Todo ocurrió el pasado 9 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, frente a la jueza Loretta Preska, autora de un fallo que condena a la Argentina a pagar más de US$16.100 millones por la estatización de YPF.
El megabufete internacional Burford Capital financia el juicio porque compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía y Petersen Inversora), creadas por la familia Eskenazi. Su representación legal estuvo a cargo de tres estudios: Levine Lee LLP (con la intervención de los abogados Seth Levine, Alison Bonelli y Miriam Alinikoff), King & Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick.
La Argentina, cuya estrategia está a cargo de la Procuración del Tesoro, fue representada por Sullivan & Cromwell a través de Amanda Davidoff, Robert Giuffra y otros tres letrados.
La conversación entre todos ellos se mostró por momentos inflamable, a tal punto que Preska le dio varios tirones de oreja a la representación local, casi como si estuviera fastidiada por la presunción de que le estaban tomando el pelo.
Quizás el humor de la jueza estaba crispado por el motivo de la reunión. Preska había convocado a las dos partes para ver por qué no había avances con respecto a la información que debía entregar el gobierno argentino, tal como ella había ordenado.
La Casa Rosada tiene muchos motivos para no dársela. Son datos que pueden ser sensibles. Es que la Justicia norteamericana está pidiendo desde los mensajes de WhatsApp de funcionarios como Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería) hasta el detalle de activos de la Argentina que eventualmente podrían ser embargados para pagarles a los demandantes.
El momento de mayor fricción entre la jueza y la defensa argentina llegó cuando la discusión se desplazó a los acuerdos con China por el intercambio de monedas, más conocido como swap. Burford cree que ese convenio es una alternativa para empezar a cobrar.
En particular, ante la afirmación de que “la República” no tendría acceso a ciertos documentos porque habrían sido firmados por el Banco Central (BCRA) y no por el Poder Ejecutivo. Los letrados del país defienden entre sus argumentos la virtual independencia del ente monetario con respecto al gobierno nacional.
La Argentina planteó que revisó en distintos ministerios los detalles sobre el convenio con China, pero no encontró nada. Según las búsquedas realizadas, ningún organismo de la administración central tenía copia de esos acuerdos. Fue allí cuando Preska interrumpió con una frase que marcó un punto de quiebre en la audiencia: “¿Se está escuchando?”. Algo así como: “¿Se da cuenta de lo que me está diciendo?”.
La tensión entre Preska y el país fue en aumento por posiciones antagónicas. El gobierno argentino, sin ir más lejos, considera que su sentencia millonaria es sencillamente “errónea”.
La jueza no frenó allí. Inmediatamente, profundizó el reproche y dejó en claro que el argumento no le resultaba creíble: “La idea de que la República no tenga acceso a un documento firmado en su nombre suena ridícula”, señaló.
La respuesta de la representación argentina insistió en la línea defensiva. Davidoff explicó que los acuerdos fueron firmados por el BCRA, una entidad que —según argumentó— es independiente y maneja información que no está disponible para la administración central. Enumeró, además, los organismos consultados —Jefatura de Gabinete, Presidencia, Ministerio de Economía y Cancillería— y reiteró que ninguno tenía copia de los documentos.
Preska escuchó, pero no retrocedió. Le indicó a la defensa que avance con un pedido formal al Banco Central y dejó abierta la puerta a una audiencia específica si esa solicitud es rechazada. Lo hizo con otra advertencia explícita: si el planteo persiste, el tribunal tendrá que analizar lo que definió como una “proposición ridícula”.
El intercambio deja una señal inequívoca: en este punto, la jueza no solo expresa fastidio, sino que cuestiona abiertamente la verosimilitud del argumento argentino, elevando el conflicto de un desacuerdo técnico a un problema de credibilidad ante el tribunal.
El cruce por los acuerdos con China no se agotó en el cuestionamiento inicial. Cuando la defensa argentina insistió en que los documentos fueron firmados exclusivamente por el Banco Central y que, por su carácter independiente, no estarían bajo control de “la República”, Preska volvió a intervenir, esta vez con ironía.
