Las vejaciones que sufren millones de mujeres sometidas a matrimonios forzados en el mundo

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Aislada y sola, Sara dice que se sintió indefensa cuando el marido con el que se vio obligada a casarse en Pakistán se volvió abusivo. Tenía 21 años. “Solía prender un encendedor en mi cara para asustarme y me decía: ‘Te voy a quemar’”, cuenta. Asegura que su comportamiento controlador empeoró cuando la llevaron a Reino Unido y se mudó con los padres de él en 2022.

En lugar de la feliz vida matrimonial que le prometía su familia, su marido la atacó y sus suegros la obligaron a trabajar como esclava. Un matrimonio forzado se produce cuando una o ambas personas no dan su consentimiento y se utiliza presión o abuso para obligarlas a contraerlo.

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo en 2021, el último año del que se tienen cifras, encontró que unos 22 millones de personas eran parte de un matrimonio forzado en el mundo. En América Latina y el Caribe una de cada cinco mujeres se casa o se une antes de los 18 años, de forma más común en uniones informales sin registro oficial que en matrimonios formalizados, según datos de 2023 de Unicef.

Pero las organizaciones subrayan que la verdadera incidencia del matrimonio forzado es probablemente mucho mayor de lo que las estimaciones pueden reflejar. En Reino Unido fue ilegalizado en 2014 como parte de la Ley de Conducta Antisocial, Delincuencia y Vigilancia Policial y puede conllevar una pena de prisión de hasta siete años.

El año pasado, según cifras de la Fiscalía de Inglaterra y Gales, se llevaron a cabo 30 procesos legales por este delito, lo que resultó en 16 condenas. Sin embargo, organizaciones benéficas como Karma Nirvana, que ayuda a mujeres afectadas por matrimonios forzados en este país, afirman que la tasa de procesamiento no refleja la verdadera dimensión del asunto ni el número real de víctimas.

La entidad sin ánimo de lucro, fundada en Derby, Inglaterra, afirma haber recibido 624 llamadas a su línea de ayuda el año pasado, casi el triple de las 229 registradas por la Unidad de Matrimonios Forzados del Ministerio del Interior británico.

Para proteger su identidad, cambiamos el nombre de Sara y no revelamos el lugar en Reino Unido al que fue llevada. Era la primera vez que Sara estaba en el país, del que apenas tenía conocimiento y cuyo idioma no hablaba. Recuerda que familiares y amigos la tranquilizaron diciéndole que disfrutaría de una “vida mejor” y, durante unas semanas, el suyo parecía un buen matrimonio.

“Luego, poco a poco, empezaron las restricciones: ‘No salgas, no hagas esto, no hagas aquello, no trabajes, quédate solo en casa’”, recuerda Sara. Agrega que le dijeron que sería violada o asesinada por británicos si alguna vez abandonaba el hogar conyugal. “Me dijeron que en Reino Unido no podía salir, que si lo hacía sola me violarían. ‘No salgas sola, ni de día ni de noche’, me insistían”, cuenta la mujer.

Sara dice que su situación empeoró cuando su marido se volvió violento

Sara se encontró repentinamente viviendo, a pesar de resistirse, una vida de servidumbre. Asegura que su suegra la obligaba a realizar las tareas domésticas y que no le permitía salir de casa. La describía como “criada” y “sirvienta”, agrega. Su situación empeoró cuando su marido se volvió físicamente violento. “A veces me tiraba cualquier cosa encima, me empujaba. En ocasiones, me pateaba”, cuenta.

La situación se volvió aún más insoportable cuando se dio cuenta de que su marido y su familia habían apagado el wifi de su teléfono. Sin poder contactar con sus amigos y familiares en su país de origen, asustada y sola, dice que se armó de valor para preguntarle a su marido por qué no podía conectar el teléfono al internet inalámbrico.

Las consecuencias fueron devastadoras. Asegura que él, furioso, le arrojó el control remoto del televisor y las llaves, golpeándola en la cara. “Me sujetó del cuello. Me empujó contra la pared. Me golpeó tres o cuatro veces en la cabeza”, afirma. Sintió que se asfixiaba y pensó que iba a morir.

Y también recuerda cómo su suegra, quien lo presenció todo, le insistía en que debió permanecer callada. “Esa noche mi marido durmió cerca de la puerta para que yo no me marchara”, cuenta.

