MADRID.- La presión judicial sobre el entorno más cercano de Pedro Sánchez se intensificó esta semana en España. Un juez cerró la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y propuso que sea juzgada por un jurado popular bajo la acusación de malversación de fondos. Paralelamente, un tribunal confirmó que David Sánchez, hermano del líder socialista, será llevado a juicio por tráfico de influencias. Ambos procesos se producen en medio de otras causas abiertas contra colaboradores del oficialismo y profundizan la ofensiva política de la oposición, que exige la dimisión del jefe del Ejecutivo.
La decisión sobre Gómez fue adoptada por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien considera que existen “indicios sólidos” de que una funcionaria de la Presidencia trabajó en actividades privadas de la esposa de Sánchez. Según el auto judicial, Cristina Álvarez, contratada como personal de confianza en La Moncloa, habría dedicado parte de su labor a gestionar cuestiones vinculadas a Gómez, lo que podría constituir un desvío de recursos públicos.
Junto a Gómez y Álvarez, también está implicado Francisco Martín Aguirre, exfuncionario de Presidencia y actual delegado del Gobierno en Madrid, acusado de haber participado en la contratación que permitió la supuesta malversación. Los tres fueron citados el sábado para recibir la notificación formal del cierre de la instrucción. Aunque la resolución todavía puede ser recurrida, Peinado ya recomendó que el caso sea elevado a juicio con jurado popular.
En su declaración del 10 de septiembre, Gómez negó haber cometido irregularidades. Reconoció que en ocasiones solicitó a Álvarez que le enviara algún mensaje puntual, pero rechazó que hubiera contado con su apoyo en gestiones privadas. “Nunca me ayudó en mis actividades profesionales”, aseguró entonces.
La causa contra la esposa del presidente se originó en abril de 2024 a partir de denuncias impulsadas por asociaciones vinculadas a la extrema derecha, entre ellas el colectivo Manos Limpias. Ese mismo proceso llevó a Sánchez a barajar la posibilidad de dimitir, en medio de un clima político enrarecido y de acusaciones cruzadas entre el Gobierno y sectores de la justicia. Finalmente, el mandatario socialista decidió continuar en el cargo, aunque denunció la existencia de una campaña política y mediática en su contra.
El frente judicial, sin embargo, no se limita a su esposa. Este martes, otro tribunal ordenó enviar a juicio a David Sánchez, hermano menor del presidente, por presunto tráfico de influencias. El caso se remonta a 2017, cuando el Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el Partido Socialista, lo contrató como coordinador de las escuelas municipales de música. La acusación sostiene que el puesto fue diseñado a su medida gracias a las conexiones políticas de su hermano, que en ese momento ya lideraba el PSOE a nivel nacional.
Aunque la Fiscalía había solicitado archivar la causa por falta de pruebas, el juez decidió mantenerla abierta y aceptar la acusación popular ejercida por Manos Limpias, que reclama una condena de tres años de cárcel. La organización, dirigida por el abogado y excandidato de extrema derecha Miguel Bernad, se convirtió en la principal impulsora de las denuncias que rodean al círculo íntimo de Sánchez.
David Sánchez defendió su inocencia y calificó las acusaciones de fabricadas. El propio presidente también salió en su defensa, insistiendo en que se trata de una persecución política contra su familia. “Estas causas parten de denuncias falsas y responden a intereses espurios”, afirmó.
Los problemas judiciales afectan también a antiguos colaboradores de Sánchez. Su ex número tres en el PSOE, Santos Cerdán, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, están bajo investigación por supuestamente recibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Además, el fiscal general del Estado, nombrado por el propio Gobierno, enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La oposición no tardó en aprovechar las noticias. “A este paso, el sanchismo va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya”, escribió en la red X Miguel Tellado, secretario general del conservador Partido Popular (PP). Desde hace meses, la principal fuerza opositora reclama la renuncia del presidente por lo que considera una sucesión de escándalos que comprometen la credibilidad institucional.
El gobierno, por su parte, se ha limitado a expresar confianza en la justicia. La vocera oficial, Pilar Alegría, aseguró el martes que mantiene el “máximo respeto” por las decisiones judiciales y confió en que “la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio”.
Con las causas en curso y un clima político polarizado, la batalla judicial se ha convertido en un frente abierto que amenaza con debilitar aún más al Ejecutivo. Para Pedro Sánchez, cada paso en los tribunales de su esposa y de su hermano no solo implica un desafío personal, sino también una creciente presión sobre su liderazgo político.
Agencias AFP y Reuters y diario El País