Luego de que días atrás se conociera que la corredora rosarina de granos Grassi SA mantiene conversaciones preliminares con Cargill, una de las mayores agroexportadoras del mundo, para alcanzar un acuerdo de carácter comercial si su propuesta de control de la cerealera concursada resultara adjudicataria en la Justicia, los Acreedores Granarios de Vicentin destacaron “con orgullo” los avances de esta “salida inédita en la historia concursal argentina”.
En un comunicado recordaron que en junio de 2020, más de 70 empresas del sector productivo conformaron este fideicomiso y desde ese entonces han “transitado un largo y complejo camino”.
“Han sido casi seis años de lucha constante en busca de una solución justa y sustentable para todos los acreedores de Vicentin. Hoy, podemos afirmar con satisfacción que se ha abierto el camino que mejor resguarda los intereses de quienes confiamos y aportamos al crecimiento del sector agroindustrial argentino», enfatizaron.
Fue el 10 de septiembre pasado que Cargill Argentina confirmó a LA NACION avances en las negociaciones preliminares con la corredora de granos “con el objetivo de explorar un posible acuerdo comercial enfocado en actividades de molienda y comercialización de subproductos”.
”Estas conversaciones son estrictamente comerciales y no implican ningún tipo de asociación, sociedad ni participación accionaria entre las partes”, aclararon.
Así, el fideicomiso dijo hoy que “el proceso de cramdown entra en su etapa final, pese de las reiteradas declaraciones de algunos actores que priorizaron sus propios intereses por encima de los acreedores y de la compañía, intentando imponer una salida contraria a la continuidad de la empresa y a la preservación del empleo».
Desde el inicio, Grassi llevó adelante una batalla judicial contra Vicentin, que tras múltiples idas y vueltas había logrado cerrar un acuerdo con acreedores para intentar salir de su concurso de acreedores. Sin embargo, Grassi, a través de Commodities SA, se mantuvo en desacuerdo con algunos puntos y decidió continuar la disputa en los tribunales.
El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que finalmente rechazó homologar el concurso de acreedores. Esa decisión habilitó la apertura del cramdown, un mecanismo que permite que un tercero presente una oferta y, eventualmente, se quede con el control de la compañía.
En efecto, la corredora rosarina es uno de los grupos habilitados por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, para competir en el cramdown. Los otros son Bunge Argentina, la Unión Agrícola de Avellaneda y la sociedad conformada por Louis Dreyfus Company (LDC) y Molinos Agro, del grupo Pérez Companc. Cada uno de los oferentes depositó 1100 millones de pesos como garantía para seguir en carrera, de los cuales el 25% se destinó a gastos judiciales y el 75% será reintegrado a quienes no resulten adjudicatarios.
“Hoy, son cuatro los grupos oferentes que competirán de manera transparente por el apoyo de los acreedores. Esta instancia confirma lo que siempre sostuvimos: existía un futuro posible y valía la pena apostar por la continuidad de la empresa, en beneficio de los acreedores, de sus trabajadores y de toda la cadena agroexportadora argentina», remarcaron en el comunicado.
“Han sido casi seis años de esfuerzo, gestiones y perseverancia. Hoy, podemos decir que valió la pena. Estamos convencidos de que este paso marca una diferencia sustancial: por primera vez en la historia de los procesos concursales en la Argentina, los acreedores granarios tenemos la oportunidad de construir un desenlace distinto, sin desguaces ni maniobras que solo beneficien a unos pocos, sino con un horizonte que priorice el interés colectivo y el futuro del país», precisó.
En este contexto, el Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin destacó “con orgullo” que respaldará y acompañará la propuesta en cuya elaboración participó activamente. La iniciativa que impulsará Grassi SA, remarcaron, demuestra un compromiso real por mantener en marcha la compañía, resguardar las fuentes de trabajo y garantizar la recuperación total de la deuda acumulada desde 2019, bajo condiciones “justas y transparentes”.