CARACAS.– La caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se produjo este sábado en un operativo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de más de ocho años de advertencias regionales e internacionales en contra de la deriva autoritaria que tomó su régimen, con graves denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.
Estas fueron las principales advertencias internacionales hacia el régimen de Maduro:
Nicolás Maduro asumió el poder el 19 de abril de 2013. La primera crisis institucional que desató advertencias y reacciones se produjo meses después de las elecciones parlamentarias de 2015, en las que el gobierno perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Finalmente, el 29 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, dictó la sentencia 156 mediante la cual se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea, controlada en ese momento por la oposición, y extendió los poderes de Maduro.
La disolución fue considerada por la oposición como un “golpe de Estado”, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó la acción como un “autogolpe”.
En ese momento, la administración de Donald Trump -en su primer mandato- impuso sanciones que prohibían el acceso de Venezuela a los mercados financieros estadounidenses.
La Unión Europea también aplicó medidas restrictivas por primera vez contra Venezuela, incluyendo el embargo de armas, congelamientos de activos y vetos de visa dirigidos a funcionarios acusados de socavar la democracia.
El 10 de enero de 2019 Maduro fue juramentado para un segundo mandato tras elecciones consideradas irregulares por numerosos gobiernos y organizaciones internacionales.
Trece días más tarde, el opositor Juan Guaidó fue proclamado presidente “encargado” reconocido por varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, gran parte de América Latina y Europa, que calificaron al gobierno de Maduro de “ilegítimo”.
En los años siguientes, tanto Estados Unidos como la Unión Europea ampliaron las sanciones por la represión política y violaciones de derechos humanos.
Ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ordenó una investigación, por lo que su alta comisionada, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio de 2019 y se realizaron 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos.
Después de esto Bachelet coordinó la redacción de un informe que consta de 18 páginas donde se describe y analiza la situación de los derechos humanos en Venezuela. En ese reporte se denuncia la ejecución extrajudicial de 6800 personas por parte de las fuerzas del Estado en Venezuela entre enero de 2018 y mayo de 2019 y se enfatiza que especialmente desde 2016 el chavismo puso en práctica una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.
Al año siguiente Bachelet actualizó su informe, pero el gobierno de Nicolás Maduro ya no le permitió volver a entrar al país.
El 26 de marzo de 2020 Maduro fue imputado por un gran jurado federal durante el primer mandato de Donald Trump, en una causa abierta en el Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan. Se trata de una imputación penal independiente que sigue formalmente activa y que sitúa al dirigente venezolano en el centro de una investigación por narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas.
La acusación le atribuye haber participado durante décadas en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína, así como haber supervisado un cartel violento de la droga mientras ascendía hasta convertirse en el máximo dirigente de Venezuela. El delito de narcoterrorismo contempla una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
Luego de la proscripción y encarcelamiento de varios candidatos opositores, el 28 de julio 2024 se realizaron las elecciones presidenciales en las que Maduro dijo haber ganado con el 51,95 % de los votos, frente al opositor Edmundo González Urrutia, que alcanzó el 43,18 %.
Maduro denunció un “hackeo” del sistema de cómputos, por eso nunca presentó las actas que confirmaban su victoria. La oposición afirmó que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo casi 70% de los votos y presentó actas electorales que fueron reconocidas por organismos internacionales y varios países.
El resultado presentado por el chavismo fue rechazado por la mayoría de los países y 33 naciones pidieron el retorno a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos y ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición.
Las denuncias de fraude electoral derivaron en masivas protestas que se encontraron con una fuerte represión que derivó en 28 muertes y 2400 arrestos, según el recuento de organismos de derechos humanos.
En marzo de 2025, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de la ONU, señaló que “el gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes”.
“El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la misión. “Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad”.
El reporte hablaba de posibles “desapariciones forzadas de corta duración” en Venezuela y de “la detención de al menos 150 personas extranjeras acusadas de participar en conspiraciones contra el gobierno”, entre los que se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo.
La justicia venezolana encarceló a más de 2000 de los detenidos en las protestas postelectorales, incluidos más de 100 en los últimos días, según registros oficiales. Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.
La intervención directa de Estados Unidos en Venezuela comenzó a finales de agosto de 2025, cuando aumentó la presencia de tropas navales en el sur del Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico cerca de las costas venezolanas.
El Pentágono ha supervisado un masivo despliegue militar en el Caribe, enviando un portaaviones, 11 buques de guerra y más de una docena de aviones F-35. En total, más de 15.000 soldados han llegado a la región para lo que funcionarios estadounidenses han descrito desde hace tiempo como operaciones antidrogas. De manera oficial, se perpetraron 35 ataques que dejaron por lo menos 115 muertos.
Además de la intervención, Trump conversó telefónicamente con Maduro al menos en una oportunidad, un diálogo que el venezolano calificó como “muy respetuoso”.
El 2 de noviembre pasado, Trump advirtió finalmente que “los días de Maduro están contados”.
El 10 de octubre, la Fundación Nobel anunció el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
En su programa de televisión, Maduro respondió que María Corina Machado “dice que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti”.
Agencias AFP, Reuters y AP