente.
En ese marco, advirtieron que, si bien apoyan el retorno de la Argentina a los mercados internacionales de capital, consideran imprescindible que el país resuelva primero sus atrasos externos, en particular los vinculados a emisiones de deuda anteriores, dado su historial de incumplimientos.
Ahora, los demandantes solicitaron que el Estado entregue información sobre concesiones petroleras firmadas con empresas extranjeras y sobre cuentas bancarias que la República Argentina posea en el exterior. “Buscan, obviamente, embargar cualquier tipo de beneficio que tenga la República Argentina por la falta de pago de este fallo en el Reino Unido”, señaló Maril a LA NACION.
El cupón atado al PBI fue diseñado como incentivo para lograr una mayor adhesión y quita en el canje de deuda de 2005, liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, junto con su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen —actual embajador en Paraguay—. El instrumento establecía que la Argentina debía pagar intereses adicionales a los bonistas cada vez que el crecimiento anual superara el 3%, hasta 2035. El país dejó de efectuar esos pagos en 2011, cuando la economía dejó de expandirse por encima de ese umbral.