Fue un respiro para el Gobierno en una semana caliente. La Justicia norteamericana rechazó el pedido de los demandantes en el caso “Cupón PBI” -por la manipulación de las estadísticas del Indec, más precisamente el dato del PBI- de revisar su decisión previa audiencia. De esta manera, se ratificó un fallo previo que evitaba el pago de US$500 millones reclamados por los fondos en el “caso Aurelius”.
“La Procuración del Tesoro de la Nación informa que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, en el caso Aurelius (sobre ‘Cupón PBI’), rechazó el pedido de los demandantes de revisar su decisión previa audiencia ante el panel que dictó la sentencia o ante el Tribunal en pleno”, indicó la Procuración.
De esta manera, el Tribunal reafirmó su decisión del 16 de julio, en el cual rechazó la apelación de los demandantes y confirmó la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska.
En dicha sentencia se falló a favor de la República Argentina al determinar que los demandantes no habían cumplido con la cláusula de “No Acción” prevista en los contratos.
“La resolución constituye la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente US$500 millones”, indicaron.
El 16 de julio pasado, la Cámara de Apelaciones de Nueva York había fallado a favor de la Argentina y confirmado la desestimación de una demanda presentada por fondos que reclamaban un supuesto incumplimiento en el pago de bonos atados al PBI.
El tribunal ratificó entonces el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, la misma que condujo el juicio por la expropiación de YPF (donde falló en contra del país).
Preska ya había rechazado la demanda al considerar que los demandantes -encabezados por el fondo Aurelius- no habían cumplido con los requisitos contractuales necesarios para iniciar el reclamo vinculado a los cupones PBI.
El cupón atado al PBI fue creado como incentivo para lograr una mayor adhesión al canje de deuda de 2005, liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay.
Este instrumento preveía el pago de intereses a los bonistas si la economía argentina crecía más de un 3% anual, hasta 2035. Sin embargo, el país no realiza pagos desde 2011, cuando dejó de registrar ese nivel de crecimiento. La demanda se centró en el cambio de la base de cálculo del PBI realizado en 2014, bajo la gestión del entonces ministro Axel Kicillof.
La metodología previa, basada en datos de 1993, se consideraba desactualizada, por lo que fue reemplazada por una nueva estructura que tomó como año base 2004. Ese ajuste provocó que la estimación de crecimiento del PBI de 2013 fuera menor a la que arrojaba la base anterior, lo que desencadenó los reclamos judiciales de los inversores.
Con la nueva base, el Indec informó que la economía creció menos del 3,22% ese año, mientras que bajo la metodología anterior el crecimiento había sido del 4,9%. En consecuencia, el gobierno de Cristina Kirchner evitó pagar más de US$3600 millones en intereses.