WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el miércoles un decreto que prohíbe el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y argumentó que la medida es necesaria para protegerse contra “terroristas extranjeros” y otras amenazas que atentan contra la seguridad nacional.
La prohibición, que comenzará a regir el lunes 9 de junio, ya generó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que señalan su impacto desproporcionado sobre países africanos y de mayoría musulmana, así como su oportunismo al implementarse tras el ataque ocurrido el domingo en Boulder, Colorado.
La medida recuerda a la restricción de viajes impuesta por Trump en 2017, que fue modificada en dos ocasiones antes de que la Corte Suprema respaldara una tercera versión en 2018. Algunos especialistas en derecho anticipan que las nuevas restricciones también podrían ser objeto de desafíos judiciales.
La proclamación establece prohibiciones totales y parciales de ingreso a Estados Unidos para ciudadanos extranjeros de determinados países que se encuentren fuera del país el 9 de junio y no cuenten con una visa válida en esa fecha. Los países con una prohibición total de entrada —que impide el ingreso tanto de inmigrantes como de visitantes, salvo algunas excepciones— son: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
En el caso de Afganistán, el documento señala que los talibanes, que actualmente gobiernan el país, están designados como un grupo terrorista global. Irónicamente, esta medida se anuncia poco después de que el gobierno de Trump reconociera una mejora en la situación afgana al poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de ese país en Estados Unidos.
La proclamación califica a Irán como un patrocinador del terrorismo, acusándolo de apoyar a grupos como Hamas y Hezbollah, de no cooperar en asuntos de seguridad y de rechazar la repatriación de sus ciudadanos deportados. Esta medida se enmarca en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas por las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
El documento también menciona que, bajo la administración Biden, cientos de miles de inmigrantes haitianos indocumentados llegaron a Estados Unidos. Trump advierte sobre los riesgos asociados, como la formación de “redes criminales” y el aumento de personas que permanecen en el país tras expirar sus visas.
Sobre Somalia, el comunicado destaca que el país se diferencia de otros por la falta de control efectivo de su gobierno sobre el territorio. Ante esta situación y las amenazas de grupos islamistas armados, el gobierno somalí se comprometió a dialogar para atender las preocupaciones planteadas por Trump.
De manera similar, Yemen es señalado por no ejercer un control efectivo sobre su territorio, donde Estados Unidos realiza operaciones militares activas.
Por otro lado, Myanmar, Chad, República del Congo y Guinea Ecuatorial son acusados principalmente de tener tasas relativamente altas de personas que permanecen en Estados Unidos más tiempo del permitido por sus visas. Eritrea y Sudán también enfrentan prohibiciones por esta razón, además de no proporcionar al Departamento de Seguridad Nacional la información solicitada sobre los antecedentes penales de sus ciudadanos.
Las prohibiciones parciales aplican únicamente a ciertas categorías de visas temporales, como las de estudio, negocios, turismo o programas de intercambio, incluyendo las visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J. Esta restricción afecta a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Irán, Turkmenistán y Venezuela.
Se reiteran las denuncias sobre estancias prolongadas más allá del vencimiento de las visas y la falta de cooperación en los procesos de deportación.
En el caso de Venezuela, se acusa al país de no contar con una autoridad central competente o colaboradora para la emisión de pasaportes. Por su parte, Cuba está catalogada como un “Estado patrocinador del terrorismo” y se le imputa una supuesta negativa a aceptar a deportados, además de registrar casos de permanencia irregular tras el vencimiento de visas.
Las excepciones a la prohibición de viajar incluyen a los residentes permanentes legales de Estados Unidos, personas con doble nacionalidad, diplomáticos que ingresen con visas de no inmigrante válidas, así como atletas o integrantes de equipos deportivos —y sus familiares directos— que participen en eventos de gran magnitud como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos.
También están exentos quienes soliciten visas de inmigrante por lazos familiares inmediatos, adopciones, o visas especiales otorgadas a inmigrantes afganos, empleados del gobierno estadounidense, y miembros de minorías étnicas o religiosas perseguidas en Irán.
Cuando Trump impuso su primera prohibición de viajes en 2017, provocó caos en los aeropuertos y múltiples desafíos legales, hasta que la Corte Suprema validó una tercera versión en 2018 que incluía a ocho países, entre ellos Siria, Irán y Venezuela (aunque Chad fue luego excluido).
Ahora, con el respaldo de ese fallo, expertos creen que será más difícil impugnar la nueva medida, que Trump ya había anticipado en enero al ordenar identificar países con fallas en sus sistemas de control migratorio.
Esta vez, la prohibición excluye a Siria y Corea del Norte, suaviza las restricciones para Venezuela y suma nuevas prohibiciones totales para otros países. Aunque incluye excepciones, desde el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas advierten que la medida sigue siendo innecesaria, desproporcionada y motivada ideológicamente.
Tanto funcionarios como organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los refugiados condenaron la medida anunciada por el presidente estadounidense.
Desde Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó de “gran riesgo” viajar a Estados Unidos y afirmó que quienes lo hacen son “tontos”. “Quienes gobiernan en Estados Unidos son gente mala; es el fascismo, el supremacismo, los que se creen dueños del mundo y persiguen a nuestro pueblo y a nuestra gente sin ninguna razón”, dijo el miércoles por la noche.
El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby, anunció que ha solicitado al gobierno la suspensión de visados a ciudadanos estadounidenses. “He ordenado al Gobierno que actúe conforme a los principios de reciprocidad y suspenda la concesión de visados a ciudadanos de Estados Unidos. Chad no tiene aviones que ofrecer ni miles de millones de dólares que dar, pero sí tiene dignidad y orgullo”, declaró a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.
La Comisión de la Unión Africana instó a la administración Trump a reconsiderar la decisión, apelando a que el derecho soberano de proteger sus fronteras y garantizar la seguridad nacional se ejerza “de manera equilibrada, basada en evidencia y que refleje la larga asociación entre Estados Unidos y África”.
En un tono más contundente, organizaciones humanitarias y grupos de reasentamiento de refugiados advirtieron que la medida no se basa en criterios de seguridad. “Esta política no busca proteger a nadie. Está diseñada para sembrar división y demonizar a comunidades que solo buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”, afirmó Abby Maxman, presidenta de Oxfam América.
Agencias AP y Reuters y diario The Washington Post
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