El presidente Javier Milei oficializó hoy su veto a las leyes que proponían el aumento a las jubilaciones, la prórroga a la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El Gobierno prioriza su objetivo de mantener el superávit, al calificar estas iniciativas como “irresponsables” por su impacto fiscal.
Los números sobre las cuentas públicas divergen, según las diferentes fuentes. De acuerdo con el Gobierno, aplicar estas tres iniciativas implicaban “un gasto adicional para este año de más de $7 billones y cerca de $17 billones para 2026”. Así lo indicó un comunicado oficial de Presidencia, que marcó que eran cifras equivalentes a un 0,9% del PBI en 2025 y del 1,68% del PBI en 2026. Ese documento no detalla el origen de esas estimaciones o la discriminación entre cada una de las iniciativas.
Existen otros organismos públicos que también analizaron los efectos fiscales de estas iniciativas, con estimaciones que difieren de las planteadas por el Ejecutivo. Es el caso de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estudió independientemente cada uno de los proyectos.
En su evaluación sobre la iniciativa de ajuste de los haberes previsionales, que propone aumentar un 7,2% las jubilaciones (por efecto de la inflación no contemplada en enero de 2024) y llevar el bono discrecional de $70.000 a $110.000 (para actualizar el monto por la inflación), estiman que el costo fiscal para 2025 será del 0,32% del PBI (0,2% de aumento de jubilaciones y 0,12% por el bono).
Estos montos surgen de la aplicación para lo que resta del año. Si se anualiza la aplicación de estas iniciativas, el costo estimado por la OPC de 0,78% del PBI por año (0,41% por los ajustes y 0,38% por el bono).
En cuanto a las fuentes de financiamiento, el organismo indica que los recursos incluidos en la ley aprobada para cubrir el costo de los gastos adicionales (eliminación de exenciones impositivas, reducir el presupuesto de la SIDE, entre otros) representa un 0,39% del PBI y no llega a igualar el incremento en el gasto.
Por otra parte, la OPC calcula que el costo fiscal de la extensión de las moratorias previsionales tendría “un costo fiscal de 0,094% en el primer año y del 0,097% en el segundo año, totalizando entre ambos un 0,191% del PBI”.
Los analistas llegan a esta conclusión por estimar que, en un plazo de dos años, el universo de personas que podrían darse de alta en este esquema serían 226.267 en el primer año y 235.831 en el segundo (462.198 en el período completo de vigencia de este esquema).
También se estimó en alrededor de 0,2% del PBI anual la ampliación del universo de beneficiarios de la PUAM (pensión universal para el adulto mayor). A su vez, si no se aplicara el aumento de los haberes previsionales y se mantuviera el bono discrecional en $70.000, ese costo fiscal sería de 0,18% anual.
En el caso de la ley de emergencia nacional en Discapacidad, el conjunto de las iniciativas incluidas en esta ley, que habilitaba nuevas altas en pensiones (ajustadas un 7,2% adicionales por los cambios en la movilidad más el bono), además de incentivos para empleadores, podría tener un impacto variable de entre 0,28% y del 0,51% del PBI.
En OPC plantean también que si se habilitara solamente la emergencia en Discapacidad sin aplicar (por los vetos) los ajustes en la movilidad jubilatoria y los bonos, el impacto sería de entre 0,26% y del 0,46% del PBI.
La consultora Empiria, dirigida por el exministro de Economía Hernán Lacunza, realizó sus propias estimaciones. Según estos cálculos, el impacto durante 2025 de los proyectos sobre las jubilaciones es del un 0,5% del PBI (1,2% anualizado), mientras que la moratoria implica un costo fiscal del 0,2% en 2025 (y 0,5% en 2026). Por último, el proyecto sobre discapacidad tendría un costo estimado en 0,5% del PBI en 2025 (0,1% del PBI en 2026).
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