El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), dependiente del Ministerio de Minería, implementó una serie de mejoras en sus procesos internos que permiten agilizar la evaluación de áreas mineras en San Juan. Esta iniciativa busca hacer más eficiente la gestión administrativa y renovar de forma constante la cartera de proyectos disponibles para licitación.
Según lo establece el Código de Minería y la práctica administrativa vigente, el IPEEM dispone de un plazo de referencia de 180 días para definir si un área recibida del Ministerio de Minería de San Juan será destinada a exploración. Aunque este plazo no está formalizado en una resolución específica, se aplica como criterio técnico en la gestión de áreas mineras. Sin embargo, en la práctica, ese plazo podía extenderse hasta casi dos años debido a feriados, trámites y otros factores administrativos.
Con el objetivo de mejorar la dinámica de trabajo, el equipo técnico del IPEEM redujo ese plazo a solo 30 días. Esto permite tomar decisiones más rápidas sobre qué áreas se retienen y cuáles se liberan, acelerando el flujo de expedientes y fortaleciendo la planificación estratégica del instituto.
Además, el IPEEM también contaba con un plazo de hasta dos años para inscribir las áreas a su nombre. Ese tiempo fue igualmente acotado a 30 días, lo que representa un cambio significativo en términos de eficiencia operativa.
Esta optimización se traduce en una evaluación más dinámica de los proyectos, permitiendo renovar constantemente las áreas disponibles para licitación. Mientras que anteriormente predominaban las áreas auríferas, hoy la cartera incluye proyectos de oro, cobre, uranio, tierras raras y litio.
Durante este año, el IPEEM realizó dos licitaciones y prevé una tercera en septiembre.
Actualmente, el IPEEM cuenta con más de 12 proyectos con contratos vigentes distribuidos en los departamentos de Iglesias, Calingasta y Ullum, y continúa trabajando en la visita y análisis de nuevas áreas, que incluyen múltiples derechos mineros por cada zona.
La reducción de plazos no solo mejora la eficiencia institucional, sino que también fortalece la transparencia y la competitividad del sector minero sanjuanino, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y atracción de inversiones responsables.