Sara dice que la trataban como a una sirvienta y que se esperaba que hiciera toda la cocina y las tareas domésticas.

Sara recuerda lo aterrada que estaba tras el ataque que, según cuenta, le dejó la cara hinchada. “Así que no sé cómo lo hice, pero a las seis de la mañana, tras pasar toda la noche llorando y dándole vueltas, llamé a la policía”, explica. Cinco minutos después, Sara oyó a los agentes llamar a la puerta.

Recuerda que uno de ellos subió las escaleras y entró en su habitación, encontrándola acurrucada en un rincón. “Cuando llegó y me vio, yo temblaba muchísimo. Tenía frío, el corazón me latía muy rápido y la presión arterial me bajó”, hace memoria.

La policía la sacó de la casa y la llevó a un albergue en Leeds, una ciudad de norte de Inglaterra. Era diciembre de 2022. El marido de Sara fue arrestado, pero ella afirma que no quiso tomar ninguna medida porque le preocupaba la seguridad de su familia en Pakistán. Él no fue acusado de ningún delito.

A Sara le preocupaba que la obligaran a casarse de nuevo si regresa a Pakistán.

Finalmente, en julio del año pasado, Sara se divorció de su marido abusivo. Cuenta que no quiso regresar a Pakistán porque, afirma, las mujeres divorciadas están estigmatizadas allí y le preocupaba que la obligaran a contraer otro matrimonio. “Lo que ocurre con los familiares es que, de una forma u otra, te vuelven a casar”, explica.

Ahora tiene la residencia permanente en Reino Unido, está aprendiendo inglés y reconstruyendo su vida en Derbyshire, en la región central de Inglaterra. Sara insta a quienes participan en matrimonios forzados a que dejen de hacerlo. “Al tener un matrimonio forzado, le estás arruinando la vida a la otra persona”, afirma y dice: “No es que solo la vida de una mujer esté arruinada, la de los hombres también. Primero deberíamos reflexionar sobre ello, verlo, comprenderlo”.

La profesora Helen McCabe forma parte de un equipo que trabaja con el Ministerio del Interior en una herramienta para medir el matrimonio forzado.

Sara es una de las muchas víctimas de matrimonio forzado que viven en Reino Unido. Actualmente, no existen cifras fiables de cuántas personas se ven afectadas. Para cambiar esto, el Ministerio del Interior anunció que pondrá a prueba un estudio de prevalencia que analizará la extensión del matrimonio forzado, como parte de un conjunto de medidas para combatir los abusos por motivos de honor.

El ministerio estuvo trabajando con un equipo de profesores de la Universidad de Nottingham y la Universidad de Birmingham para crear una herramienta de datos que permita llevar a cabo este proceso.

“Recomendamos al gobierno lo necesario que es tener los datos actualizados”, afirma la profesora Helen McCabe, cuyo trabajo en la Universidad de Nottingham se especializa en teoría política.

McCabe afirma que este será el primer estudio de prevalencia de este tipo en Inglaterra y Gales, y podría ayudar a determinar cuántas personas se ven afectadas, si el matrimonio forzado está aumentando y cómo se podrían modificar las políticas para ayudar a reducirlo.

“A menos que sepamos cuántas personas se ven afectadas o tengamos datos de referencia sobre cuántas personas están involucradas, no podemos determinar si la policía, la Fiscalía de Inglaterra y Gales o cualquier otra entidad deberían cambiar sus prácticas”, concluye la profesora McCabe.

El Ministerio del Interior planea ampliar el estudio de viabilidad realizado por las universidades para probar y desarrollar la herramienta que mide el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina. Se espera que concluya en marzo y su objetivo es ayudar al gobierno a comprender la magnitud del problema e identificar los recursos necesarios.

En un comunicado, Jess Phillips, ministra de Protección y Violencia contra las Mujeres y las Niñas, declaró: “Este gobierno está introduciendo cambios en las leyes y otras medidas para abordar esta forma debilitante de abuso y para establecer una dirección clara para el personal de primera línea: deben tratar estos delitos con la seriedad que merecen”. “Mi mensaje a quienes cometen estos delitos es simple: los llevaremos ante la justicia”, cierra.

Por Natasha Turney