WASHINGTON.- Desde una una renovada puja en el Congreso por los archivos del caso Jeffrey Epstein a negociaciones bipartidarias ante la fecha límite para el cierre del gobierno; un plazo autoimpuesto por Donald Trump que empieza a esfumarse para lograr avances en la guerra entre Rusia y Ucrania; la pelea por el control de la policía de Washington mientras busca intervenir la seguridad de otras ciudades, y más allá una batalla crucial en la Corte Suprema por la guerra comercial que podría tener impacto global.
Tras el receso de verano del Congreso en Estados Unidos, septiembre llega con desafíos de todo tipo para el presidente norteamericano, en los frentes internos y externos, que marcarán el rumbo de su gestión en lo que queda del año.
Este mismo martes será el puntapié inicial, con uno de los temas que más dolores de cabeza la ha causado a Trump desde que volvió a la Casa Blanca, el 20 de enero pasado. Un comité de la Cámara de Representantes planea reunirse con diez personas que acusaron al fallecido financista Epstein de tráfico sexual, lo que volverá a poner el foco en Washington sobre el terremoto interno entre las bases republicanas ante la presión para que se publiquen los archivos del caso.
Los partidarios de Trump se han visto impulsados por teorías conspirativas que sostienen que Epstein -con quien el magnate mantuvo vínculos- era solo uno más entre un grupo de pedófilos en las altas esferas de la sociedad estadounidense. El financista neoyorquino murió en 2019 mientras estaba en prisión a la espera de un juicio por cargos de tráfico sexual.
El 22 de julio pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció la interrupción de la actividad legislativa antes del receso de verano para evitar una votación sobre la publicación de archivos relacionados al depredador sexual, en medio de los crecientes reclamos de los demócratas.
La reunión de este martes en el Congreso sugiere que legisladores de ambos partidos -también hay descontento entre algunos republicanos por el manejo del caso- buscan mantener la vigente la atención sobre un tema muy incómodo para Trump, que erosionó la influencia sobre muchos de sus votantes. El 69% del los norteamericanos cree que el gobierno ocultó información sobre el caso Epstein, según una encuesta de Reuters/Ipsos.
En julio, el representante Thomas Massie, republicano por Kentucky y un conservador antagonista de Trump, presentó una resolución para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein, al pronosticar que la presión aumentaría durante el receso de agosto y alcanzaría un punto crítico para cuando el Congreso regrese este martes a sus funciones.
Además, Massie y el coautor demócrata de la resolución, Ro Khanna, de California, planean ofrecer una conferencia de prensa este miércoles en el Capitolio con la participación de víctimas de abuso sexual de Epstein y su cómplice y expareja Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por su participación en el reclutamiento y tráfico sexual de menores.
Khanna cree que contarán con las 218 firmas necesarias para su solicitud, un proceso que eludiría al liderazgo republicano y obligaría a una votación en el pleno para publicar los archivos. “Los testimonios de las víctimas de Epstein serán explosivos el 3 de septiembre, y confío en que los 212 demócratas [de la Cámara de Representantes] lo firmarán y tendremos al menos seis republicanos apoyando”, señaló.
Durante septiembre, en el Congreso se librará otra puja clásica para esta época del año: las negociaciones bipartidarias sobre un acuerdo de gastos para evitar un cierre del gobierno (conocido como shutdown) a finales de mes.
La batalla por la financiación federal se intensificó en los últimos días ante la perspectiva del regreso de los legisladores a Washington. Cualquier proyecto de ley requiere 60 votos, y por lo tanto, apoyo bipartidista, para ser aprobado en el Senado. Pero cuando faltan solo cuatro semanas para la definición del proyecto, la división crece en lugar de disminuir.
La Casa Blanca notificó a los legisladores el viernes pasado que los eludiría al recortar 4900 millones de dólares en fondos federales que se habían aprobado para programas de ayuda exterior, mediante lo que en la jerga se conoce como una “rescisión de bolsillo”, una táctica que el principal organismo de control del Congreso calificó de ilegal. Se trata de un intento de recuperar unilateralmente fondos ya asignados, al esperar tan tarde en el año fiscal para presentar la solicitud, de modo que los legisladores no tengan tiempo de rechazarla antes de que expire la financiación.
La medida de Trump, que ningún presidente norteamericano había tomado desde hacía casi 50 años, provocó la condena de los demócratas e, incluso, de la principal republicana en el Comité de Asignaciones, la senadora Susan Collins (de Maine).
