Entre agosto de 2024 y el mismo mes de este año, los jubilados que perciben el ingreso conformado por el haber mínimo y el bono de $70.000 perdieron un 2,6% de su poder de compra. Eso es así, si se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), que es el dato de inflación promedio del país, según la medición del Indec. Si se considera, en cambio, la variación de los precios en la ciudad de Buenos Aires -según información también oficial-, la caída del valor real fue mayor: de 5,3%.
En el caso de las jubilaciones y pensiones sin bono -por superar el haber mínimo más $70.000-, en el mismo período la variación del poder adquisitivo fue positivo. Hubo una recuperación de 4,3% en relación con la inflación promedio para todo el país que informa el Indec, y una bastante más moderada, de 1,5%, si la referencia es el alza promedio de los valores en la ciudad de Buenos Aires.
Los índices surgen de comparar cuánto podía comprarse en uno y en otro momento de la comparación teniendo en cuenta, por un lado, la suba de los haberes por según la movilidad mensual y, por el otro, el aumento promedio de precios, un dato estadístico que no refleja necesariamente, claro está, lo que ocurre en cada hogar. De hecho, las brechas en los resultados que surgen de considerar el indicador correspondiente a todo el país o el de la Ciudad, son un indicativo (aunque siempre dentro del mundo de la estadística) de esas diferencias. En la medición de la inflación en territorio porteño, por ejemplo, tienen más peso que en otros lugares rubros como los de servicios del hogar (agua, la electricidad y gas), el transporte y la educación.
Más allá de las brechas según la zona de residencia, hay una diferencia en la variación de la capacidad de compra que en los últimos meses está explicada por el congelamiento del bono que alcanza solo a quienes tienen los ingresos más bajos del sistema general de la Anses. Esa falta de actualización del monto del refuerzo seguirá durante 2026, según surge del proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso, y según le confirmaron a LA NACION fuentes del Gobierno.
La intención del Gobierno es seguir licuando esa porción del ingreso, que normativamente no está sujeta al régimen de movilidad, porque no forma parte de los haberes mensuales.
La política de pago de ese refuerzo, que nunca fue para todos los jubilados, determinó que, entre septiembre de 2022 y marzo de 2024, los ingresos que más perdieron frente a la inflación fueran los excluidos de ese adicional. Eso no implica que se trate necesariamente de prestaciones medias o altas: este mes, por ejemplo, en la base de este grupo hay personas que cobran haberes que no llegan a los $400.000. En total, los “sin bono” son poco más de 3 millones de personas, según datos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social. Es la misma cantidad de personas que sí cobran refuerzo, entre quienes están en el régimen contributivo.
A partir de abril de 2024, el mes desde el cual se les aplica a los haberes un reajuste mensual por inflación, la tendencia que se venía dando hasta entonces se invirtió. Ahora, los ingresos más bajos siguen perdiendo frente a la inflación, en tanto que los de quienes no tienen el refuerzo se recuperan lentamente, siempre frente al índice oficial de variación de precios, y sin acercarse a los valores que, en términos reales, tenían en el tercer trimestre de 2017, antes de que empezaran a perder poder de compra de manera casi continua.
Desde que el bono está en $70.000, ese monto perdió, frente a una inflación de 71,6%, casi un 42% del poder de compra. Expresado de otra manera, en agosto de este año sirvió para comprar un 58% de lo que podía adquirirse en marzo de 2024. Comparado con agosto de 2024, la pérdida fue de 25% y, contra diciembre de 2024, de 16,3%, tomando como referencia la inflación a nivel nacional.
Si desde abril del año pasado el refuerzo se hubiera actualizado de igual forma que se reajustaron los haberes propiamente dichos, este mes sería de $166.754, en tanto que en octubre aumentaría a $169.889. En la cuenta se incluyeron los aumentos según la inflación de dos meses atrás y también el “incremento extraordinario” otorgado en abril del año pasado.
En aquel cuarto mes de 2024 se puso en práctica lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia 274, y se dejó sin efecto la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley 27.609, que se guiaba por la variación de la recaudación de impuestos y de los salarios. Si bien es cierto que, si se comparan los ingresos actuales con los percibidos antes del cambio, el poder de compra es mayor ahora, también es un dato que se venía de un período en el que se acumuló un fuerte deterioro.
Entre enero de 2021 y marzo de 2024, la caída del valor real fue de 49,1% para las jubilaciones sin bono y de 22,6% para las que sí lo reciben. Por esos resultados, la ley aprobada en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue declarada inconstitucional por varias cámaras federales del interior del país. Es un tema sobre el cual deberá expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los fallos que se conocen son de demandas iniciadas por quienes no cobran bonos. La decisión política de abonar esos refuerzos es señalada, entre los argumentos de los reclamos, como un reconocimiento por parte del Estado de la pérdida que movilidad anterior les provocó a los haberes. Para ese efecto negativo no hubo compensación cuando el gobierno de Javier Milei decidió el cambio de fórmula. La cuestión puede ser un dolor de cabeza para el Estado hacia adelante, si el tribunal supremo ordena hacer un recálculo de haberes.
El antecedente de algo así es el caso Badaro, en el cual la Corte cuestionó la política adoptada entre 2002 y 2006, cuando, pese a la inflación, se congelaron los haberes de quienes no cobraban el mínimo. Luego de eso hubo una enorme cantidad de litigios. Algunos jubilados renunciaron a ellos -a cambio de reajustes- cuando, bajo la administración macrista, se aprobó la ley de reparación histórica, que previó dar una salida para esos casos, con acuerdos de partes.
En cuanto al bono y su congelamiento desde hace más de un año y medio, no se conocen pronunciamientos de la Justicia. A fines de agosto, un fallo de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la causa “Varela, Alberto Máximo c/Anses s/Reajustes varios” remitió el expediente al juzgado de primera instancia que lo había tratado, para que se determine si “la ausencia de incrementos de las sumas reconocidas por cada decreto” determina una quita confiscatoria en el bono, de acuerdo con una doctrina ya fijada por la Corte. Sin embargo, dentro de ese expediente la cuestión sería considerada abstracta, porque el demandante, en rigor, no cobra bono.