Ese día no usaba chaleco antibalas. ¿Para qué? Es cierto que solía salir protegido, pero era una fiesta popular, una alegría colectiva con la gente de su pueblo. Y sin embargo fue ahí, durante la tradicional celebración del Día de Muertos, donde los sicarios se entremezclaron con los vecinos festivos y lo acribillaron abiertamente.
La tragedia sucedió el 1 de noviembre en el estado mexicano de Michoacán, cuando el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue víctima de los narcos como tantos otros jefes comunales. Porque ser alcalde de una ciudad mexicana significa estar en la primera línea de fuego, y hace de ese puesto uno de los oficios más peligrosos del mundo, carne de cañón de los narcos.
Las estadísticas están teñidas de rojo. En los últimos nueve años mataron a 106 alcaldes en México, bajo distintos gobiernos y distintas políticas de seguridad. Diez de esas muertes se dieron en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024.
Los números conspiran repetidamente contra las autoridades locales, como lo ratifican otras mediciones. La consultora Integralia registró 112 políticos asesinados en el primer semestre del año a todo nivel, entre 200 casos de violencia política que incluyen amenazas, atentados, secuestros y desapariciones. El hilo se corta por lo más delgado: el 79% de todos los casos se dieron a nivel municipal.
Ya presentarse a elecciones implica un riesgo. “A lo largo de casi dos décadas, el crimen organizado ha diversificado e intensificado sus estrategias para incidir en la política local mexicana. Elección tras elección, observamos un número creciente de ataques directos a personas que se desempeñan en el ámbito de la política por parte de grupos de la delincuencia organizada”, dice el sitio web de Votar entre balas, un monitoreo de la violencia realizado por organizaciones civiles.
A nivel internacional, el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) sitúa a México como el país más peligroso del mundo para alcaldes y funcionarios locales, con 324 eventos violentos durante 2024. La cifra representa un aumento del 29% con respecto al año anterior.
El crimen organizado precisa hacerse del poder local para la expansión de sus negocios. Y se abre camino removiendo los obstáculos que se presenten, matando de ser necesario, y lograr lo que entiende a su manera turbia como libre empresa y libre comercio, esto es, libre de alcaldes.
“El asesinato del alcalde Manzo, expone un patrón estructural, la captura progresiva de los gobiernos locales por el crimen organizado. Manzo intentó revertir ese orden, destituyó a treinta policías municipales con vínculos con el crimen organizado y rompió los pactos que sostenían la convivencia entre autoridades y criminales”, dijo la consultora de seguridad ciudadana Lorena Cortés en una columna del diario local La Voz de Michoacán.
Varios cárteles operan en la zona donde mataron a Manzo, tierra fértil para el florecimiento mafioso. Irónicamente, la zona donde fue muerto se la conoce como Tierra Caliente, nunca mejor el nombre. Un listado sumario de los grupos violentos que se mueven ahí incluye el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Acahuato, el Cártel de Tepalcatepec y Los Caballeros Templarios.
Los nombres son tan variados e imaginativos como sus negocios. Porque los narcos son mucho más que narcos. Son verdaderos holdings. “Hay que entender que el narco mexicano no solo se dedica a las drogas, sino que se dedica al tráfico de personas, se dedica a la extorsión, se dedica al lavado de dinero, se dedica a la minería ilegal, a la tala ilegal, o sea, realmente son muchísimas empresas que están operando y funcionando, y todas necesitan operar de manera ilícita y necesitan territorios”, dijo a LA NACION el periodista político Marcos Vizcarra, editor de la revista de interés ciudadano El Espejo.
Vizcarra es de Sinaloa, un estado golpeado por el narcotráfico desde hace décadas, y desde ahí ha seguido de cerca temas de violencia política y derechos humanos. Entre los protagonistas del crimen sinaloense estaba Joaquín “Chapo” Guzmán, uno de los narcos más poderosos de América Latina, cuyo nombre solo rivaliza en el imaginario popular del crimen con el del colombiano Pablo Escobar.
Dos localidades de Sinaloa, San Ignacio y Concordia, le sirven para comenzar a explicar el dominio mafioso. “Esos dos municipios son de los más pobres de Sinaloa, con una población muy pequeña. Pero además cada uno de esos dos municipios no tiene más de 15 policías. Son solo 15 policías para controlar todo el territorio. Cualquier comisaría cerca de tu casa debe tener más”, señaló.
Como los grupos criminales quieren ganar con lo que venga, siempre que reporte dólares, ¿por qué solo traficar con fentanilo, cuando también pueden, por ejemplo, extorsionar a los agricultores? Pueden apretar a los productores de limones, ya que están, como lo atestigua el asesinato en Michoacán del empresario y productor Bernardo Bravo.
Bravo presidía la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y desde ahí denunciaba la inseguridad que vivían los productores ante la presencia de una red de extorsión. Semanas antes de su muerte el 20 de octubre pasado, Bravo denunció que estaban “permanentemente secuestrados” por las cuotas que les exige el crimen organizado por su cosecha.
Algunos de estos grupos asesinos empezaron con otra cosa, con otro negocio sucio, y luego se volcaron al narcotráfico. Como el Cártel de Tepalcatepec, llamado así por el municipio del mismo nombre. Esta organización, que empezó como un grupo de autodefensa, ahora se dedica a la distribución de drogas y estaría detrás del asesinato de la alcaldesa Martha Laura Mendoza, en junio pasado, otra víctima de la avanzada criminal sobre los vapuleados ayuntamientos.
Otros territorios tienen sus mafias, pero el lenguaje de la violencia es el mismo. Y también la manera en que pretenden dominar los poderes locales para manejarse a su aire. Vizcarra señaló que el control del poder público en los municipios, sobre todo los más vulnerables, se revela en tres niveles: los sobornos, la imposición de alcaldes afines, y finalmente el temor, incluyendo desde luego sacarse de encima a los alcaldes más díscolos.
“La democracia empieza desde el municipio, desde la alcaldía. Es el primer contacto ciudadano que hay con el gobierno. Lamentablemente, en todo México la parte de la cadena más débil son los ayuntamientos. Y normalmente se ha vuelto muy clásico el tema de provocar miedo, desplazar pueblos, asesinar gente, desaparecer a personas y generar caos como lo que pasó con Carlos Manzo”, subrayó.
Abatir a los narcos, su violencia y sus negocios es una aspiración a largo plazo. ¿Pero cuánto podrán esperar los alcaldes, que viven cada día como si fuera el último? Desde la muerte de Manzo abundan los llamados a reforzar la institucionalidad, con más policías y más presencia del Estado. Sobre todo, a no dejarlos librados a su suerte, a merced de los fusiles y las pistolas de los sicarios.
“Es despreciable ver a la clase política profesional empezar a repartir culpas para evadir su responsabilidad cuando ocurren hechos de violencia como los que hemos visto en Michoacán”, dijo el columnista político Rubén Martín en El Informador. “Ya sea por omisión, por incapacidad o por corrupción todos los partidos son responsables, toda la clase política mexicana tiene culpa de la situación de violencia y de virtual guerra informal que vivimos en el país».