La Justicia impulsó hoy 40 allanamientos en financieras y cuevas por una investigación que comenzó hace dos meses en el país, derivada de una pesquisa que lleva adelante, a su vez, la justicia de los Estados Unidos -que anticipó LA NACION- en la que se investiga una megaoperación para sacar dólares del país durante el cepo, además de la posibilidad de un esquema de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión tributaria, entre otros delitos.
La causa la tienen el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff. Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento Investigaciones Especiales, contaron a LA NACION fuentes judiciales.
Entre los allanados está el representante de jugadores de casino Maximiliano Palermo. Fue el mismo que llevó a cientos de jugadores de fútbol y periodistas deportivos a Las Vegas para jugar en un casino. Muchos de ellos quedaron luego con deudas millonarias en el World de Las Vegas. Entre ellos, glorias como Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores.
El periodista Enrique “Quique” Felman estuvo detenido este año 13 días en un centro de detención en Miami hasta que pudo pagar su deuda. Palermo tiene una financiera, que fue allanada, en Malabia y Corrientes, contaron.
“Esto viene de una causa en EE.UU. con defraudaciones al fisco americano. Tenemos mucha documentación, escuchas”, contaron fuentes judiciales a LA NACION. “Los allanamientos fueron exitosos”, aclararon esas fuentes. La causa está bajo estricto secreto de sumario. Se están investigando el contrabando de divisas, la evasión tributaria, el incumplimiento del régimen penal cambiario, la asociación ilícita y el lavado de activos.
La causa se deriva, contaron esas fuentes judiciales, de una investigación abierta en la justicia federal de los EE.UU. que identificó una operatoria internacional que permitió mover grandes sumas de dólares fuera de la Argentina durante los años del cepo. Las maniobras involucraron importantes volúmenes en negro que pasaron a través de cuevas en varios países y que, en parte, se blanqueaban en un casino de Las Vegas. En esa causa, Juan Carlos Palermo (el padre de Maximiliano) selló un acuerdo con las autoridades y aportó información adicional sobre el funcionamiento del circuito investigado.
Ese caso, como contó LA NACION, tramita bajo el expediente 22-cr-00859. En esos documentos se indica que Juan Carlos Palermo firmó un acuerdo judicial de declaración de culpabilidad vinculado a lavado internacional de dinero. El texto central del proceso —un plea and deferred prosecution agreement— incluye una reconstrucción aceptada por el propio acusado sobre el funcionamiento del circuito investigado por agentes federales. En esa descripción, aparece una referencia directa a la Argentina y a las limitaciones cambiarias vigentes durante esos años. Según el expediente, parte del sistema operaba para “eludir las restricciones impuestas por la Argentina, incluyendo el ‘Cepo Cambiario’ (sic)”.
La dimensión argentina en la investigación apareció de manera explícita durante la audiencia realizada el 20 de abril de 2022 en San Diego. Allí, el fiscal federal Carl Brooker resumió ante el juez Mitchell Dembin cómo funcionaba la operatoria antes de que el tribunal aceptara la declaración de culpabilidad. Según explicó, Palermo comenzó a actuar hacia 2012 desde su domicilio en la Argentina como agente independiente del casino, coordinando la recepción y transferencia de fondos internacionales.
Abrió cuentas en América Latina y en Estados Unidos y recibió dinero de aproximadamente 50 personas de alto patrimonio radicadas en el país. Esos fondos eran posteriormente transferidos al casino para cancelar deudas o financiar crédito anticipado para apostar. Brooker agregó un elemento central para la investigación: el dinero ingresaba al sistema financiero estadounidense sin las verificaciones que imponen las leyes norteamericanas.
Según sostuvo en su argumentación, el acusado tomó fondos del exterior y los repatrió “limpios a los Estados Unidos sin verificar el origen”. Palermo confirmó que la reconstrucción presentada por la fiscalía era correcta.
Aunque en el expediente 22-cr-00859 el establecimiento involucrado aparece mencionado únicamente como “Casino”, un comunicado posterior del Departamento de Justicia permite identificarlo. El 6 de septiembre de 2024, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California informó que el casino Wynn Las Vegas acordó pagar US$130.131.645 para resolver acusaciones penales vinculadas al uso de transferencias de dinero no registradas para canalizar fondos de jugadores extranjeros hacia el establecimiento.
La investigación fue encabezada por la U.S. Attorney’s Office de ese distrito, con participación de la Homeland Security Investigations (HSI) -la agencia del Departamento de Seguridad Nacional especializada en delitos financieros transnacionales- y del IRS Criminal Investigation, según detalló el comunicado oficial del Departamento de Justicia.
