WASHINGTON.- En la estación de metro de Anacostia, un barrio en el sur de Washington a solo ocho minutos en subte del National Mall y conocido por sufrir altas tasas de homicidios similares a las de Ciudad Juárez, en México, apenas un par de efectivos del Departamento de Policía de Tránsito Metropolitano vigilan los andenes. “Nunca tuvimos presencia aquí de miembros de la Guardia Nacional”, señala uno de ellos a LA NACION, a dos semanas del anuncio del presidente Donald Trump que ha modificado el paisaje urbano de la capital norteamericana… o al menos en parte de ella.
“¿Acaso en el último tiempo usted ha visto muchos crímenes en el National Mall?“, pregunta, irónico, Corey Ross, empleado en un negocio inmobiliario en Anacostia, considerado por los locales como una de las zonas más peligrosas de Washington por los índices de homicidios (72 cada 100.000 habitantes, contra 27 del promedio de la capital), robos e incidentes violentos.
“Creo que el despliegue ordenado por Trump es una buena idea, pero no logró mucho por ahora. Me gustaría ver acá a los efectivos de la Guardia Nacional. Que vengan a donde están los problemas serios», dice Ross a LA NACION, y remarca “el tráfico de drogas y actividades ilícitas” que se producen a diario a pocas cuadras. “Es una zona muy peligrosa”, insiste, y recomienda evitar ir.
Mientras Trump se jacta de que el despliegue de 2200 miembros de la Guardia Nacional —activo desde el 11 de agosto— y la toma del control del Departamento de Policía del Distrito de Columbia para enfrentar “el aumento de la violencia en la capital” cumplieron su cometido, una nueva medida profundizó este fin de semana la intervención federal en la seguridad local.
Desde anoche, miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington empezaron a portar armas de fuego, tras recibir la autorización del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Antes desarmados, los efectivos ya empezaron a hacer patrullajes con pistolas M17 o fusiles M4, solo para misiones especificas, según detallaron funcionarios. Las armas solo podrán utilizarse “como último recurso” y en circunstancias de peligro extremo.
La decisión se produjo mientras Trump evalúa extender este despliegue a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Baltimore, en el vecino estado de Maryland; Chicago e, incluso, Nueva York, en el contexto de lo que el mandatario cataloga como una ofensiva federal contra el crimen y la indigencia.
En las calles de Washington, las sensaciones son ambiguas con la estrategia de la Casa Blanca, que ha generado resistencias en la administración demócrata de la capital, gobernada por la alcaldesa Muriel Bowser.
“Lo veo más como un show del presidente. Uno más. Acá siempre fue seguro transitar y no veo necesario este despliegue”, critica el contador Jude Phillips, antes de abordar un tren a Nueva York en la Union Station, el principal nodo del transporte público de la capital.
Allí el despliegue de la Guardia Nacional es palpable, con decenas de agentes caminando por la estación y en posiciones en altura para tener mejor visual sobre el intenso movimiento de pasajeros. Durante varios días también se apostaron tanquetas militares en la entrada principal a la terminal, donde el propio vicepresidente JD Vance recibió abucheos y aplausos el miércoles pasado, en un almuerzo en un local de comida rápida con el que agradeció la tarea de los miembros de la Guardia Nacional.
“Tan solo en los últimos nueve días, hemos visto una reducción del 35% en los delitos violentos y una reducción del 50% en los robos gracias al liderazgo del presidente”, enumeró Vance.
“¡Vergüenza!“, ”¡Esta es nuestra ciudad!“ y “¡Queremos que los militares salgan de nuestras calles!“, corearon algunos manifestantes ante la llegada de Vance, acompañado por Hegseth y Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete y uno de los asesores claves en temas de seguridad nacional.
“Por primera vez en sus vidas, [los habitantes de Washington] pueden usar los parques y caminar por las calles. Hay gente que puede caminar libremente de noche sin preocuparse por ser asaltada o robada. Vuelven a usar sus relojes, sus joyas”, dijo Miller este lunes, al defender la medida presidencial, en una comparecencia en la Casa Blanca junto a Trump.
En un recorrido por la capital, LA NACION pudo ver el despliegue de la Guardia Nacional en varias zonas céntricas, como Penn Quarter, el National Mall, Union Station, el Waterfront, Mount Vernon, Dupont Circle, Logan Circle y Navy Yard, donde el sábado se multiplicó la presencia de efectivos por dos eventos deportivos.
“Que hay problemas de delitos y crímenes en Washington es cierto. Pero [Trump] debería enviar a la Guardia Nacional a donde realmente es necesario, en el este y en el sur“, donde se localiza Anacostia, dice Elizabeth Long, de 36 años, mientras se dirigía a su trabajo cerca de la sede del FBI, en pleno downtown.