Tras escuchar que el BCRA tiene “su propia gobernanza y gestión” y maneja información a la que la administración central no accede, ironizó: “O sea que se fue solo por su cuenta, de paseo y desvío, ¿no?”.
En términos crudos, Preska no está dispuesta a aceptar la idea de que el Estado argentino carezca de acceso a acuerdos de alto nivel vinculados con China que el propio Estado celebró.
La Casa Rosada tiene una mirada distinta. Una fuente relacionada con el juicio asegura el país ya hizo entregas parciales de documentación y ha recuperado el contenido de muchos teléfonos, pero que los demandantes no encuentran la información que buscan para demostrar que YPF o el Banco Central son alter ego del Poder Ejecutivo.
Después del cruce irónico, la discusión escaló un punto más. La defensa argentina insistió en que, aun cuando el Presidente o ministros se reúnan con autoridades chinas para tratar la renovación de swaps y otros entendimientos, eso no implica que la administración central tenga acceso al contenido de los acuerdos firmados por el Banco Central.
Es en ese momento cuando la jueza Preska deja de limitarse a cuestionar el argumento y adhiere abiertamente a la posición de los demandantes. “Coincido totalmente con usted. Puede dejar de repetirlo”, le dijo a uno de sus abogados.
La primera señal clara de fastidio de la jueza Loretta Preska había aparecido mucho antes, al inicio del intercambio, cuando cuestionó el momento en que la defensa argentina presentó un escrito. El fastidio tuvo que ver directamente con la manera en la que la hacían trabajar. Preska marcó el tono con una frase inusualmente dura para una audiencia de discovery. Le reprochó a la defensa haber presentado un escrito a las cinco de la tarde del día anterior. “Si ustedes no pueden presentarlo al menos a la mañana, ¿cómo se supone que yo lo lea?”, dijo. “Le pido disculpas”, respondió Davidoff.
Otro reproche surgió cuando la Argentina insistió en que, aun si se produjera más documentación, no se probaría la teoría de alter ego. Es decir, que el Banco Central e YPF, por caso, son parte del Estado argentino y actuaron como una unidad.
“Ustedes desperdiciaron todo ese tiempo en esa maldita carta [sic] para decirme que esto no va a llevar a nada de todos modos. Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el discovery, y no entiendo por qué están perdiendo tiempo con esto”, reprochó la jueza. Es decir, se fastidió con la intención de la Argentina de cambiar el eje de la discusión.
El tercer momento de tensión apareció cuando la discusión giró hacia los tiempos de la producción de documentos. Tras escuchar explicaciones de la defensa argentina sobre dificultades operativas —agendas de funcionarios, procesos de recolección y revisión—, Preska cortó el diálogo y pasó del reproche a la orden.
“El 10 de enero, pase lo que pase, todos aquellos que hayan dado su consentimiento deberán haber producido la documentación para esa fecha”, puso como límite.
La jueza desechó rápidamente las explicaciones sobre los problemas del país para entregar información. “¿Qué tan difícil es esto?”; “¿por una docena?”; “¿por qué es tan complicado?”, acumuló cuestionamientos.
Preska no discutió los detalles técnicos, pero insistió en el punto central: si el problema afecta solo a un puñado de documentos, debe resolverse sin dilaciones. La jueza dejó así otro mensaje claro a la defensa: las explicaciones técnicas no serán aceptadas si el impacto práctico es reducido y el expediente sigue demorándose.
La relación entre la Argentina y la jueza que lleva el caso de YPF es tensa desde hace tiempo. Preska no solo falló en contra del país, sino que además ordenó, en una etapa posterior del proceso, la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera como parte de una medida de ejecución, decisión que se encuentra apelada.
En paralelo, la defensa busca revertir el fallo de Preska en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el tribunal de segunda instancia. La Argentina confía en que esa instancia revertirá la decisión de la jueza, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones. Es posible que el pleito termine en la Corte Suprema de Estados Unidos.