Horas después de que el presidente Javier Milei anunciara una ampliación de recursos para las Fuerzas Armadas en el marco de los anuncios por las islas Malvinas, el Gobierno oficializó este viernes un refuerzo de casi $218.000 millones para el Ministerio de Defensa, de los cuales más de $200.000 millones serán utilizados para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y terminar la Base Petrel, en la Antártida.
En una decisión polémica, también otorgó $30.519 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que representa un incremento del 20,85% sobre los recursos que tenía disponibles hasta ahora.
La información surge de las modificaciones presupuestarias publicadas hoy en el Boletín Oficial (DNU 867/2026), analizadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y confirmadas por fuentes oficiales del Ministerio de Defensa y la Cancillería a LA NACION. El Ministerio de Economía no había brindado respuesta al cierre de esta nota.
Según el relevamiento de ACIJ, Defensa tenía un crédito vigente de $5,65 billones y recibió una ampliación de $217.954 millones, equivalente al 3,86%. Con la modificación, sus recursos ascienden a $5,87 billones. Al tipo de cambio mayorista actual, en torno de los $1500, el refuerzo equivale a unos US$145 millones.
El grueso de la ampliación tiene una particularidad: $206.373 millones no aparecen como gasto corriente o de capital, sino como “aplicaciones financieras destinadas a adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. Según explicaron fuentes de Defensa, se trata de un primer refuerzo destinado a las dos bases estratégicas. Los proyectos de inversión estarán registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (Bapin) y las nuevas obras serán licitadas, sin recurrir a contrataciones directas.
De esos $206.373 millones, $114.733 millones fueron asignados directamente al Ministerio de Defensa, $60.429 millones al Ejército y $31.211 millones a la Fuerza Aérea. En los tres casos, las planillas presupuestarias identifican el destino como “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”.
A ese monto se suman $11.581 millones de gastos corrientes y de capital. La Armada recibió $8116 millones; la Fuerza Aérea, $2946 millones; y el Estado Mayor Conjunto, $519 millones. Desde Defensa explicaron que esas partidas permiten afrontar gastos operativos, como combustibles y servicios, entre otras necesidades vinculadas con las obras.
En el Gobierno estiman que completar la base naval integrada de Ushuaia demandará una inversión total de entre US$400 millones y US$500 millones.
La ampliación fue oficializada un día después de la cadena nacional de Milei sobre Malvinas. El Presidente había anticipado la decisión de incrementar los recursos de Defensa con el “fin prioritario” de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades de telecomunicaciones. La intención oficial, dijo Milei, es convertir esa instalación en un polo logístico del Atlántico Sur y reforzar la proyección argentina hacia la Antártida.
El proyecto de la base, sin embargo, es anterior a la actual administración. Las obras comenzaron en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Jorge Taiana estaba al frente del Ministerio de Defensa, y posteriormente quedaron estancadas, sin avances significativos.
Tandanor participó de los trabajos realizados hasta ahora, pero fuentes de Defensa aclararon a LA NACION que las obras que se financiarán con el nuevo refuerzo presupuestario serán licitadas.
En abril de 2024, Milei viajó a Ushuaia para reunirse con Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, y afirmó que el encuentro permitiría “monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada”. En ese momento sostuvo que el objetivo era contar con un gran centro logístico próximo a la Antártida, con capacidad para brindar apoyo a buques y programas científicos internacionales.
“En el año 2022, cuando era ministro de Defensa, iniciamos las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que durante tres años fueron paralizadas por Milei y que hoy, ante el creciente interés de la Causa Malvinas, el Gobierno vuelve a reactivar”, cuestionó Taiana. Y agregó: “No es estrategia geopolítica, es oportunismo electoral”.
En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo no menciona específicamente las dos bases, pero sostiene que es necesario modificar el presupuesto de Defensa para “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.
Un aumento de casi 21% para Inteligencia
Otro de los movimientos relevantes fue el refuerzo de la SIDE. De acuerdo con los datos elaborados por ACIJ sobre la base de Presupuesto Abierto, el organismo tenía disponibles $146.397 millones y recibió $30.519 millones adicionales, con lo que su presupuesto asciende a $176.916 millones. El salto es del 20,85%, frente al 3,86% registrado en Defensa.
Las planillas permiten conocer con mayor precisión el destino presupuestario de esos fondos. Los $30.519 millones fueron asignados al programa “Información e Inteligencia” y se dividen en $10.905 millones de gastos corrientes y $19.614 millones de gastos de capital. Es decir, casi dos tercios del refuerzo corresponden a inversión en equipamiento.
Entre los gastos corrientes aparecen $3617 millones para bienes de consumo y $7288 millones para mantenimiento, reparación y limpieza. Esta última partida comprende $4870 millones para edificios y locales, $1339 millones para maquinaria y equipos y casi $1079 millones para sistemas informáticos.
Los $19.614 millones de gastos de capital, en tanto, se destinan íntegramente a maquinaria y equipamiento. Allí se incluyen $6306 millones para equipos de computación; $3451 millones para mobiliario y equipos de oficina; $2.659 millones para herramientas y repuestos mayores y otros $7199 millones para equipos varios.
El Gobierno incluyó a Inteligencia entre los argumentos utilizados para justificar la necesidad y urgencia de la medida. En los fundamentos sostuvo que era necesario adecuar las partidas de distintas jurisdicciones para atender “necesidades vigentes en materia salarial, de inteligencia” y otras erogaciones necesarias para el funcionamiento del Estado.
Según el relevamiento de ACIJ, el DNU produjo un incremento neto de $236.137 millones sobre el presupuesto general, ya que las ampliaciones en distintas jurisdicciones fueron parcialmente compensadas con reducciones en otras partidas. La principal baja se produjo en Obligaciones a Cargo del Tesoro, por unos $490.633 millones.