Aunque Trump ha justificado su intervención en que la delincuencia está “fuera de control” en la capital de Estados Unidos, según las cifras publicadas por la Policía Metropolitana de Washington (MPDC, por sus siglas en inglés), los delitos violentos cayeron tras alcanzar su punto máximo en 2023, y en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en 30 años. Y de acuerdo a los datos preliminares para 2025, continúan a la baja.
Los delitos violentos en general descendieron cerca de 26% este año en comparación con el mismo momento de 2024, y los robos, 28%, según los registros del MPDC. Trump ha cuestionado la veracidad de esas cifras de criminalidad, y sus oponentes políticos sostienen que, en realidad, la medida es una forma de desafiar a una ciudad de amplia mayoría demócrata, que siempre ha sido terreno hostil para el magnate republicano.
El despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Washington muestra pocos indicios de mejora en la seguridad en Anacostia, y la disminución de los índices de criminalidad en toda la ciudad no se nota en esta parte del sur de la ciudad, según los vecinos. Unas 55.000 personas -más del 90% afroamericanas- viven en ese barrio de la capital, que pertenece al Distrito 8, uno de los ocho centros administrativos de Washington.
“¿Las estadísticas generales muestran mejoras en Washington? Me río de eso. Yo sigo sin sentirme seguro cuando voy al trabajo o hacer las compras, y sigo sin ver la presencia de la Guardia Nacional en este barrio. ¿Por qué no los mandan acá?“, dice a LA NACION el comerciante Kairo Jones, ante un mural del activista por los derechos civiles Martin Luther King.
“Se concentran en estaciones de subte con más movimiento, por eso se nota su presencia en Union Station. Pero sería bueno que también miraran a esta parte de la ciudad, ¿no?”, acotó a LA NACON un empleado de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (Wmata, por sus siglas en inglés), que prefirió resguardar su identidad.
La tendencia a la baja en el nivel de criminalidad en Washington es “inequívoca y considerable”, explicó Adam Gelb, director ejecutivo del Consejo de Justicia Penal (CCJ), un think-tank de expertos en materia jurídica. “Las cifras varían en función del tipo de delito que se examine, pero, en general, se observa una disminución de la violencia desde mediados de 2023, cuando se registraron picos en los homicidios, los asaltos con armas de fuego, los robos y los secuestros de vehículos”, señaló.
En 2023, la tasa de homicidios sí se había disparado hasta situarse en torno a los 40 por cada 100.000 habitantes, la más alta de los últimos 20 años, según datos del FBI. Luego empezó el descenso, hasta situarse ahora en 27.
La advertencia de Trump de que podría expandir los despliegues militares a ciudades bajo control demócrata surgió en medio de un cruce con el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien lo había invitado a recorrer Baltimore y debatir sobre seguridad pública.
Trump rechazó la propuesta y sugirió que podría enviar tropas a esa ciudad, replicando la estrategia aplicada en Washington. Además, usó su red Truth Social para criticar con dureza a Moore, a quien acusó de manipular estadísticas.
El presidente reiteró que Chicago y Nueva York figuran entre sus próximos objetivos para desplegar la Guardia Nacional, lo que ya generó resistencia de las autoridades locales. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, advirtió que no existe ninguna emergencia que justifique militarizar su estado y acusó al presidente de fabricar una crisis con fines políticos.
En la misma línea, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció que acudiría a la Justicia para bloquear lo que calificó como una posible “ocupación militar”, mientras en Nueva York hubo líderes demócratas que denunciaron un trasfondo racial en la iniciativa, señalada por el reverendo Al Sharpton como una maniobra “impregnada de intolerancia y racismo”.
Trump le respondió este lunes a Johnson y defendió su estrategia en Washington, al asegurar que el despliegue militar en las calles ya muestra resultados.
“El incompetente alcalde de Chicago acaba de declarar que en Washington, donde la delincuencia se redujo prácticamente a cero, no hubo asesinatos en nueve días, algo que no ocurría en años, y la gente está de nuevo a salvo, solo nueve personas han sido arrestadas. Eso es falso: cientos de delincuentes han sido detenidos, capturados y arrestados, y se les confiscaron sus armas. ¡DC es seguro y está en auge!“, escribió el presidente en Truth Social, al volver a usar el argumento de la supuesta eficacia en la capital para justificar un eventual despliegue en otras ciudades.
El Pentágono ha señalado que la misión de la Guardia Nacional en Washington se centra en ser un elemento disuasorio visible. El personal apoyará a las fuerzas del orden y podrá detener temporalmente a un sospechoso hasta que llegue la policía, según explicaron las autoridades. Pero, en virtud de las órdenes federales del Título 32, que es la autoridad que Trump usó para activarlos, podrían llevar a cabo tareas policiales si se les solicita. Una ley federal conocida como la Ley Posse Comitatus prohíbe a las tropas estadounidenses llevar a cabo acciones policiales civiles.