Si bien se demoró más de lo previsto, el Gobierno ya tiene listos los pliegos y para febrero o marzo próximo podría estar poniendo la fecha para el llamado a licitación de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa.
Fuentes del sector hablan de un precio base para la compañía de US$30 millones, aunque desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas indicaron que la valuación aún no es oficial, ya que están a la espera de la determinación final por parte del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
El cálculo del precio de la empresa se sustenta en los activos que tiene, como equipos con los que cuenta, y en la vigencia del contrato de exclusividad con el Estado, aunque en la resolución 1067/2025, del 25 de julio, que dio inicio al proceso de privatización, se menciona la posibilidad de rescindir dicha exclusividad.
Según fuentes del sector, uno de los interesados en la empresa sería Paolini Grúas. Se trata de una firma de servicios de izajes y logística pesada en Buenos Aires que, a través de su división Escalum, ha habilitado servicios de rampa en aeropuertos, compitiendo directamente con Intercargo. Ofrece grúas y logística para obras y transporte, incluyendo trabajos en autopistas y en aeropuertos como el internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. LA NACION intentó contactar a la compañía, pero no obtuvo respuesta.
Según el informe “Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas no Financieras” de la Secretaría de Hacienda, Intercargo había generado $10.116 millones hasta mitad de año.
Antes de la política de desregulación en el sector impulsada por el gobierno de Javier Milei, Intercargo tenía el monopolio de los servicios de rampa en el país, ya que todas las líneas aéreas estaban obligadas a contratarla, a menos que decidieran autoprestarse el servicio.
Hoy, ya son diez las empresas habilitadas para prestar servicios de rampa, y la gestión libertaria aprobó recientemente un nuevo reglamento para facilitar el acceso de estas compañías a espacios en los aeropuertos de todo el país.
La Asociación de Personal Aeronáutico (APA), el gremio que reúne a la mayoría de los trabajadores de la compañía, busca frenar el proceso de privatización en la Justicia y en julio solicitó una medida cautelar que fue rechazada después de las elecciones legislativas. El sindicato apeló y ahora se encuentra a la espera del fallo de la Cámara.
Entre otros motivos, APA solicitó la cautelar argumentando que el Poder Ejecutivo avanzó con la privatización “sin cumplir el procedimiento obligatorio establecido en la Ley de Reforma del Estado (23.696)”, al no haberse realizado previamente la tasación exigida por dicha norma.
El decreto 198/2025, del 17 de marzo, que autorizó el procedimiento para la privatización total de Intercargo bajo la modalidad de venta de acciones, señalaba que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se encontraba imposibilitado de valuar la totalidad de la empresa en un plazo razonable. Sin embargo, en una nota anterior de ese organismo, fechada el 17 de febrero y dirigida al presidente de la empresa, Fernando Miguel Montes, el Tribunal indicó que solo podían hacer una tasación patrimonial, aunque no de los bienes intangibles como pretendía el Gobierno.