El texto menciona expresamente a Juan Carlos Palermo. Según el comunicado, mientras actuó como agente independiente del Wynn, operó y controló múltiples negocios de transferencia de dinero sin licencia dentro y fuera de Estados Unidos que realizaron más de 200 transferencias con cuentas bancarias controladas por Wynn o entidades asociadas, en nombre de más de 50 clientes extranjeros, por más de US$17,7 millones.
Palermo operaba una empresa de transmisión de dinero no registrada, actividad que en Estados Unidos requiere autorización federal y estrictos controles antilavado. Según la fiscalía estadounidense, el casino contrataba a agentes independientes que actuaban como transmisores de dinero sin licencia para reclutar apostadores extranjeros.
Para que esos jugadores pagaran deudas o tuvieran fondos disponibles para apostar, los intermediarios transferían dinero mediante empresas, cuentas bancarias y terceros en distintos países hasta que el dinero llegaba a cuentas controladas por el casino en Estados Unidos. Una vez allí, los fondos eran acreditados en las cuentas internas de los jugadores dentro del establecimiento.
Según la reconstrucción judicial, Palermo coordinaba operaciones con estructuras dedicadas a realizar intercambios físicos de dinero para compensar pagos internacionales. Los papeles mencionan expresamente el uso de “redes clandestinas de cambio de dinero con base en la Argentina”, en referencia a las cuevas, para facilitar movimientos internacionales evitando restricciones regulatorias.
El sistema funcionaba mediante compensaciones entre países, como la Argentina. Mientras el dinero era entregado en efectivo en una jurisdicción, su equivalente era acreditado en otra mediante cuentas controladas por intermediarios.
Las comisiones aplicadas por el circuito se ubicaban aproximadamente entre el 3% y el 6%, según la investigación federal norteamericana. En la práctica, el esquema permitía movilizar fondos internacionalmente sin hacer transferencias directas desde jurisdicciones sujetas a controles cambiarios.
La justicia norteamericana identificó transferencias concretas. Una de ellas ocurrió el 21 de marzo de 2018, cuando aproximadamente US$200.000 fueron transferidos desde una cuenta controlada por Palermo en Uruguay hacia otra cuenta bajo su control en Estados Unidos.
Según los investigadores, ese tipo de movimientos reflejaba el funcionamiento multinacional del circuito. A partir de 2019, muchas coordinaciones comenzaron a realizarse mediante aplicaciones de mensajería encriptada utilizadas para organizar pagos y transferencias entre distintos países.
Otro elemento mencionado por los investigadores es la existencia de registros internos utilizados para seguir obligaciones financieras dentro del sistema. El acuerdo describe una contabilidad permanente —definida como un running tally— destinada a anotar deudas e intereses entre clientes, intermediarios y cuentas utilizadas en la operatoria. Ese mecanismo permitía equilibrar pagos realizados en distintas jurisdicciones sin necesidad de transferencias bancarias en cada operación.
La audiencia también dejó al descubierto el carácter poco frecuente del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia.
Los documentos revisados por LA NACION muestran que el propio juez explicó que se trataba de un mecanismo “inusual” mediante el cual el tribunal aceptaba la declaración, pero difería la condena durante dos años.
En ese período, el acusado debía colaborar con las autoridades federales, entregar documentación y proporcionar información vinculada al funcionamiento del circuito investigado.
Dos años después, el 5 de abril de 2024, la fiscalía federal solicitó cerrar definitivamente el caso tras verificar el cumplimiento de las condiciones previstas.
Los fiscales señalaron, además, dificultades logísticas vinculadas a la necesidad de garantizar la presencia de Palermo en Estados Unidos, dado que se trataba de un ciudadano argentino cuyo ingreso dependía de vuelos internacionales y autorizaciones migratorias. Ese dato muestra el interés de EE.UU. por seguir escalando el tema.
“Lo que más me importa dejar en claro es que de todas las cosas que se vienen diciendo desde hace un mes, casi nada es verdad, sobre todo en redes sociales y en algunos medios”, dijo Maximiliano Palermo, que fue consultado por LA NACION a mediados de marzo pasado.
“Lo más insólito y absurdo es que hablen de lavado de dinero cuando ninguna de las personas que viajó llevó jamás un centavo para jugar. Mencionan a personas que ni siquiera fueron, hablan de causas que no existen y mil mentiras más. Nosotros simplemente aceptamos la propuesta de un casino que quería llenar el salón con jugadores para promocionarse y nos divirtió viajar cada vez que pudimos. Hicieron de esto una película que nada tiene que ver con la realidad”, agregó entonces uno de los hoy allanados.