WASHINGTON.- En su primera reacción oficial, la Casa Blanca respaldó este martes la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida en El Salvador y negó que el presidente Nayib Bukele, un firme aliado de Donald Trump, esté dando pasos hacia una dictadura.
“La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, dijo un vocero del Departamento de Estado norteamericano a la agencia EFE.
“Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”, agregó el vocero.
Bukele publicó luego en X lo que definió como la “posición oficial de los Estados Unidos” sobre la reforma.
Bukele es el aliado más fuerte de Trump en América Latina, una relación cimentada por un acuerdo alcanzado en marzo para que El Salvador albergue a 238 venezolanos deportados de Estados Unidos en una prisión de máxima seguridad. En abril, Trump llamó a Bukele “un gran presidente”.
“[Bukele] sabe que Trump no le pondrá límites y que está completamente dispuesto a hacer la vista gorda ante la destrucción de la democracia salvadoreña”, dijo el fin de semana Juan Pappier, subdirector para América de Human Rights Watch.
El director de Cristosal, la ONG que se fue de El Salvador por la persecución política, coincidió. “Bukele se siente de alguna manera blindado por su sociedad” con Trump, dijo Noah Bullock.
En un trámite exprés, el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó el jueves pasado una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral.
En su primera reacción a la ola de críticas de organismos de derechos humanos internacionales, Bukele rechazó el domingo que la aprobación sea el “fin de la democracia”, al asegurar que las críticas a esa decisión se deben a que la tomó un país “pequeño y pobre”.
Bukele aseguró en la red social X que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia”, ironizó el mandatario de 44 años, que llegó al poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de votos que le permitió tener un control casi absoluto de todos los poderes del Estado.
“Por supuesto, se apresurarán a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto”, agregó en el mensaje, escrito en inglés.
Según Bukele, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria “con exactamente las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca”, las críticas seguirían.
“Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen. Y se espera que te mantengas en tu carril”, añadió.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideraron la decisión como un “golpe mortal” a la democracia y una “manipulación” a la Constitución.
El presidente salvadoreño goza de gran popularidad por su “guerra” contra las pandillas, que inició en 2022 y redujo a mínimos históricos la violencia en el país centroamericano.
Pero grupos de derechos humanos critican su política de seguridad porque está basada en un régimen de excepción que permite masivos arrestos sin orden judicial y restringe libertades.
La reforma constitucional fue aprobada tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
Muchos de los críticos más abiertos de Bukele han huido del país, entre ellos un centenar de periodistas y activistas de derechos humanos. En julio, Cristosal, el principal grupo de derechos humanos del país, suspendió sus operaciones.
Agencias AFP y Reuters
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