El Gobierno cierra 2025 mucho mejor de lo que hubiera esperado hace apenas dos meses, cuando en plena corrida electoral debía hacer malabares para contener al dólar. Ganó peso relativo en el ámbito legislativo, consiguió que el riesgo país se desplomara a 569 puntos y marcara su nivel más bajo en siete años, avanzó con una flexibilización de las bandas cambiarias (una demanda del Fondo Monetario Internacional) y puso sobre la mesa una cantidad de proyectos reformistas con los cuales los inversores se ilusionaban desde hace tiempo.
Pero también es cierto que es posible que el oficialismo no vaya a brindar la noche de Año Nuevo con el mismo ímpetu que hubiera imaginado desde que dio el batacazo electoral. La política y la economía están llenas de imprevistos. Las complicaciones que en Diputados y en el Senado tuvieron los tratamientos del Presupuesto 2026 y el proyecto de reforma laboral, respectivamente, son apenas ejemplos. Aunque en este último caso algunos hablan más de impericia que de casualidad. El acuerdo entre los libertarios y el kirchnerismo para avanzar con la designación de cargos en la Auditoría General de la Nación a espaldas de Pro y otros espacios aliados dinamitó la ya de por sí dificultosa negociación por la reforma laboral. La política es el arte de la negociación, no siempre se puede ganar todas.
En el mercado cambiario, en tanto, los anuncios sobre la recalibración de las bandas generaron algo más de incomodidad considerando que faltan pocas ruedas para el final del año y muchos grandes inversores buscan cerrar sus posiciones. Este jueves, el Tesoro optó por desprenderse de US$150 millones para aplacar la volatilidad de la rueda. Había comprado US$320 millones el lunes y luego vendido apenas US$ 13 el miércoles. Nada es tan bueno ni tan malo como parece. Pero en todo caso la realidad nunca es estática. Lo sabe YPF. Luego de que se bajara Shell del proyecto para exportar GNL desde la Argentina, tras meses de trabajo, la empresa estatal que conduce Horacio Marín avanzó en negociaciones con XRG, la petrolera de Abu Dhabi, para subirla al negocio. La operación todavía no está cerrada.
Según cálculos internos, el Tesoro debe hacerse todavía de unos US$2200 millones para cubrir los vencimientos de deuda de enero. Hubo en los últimos días desembolsos de organismos internacionales -esta semana, por US$200 millones- que colaboran con el poroteo. También siguen adelante las negociaciones con las provincias que emitieron deuda para que ingresen parte de los dólares que recibieron. Aunque muchas de estas conversaciones quedaron en punto muerto después de los conflictos que se desataron en el Congreso. El secretario de Finanzas, Alejandro Lew, acaba de incorporar a su equipo como subsecretario de Financiamiento a Abel Fernández Semhan, hasta ahora subsecretario de Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires. Tal vez, ayude en algo en la negociación con la administración de Jorge Macri. O no… En el mercado, sin embargo, no pierden las esperanzas de que el ministro Luis Caputo, hábil como es, logre cerrar el anunciado préstamo (repo, en la jerga) con un puñado de bancos internacionales. No es tanto lo que falta para llegar al pago de enero. “Siempre hay algo más que piden los abogados”, se limitó a asegurar una fuente en uno de los bancos que participan de las conversaciones.
Igual de compleja es la agenda internacional. Cuando parecía que estaba todo listo para que este fin de semana en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Foz de Iguazú, Brasil, se anuncie el demorado acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el bloque latinoamericano, Francia e Italia decidieron congelar el proceso. De poco sirvió que el presidente Luis Inácio Lula da Silva se comunicara con su par italiana, Georgia Meloni, para intentar destrabarlo. Se llevó apenas una promesa de que buscaría superar las objeciones que había entre los agricultores italianos para poder avanzar en la firma del acuerdo en enero. Francia es tal vez el país más duro. El presidente francés, Emmanuel Macron, no puede darse el lujo por estos días de lidiar entre otros conflictos con marchas de los agricultores franceses por las calles de París.
Así y todo, la agenda del oficialismo es ambiciosa y tiene claro una cosa: las leyes, como sea, deben salir. El mundo financiero mira con atención al Congreso, porque es el mejor indicador de que los libertarios tienen un buen control de la política que viene. Para las empresas, las reformas son imprescindibles para poder competir en un momento en el que la economía empieza a abrirse y la micro argentina sigue lidiando con cantidad de anomalías. Pero el Gobierno se mueve con una cuota de realismo. Por caso, nadie se anima a afirmar todavía que la reforma tributaria avanzará a pleno en febrero. “Depende de lo que pase ahora en diciembre”, reconoció un hombre que forma parte de la mesa política libertaria. Tampoco al Tesoro le sobra mucho como para avanzar a fondo con una rebaja de impuestos. Tal vez por eso en la reforma laboral hay varios capítulos sobre temas impositivos, más que del mundo del trabajo.