Algunos demócratas advirtieron que podría producirse un shutdown a partir del 1° de octubre debido a la preocupación de que la Casa Blanca no respete ni el poder constitucional del Congreso sobre el presupuesto ni los acuerdos bipartidistas mediante los cuales lo ejerce. Un cierre del gobierno resultaría en la suspensión de pagos a cientos de miles de empleados estatales y retrasos en los servicios que prestan.
Otro de los frentes internos que enfrenta Trump en septiembre es el de su estrategia de seguridad para ciudades gobernadas por demócratas, como Washington, con el despliegue de más de 2200 miembros de la Guardia Nacional.
El mes pasado, el gobierno federal tomó el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) de la capital al afirmar que la delincuencia allí está “fuera de control”. La Ley de Autonomía de 1973 le permite al presidente utilizar a la policía local para fines federales durante emergencias, pero solo por un máximo de 30 días sin la autorización del Congreso, que estaba en receso de verano cuando se tomó la medida.
“Vamos a hacer esto muy rápidamente, pero vamos a querer extensiones”, había dicho el propio Trump poro después de tomar el control del MPD. En los próximos días, en caso de querer una prórroga, la puja pasará al Congreso, en momentos en que el gobierno busca más despliegues de la Guardia Nacional en otras ciudades, como Chicago.
Esta mañana, a través de su red Truth Social, el presidente volvió a la carga contra la crisis de seguridad de la ciudad de Illinois. “¡Chicago es la capital mundial del crimen!“, escribió Trump, que afirmó que por lo menos 54 personas fueron baleadas allí durante el fin de semana y que ocho murieron.
“[El gobernador J.B.] Pritzker necesita ayuda urgentemente, pero aún no lo sabe. Resolveré el problema de la delincuencia rápidamente, como hice en Washington. Chicago volverá a ser segura, y pronto”, añadió.
Respecto a la intervención de a administración Trump en junio pasado en Los Ángeles, para contener una serie de protestas, un juez federal determinó este martes que utilizó ilegalmente miles de tropas, en un fallo en el que acusó al presidente de convertir efectivamente a casi 5000 marines y soldados de la Guardia Nacional en una fuerza policial nacional.
El fallo, emitido por el juez Charles Breyer, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, se produjo más de dos meses después del polémico despliegue, desencadenado por las protestas migratorias en junio, y que desde entonces se redujo a unos 300 soldados de la Guardia Nacional. El juez ordenó que las tropas restantes fueran liberadas o se limitaran a la vigilancia de edificios federales.
Ya pasado septiembre, Trump enfrentará una prueba de fuego para la implementación de su política de aranceles, uno de sus principales objetivos como presidente, que ha generado fuerte impacto en el comercio global y los mercados.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que la mayoría de los aranceles de Trump —los llamados gravámenes recíprocos— son inconstitucionales, pero los mantuvo vigentes hasta el 14 de octubre para que la administración tuviera tiempo de apelar ante la Corte Suprema. El mandatario ya avisó que “con la ayuda” del máximo tribunal, los utilizarán “en beneficio de Estados Unidos”.
La batalla en la Corte definirá no solo el futuro de la agenda comercial de Trump, sino también sus esfuerzos más amplios por extender el poder ejecutivo de la presidencia. Es muy probable que el alto tribunal acepte el caso.
El diálogo Putin-Zelensky
En el frente externo, pocos temas le quitan tanto el sueño a Trump como intentar terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva más de tres años y medio.
Trump presionó a ambos para que alcancen un acuerdo de paz, y a fines de agosto dio a los presidentes Vladimir Putin y Volodimir Zelensky un plazo adicional de dos semanas -que vence dentro de pocos días- para tomar medidas que intenten poner fin a la guerra, o en caso contrario enfrentarse a posibles represalias estadounidenses.
Sin embargo, las negociaciones entre Kiev y Moscú están estancadas, luego de que Trump intentara impulsarlas con las reuniones el mes pasado con Putin, en Alaska, y con Zelensky y otros líderes europeos, en Washington.
En una entrevista con The Daily Caller emitida el viernes pasado, comparó a ambos líderes con “niños”, al ser consultado sobre una posible reunión entre ellos, y admitió que la guerra podría continuar “un poco más”.
“No lo sé. Nos llevábamos bien”, señaló sobre Putin. “Ya lo vieron, hemos tenido una buena relación a lo largo de los años, muy buena, de hecho. Por eso pensé que lo haríamos. Me habría encantado. Quizás tengan que luchar un poco más. Ya saben, simplemente seguir luchando; estúpidamente, seguir luchando”.
“Ya saben, a veces la gente no está preparada. Utilizo una analogía. La he usado un par de veces. Tienes un niño y hay otro niño en el parque, y se odian, y empiezan a columpiarse y columpiarse, y quieres que paren, pero siguen”, graficó.
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