WASHINGTON. – Tras el allanamiento del FBI al domicilio de una reportera de The Washington Post el miércoles, los periodistas de varios medios rápidamente tomaron medidas para asegurar el contenido de sus teléfonos y computadoras, tranquilizar a sus fuentes confidenciales y consultar los pasos a seguir con los jefes de sus redacciones, ante el temor de que el gobierno federal les incaute dispositivos que contienen información sensible.
Según los muchos periodistas consultados, el allanamiento del FBI al domicilio de su colega Hannah Natanson es una nueva y alarmante avanzada destinada a limitar la capacidad de la prensa para recabar información que el gobierno de Estados Unidos no quiere que se haga pública.
“Es sumamente intimidatorio ser un blanco del gobierno”, dice Ted Bridis, exeditor de investigaciones en Washington para la agencia Associated Press (AP). En 2012, cuando AP publicó una investigación sobre la vigilancia clandestina de Departamento de Policía de Nueva York a los musulmanes de la ciudad, el Departamento de Justicia obtuvo secretamente los registros telefónicos de Bridis y de su staff.
Y después de que su equipo ganó el Premio Pulitzer y se difundió el accionar del Departamento de Justicia, “la gente que antes solía reunirse con nosotros para tomar un café, de pronto empezó a negarse”, explica Bridis, que actualmente es profesor de periodismo y protección de fuentes en la Universidad de Florida. “Nuestras fuentes tenían miedo de hablar con nosotros”.
Ya ocurrió en gobiernos anteriores que los periodistas fuesen citados para revelar información, y esas citaciones solían ser impugnadas por la Justicia. Pero allanar el domicilio de un periodista –una medida más intrusiva, que restringe la posibilidad de una impugnación judicial– es extraordinariamente inusual, “por no decir sin precedentes”, señala Gabe Rottman, abogado y vicepresidente de políticas del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, quien dice no recordar ejemplos comparables.
El allanamiento a lo de Hannah Natanson –que incluyó la incautación de su celular, dos computadoras y un reloj inteligente–, impulsó a periodistas de diversos medios a reevaluar las medidas de seguridad que aplicaban para proteger a sus fuentes y el contenido de sus dispositivos.
Un reportero que cubre temas de seguridad nacional dice que tras el allanamiento al hogar de Natanson desactivó el software de reconocimiento facial en su teléfono y ahora inicia sesión con contraseña, una medida que también dicen haber tomado al menos media docena de otros periodistas.
El reportero decidió hacer ese cambio porque cree que a las fuerzas de seguridad les sería muy fácil usar su cara para acceder al teléfono, pero les resultaría más difícil obligarlo a revelar la contraseña, y agrega que también está considerando el uso de celulares descartables.
Un reportero acreditado en la Casa Blanca dice que en lo primero que pensaron tras la conmoción inicial fue en reconsiderar cómo gestionan la información de las fuentes y revisar las directrices legales internas.
En la corresponsalía de The New York Times en Washington, la reunión habitual de los miércoles esta vez arrancó con una actualización sobre los protocolos legales y de seguridad, según uno de los asistentes. Y un periodista que cubre el Pentágono señala que una consecuencia positiva del allanamiento fue haber impulsado a los periodistas a actuar para protegerse a sí mismos y a sus fuentes.
En una nota dirigida al personal de The Washington Post, su editor ejecutivo, Matt Murray, señaló que el diario fue informado de que ni Natanson ni el Post son objeto de la investigación del FBI, que apunta a un contratista del gobierno acusado de retener ilegalmente material clasificado. “Sin embargo, esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante”, escribió.
Más tarde ese mismo día, Murray agregó: “Seguiremos defendiendo enérgicamente a nuestros periodistas y su trabajo”, y dijo que el diario estaba programando sesiones para actualizar y reforzar las prácticas adecuadas para la consulta de fuentes y cobertura de la información.
“El allanamiento del FBI al domicilio de una periodista y la confiscación de sus dispositivos electrónicos son profundamente preocupantes y representan una grave amenaza para el derecho a la libertad de prensa en este país”, dice David McCraw, vicepresidente senior y asesor general adjunto de The New York Times. “Este tipo de medidas inevitablemente obstaculizan la capacidad del periodismo para recabar información de interés público, y por lo tanto limitan la posibilidad de exigirle rendir cuentas al gobierno”.
“Cuando se trata de informar sobre el Ejército, las agencias de inteligencia, las relaciones exteriores o las fuerzas del orden federales, los periodistas necesitan que sus fuentes tengan ciertas garantías de confidencialidad y así poder difundir información de interés público”.
Natanson está cubriendo desde hace un año los esfuerzos del gobierno de Trump para despedir a empleados públicos y a finales del año escribió un artículo en primera persona pasado sobre su experiencia. El mismo miércoles a la mañana, The Washington Post también recibió una citación requiriendo información relacionada con el caso del contratista y el material clasificado.
El FBI se negó a responder preguntas sobre la búsqueda y remitió la consulta a la declaración que publicó en redes sociales el director Kash Patel, donde acusa a Natanson de “obtener y divulgar información militar clasificada y sensible de un contratista del gobierno, poniendo en peligro a nuestros soldados y comprometiendo la seguridad nacional de Estados Unidos. El presunto filtrador fue arrestado esta semana y sigue detenido”.
Otros periodistas y editores que han sufrido vigilancia estatal y demandas legales del gobierno aseguran que este caso lleva la intimidación pública a otro nivel.
“Este gobierno se babea ante la posibilidad de meter preso a un periodista”, dice Martin Baron, exeditor ejecutivo del Post, y agrega que Trump mencionó explícitamente esa posibilidad en sus actos de campaña de 2022. Baron dice que el abierto desprecio del gobierno por la prensa augura que “todo va a empeorar mucho más”.
En 2021, cuando se supo que el Departamento de Justicia del gobierno de Trump había confiscado secretamente los registros de periodistas de The Washington Post, The New York Times y CNN, el fiscal general Merrick Garland aplicó el freno de mano: directamente prohibió el uso de órdenes de allanamiento para obtener material de periodistas y las citaciones para hacerlos declarar sobre sus fuentes.
Pero con la llegada de Trump, el año pasado, la nueva fiscal general Pam Bondi restableció la facultad del FBI de investigar el origen de la información periodística.
“El allanamiento a Natanson sirve para recordarles a los periodistas sobre la difícil tarea de proteger a sus fuentes”, señala Alex Papachristou, director del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, que ofrece asistencia legal gratuita a pequeños medios de comunicación de todo Estados Unidos. Papachristou anticipa que el allanamiento tendrá un “efecto criogénico” en la voluntad de las fuentes de revelar información a la prensa.
“En esta época hay que andar con ojos en la nuca”, dice.
Sarah Ellison, Patrick Marley y Colby Itkowitz
(Traducción de Jaime Arrambide)