Si hay una enseñanza que le quedó al equipo económico de sus tiempos en el macrismo es que el gradualismo es la mejor receta. “No queremos tener que dar marcha atrás”, confían. De no mediar cambios estas dos semanas que quedan, este año el Tesoro cerrará con un superávit nada despreciable del 1,4% del PBI, 0,1 puntos porcentuales por encima de la meta comprometida con el FMI.
También seguirá el gradualismo en materia cambiaria. La recalibración de las bandas habría servido para aplacar las demandas del FMI, que en enero se aprestaría a aprobar la revisión del acuerdo con algunos perdones por las metas incumplidas, pero muestra la reticencia del equipo económico por liberar por completo el dólar. Más allá de las empresas que todavía tienen restricciones para operar en el mercado de cambios, los más inquietos con esto son todos aquellos responsables de bancos y casas de cambio que están siendo investigados por el Banco Central y por la justicia por las operaciones que hicieron durante 2023, cuando el cepo era total y Sergio Massa era ministro de Economía. “Si el Central levantara el cepo, todos estos casos se caerían, porque aplicaría sobre ellos la ley más benigna”, reconoció una fuente al tanto de las investigaciones. Pero no hay planes de que suceda.
El Central tiene detectados, tal cual lo contó Francisco Olivera esta semana en LA NACION, que una decena de bancos proveían a casas de cambio de dólares oficiales, que luego eran vendidos a otras casas de cambio que finalmente terminaban volcándolos en el circuito informal, quedándose con el negocio de la brecha, que en algún momento superó el 200%. Se estima que se movieron por esta vía US$1400 millones. La operatoria cobró vértigo los últimos tres meses antes de que terminara el gobierno de Alberto Fernández. Hay varias decenas de reportes de operaciones sospechosas (ROS) que están en la Unidad de Información Financiera, la encargada de prevenir los delitos de lavado de dinero. El BCRA inició sumarios penales cambiarios que luego deberán ser estudiados por el fuero penal económico en la Capital Federal o por los juzgados federales en el interior (no todos igualmente rigurosos). Pero, según supo LA NACION, también ya están aplicándose fuertes multas por los sumarios financieros iniciados a directivos de muchas de esas entidades. Por caso, una casa de cambio que apenas operó entre febrero y abril de 2023 recibió una penalidad económica de US$42 millones, más US$12 millones en cabeza de uno de sus accionistas. Otras dos acaban de recibir sanciones por $34.000 millones y $35.000 millones. Para los bancos involucrados el problema es posible que termine siendo más reputacional que otra cosa, dado que en principio sólo podría acusárselos de defectos en los controles internos. Cualquiera sea el caso, no se puede descartar que termine forzando algunos cambios de management y hasta cierres (hay varios bancos chicos involucrados, hoy con poco negocio genuino).
Más allá de esta causa, el sistema financiero está en pleno proceso de cambio. También de nombres. Es posible que Alejandro Henke, hoy director del Banco Nación, asuma la vicepresidencia de la entidad estatal, que es presidida desde esta semana por Darío Wasserman, hombre de Karina Milei. Estaría descontado también el ingreso de Carolina Píparo al directorio, que podría tener entre sus bajas a Carlos Balter, Nicolás Carvajal y Gonzalo Pascual. El exsecretario de Finanzas en tiempos de Hernán Lorenzino, Adrián Cosentino, acaba de ser designado presidente del Banco de Tierra del Fuego. Con su consultora Orson Capital, Cosentino había estado en el último tiempo muy cerca de varias provincias. El Estado siempre es tierra de oportunidades, aun en tiempos de motosierra.
Con el Congreso en ebullición, los lobbies están a la orden del día. Los bancos plantearon este jueves su reclamo ante el Senado por el artículo 35° de la reforma laboral, que abre la puerta para que las billeteras electrónicas –como su archirival Mercado Pago- puedan ser catalizadores del pago de sueldos.
Entre las empresas, en tanto, comenzó a circular un informe sobre el impacto del contrabando en la economía argentina. El trabajo, plagado de datos, ya llegó a varias oficinas públicas. Señala que el contrabando, que siempre fue un problema en el país y que se potencia con el crecimiento natural del e-commerce y de los market places, se exacerbó en el último tiempo con varias de las medidas que apuntaron a abrir la economía. La Argentina, destaca, se ubica actualmente en el puesto 120 de un total de 158 en el ranking de comercio ilícito (“Sectoral illicit trade”, TRACIT Illicit Trade Index 2025). En algunas industrias, como la de neumáticos, detalla, el comercio ilegal es del 30%; en la textil, del 24%; en la de cerveza, del 30%, por mencionar algunas. Lo que es evidente es que hoy, con la economía todavía rezagada y las empresas hilando fino en los números, nadie regala nada. ¿Los escuchará en este último caso la AFIP del cuestionado Andrés Vázquez? Será una de las tantas cuestiones que quedarán abiertas para 2026.