BRASILIA.- Después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenara la prisión domiciliaria del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sus aliados endurecieron la ofensiva en el Congreso.
Senadores y diputados del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y aliados presentaron el martes un “paquete de la paz”, que exige una amnistía “amplia, general e irrestricta” para los implicados en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023 y el juicio político al juez del STF Alexandre de Moraes, bajo amenaza de que, si esas propuestas no avanzan, paralizarán los trabajos del Congreso.
El plan opositor, presentado como un antídoto para “pacificar” el país y contra las sanciones promovidas por los Estados Unidos de Donald Trump, incluye además una enmienda constitucional para eliminar el fuero privilegiado, lo que llevaría procesos contra autoridades -entre ellas, Bolsonaro- a tribunales comunes.
“No vamos a dejar que la Cámara reabra sus trabajos mientras no haya un diálogo serio para buscar soluciones para Brasil”, advirtió Sóstenes Cavalcante, líder del PL en Diputados. Dijo que la bancada se mantendrá “atrincherada” y desplegará estrategias de obstrucción.
Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, calificó la decisión de Moraes como “ilegal” y lo acusó de actuar sin el respaldo de otros jueces ni del Ministerio Público.
“Tenemos una crisis institucional muy grave. No hay más tiempo para no tratar nuestros proyectos. Ahora es a todo o nada”, lanzó el senador Carlos Portinho, jefe del PL en la Cámara Alta, quien instó al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, a abrir el proceso de destitución contra el juez.
La prisión domiciliaria de Bolsonaro fue decretada el lunes por Moraes, en el marco de una investigación sobre las acciones del expresidente y de sus hijos para incentivar ante la Casa Blanca de Donald Trump sanciones contra Brasil. Según el magistrado, la familia Bolsonaro lleva adelante una extorsión al promover castigos contra autoridades y la economía brasileña a cambio de frenar el proceso en el que es acusado por intento de golpe de Estado.
En julio, Bolsonaro ya había sido blanco de medidas restrictivas, como el uso de tobillera electrónica. El juez consideró que incumplió esas obligaciones y, además de la prisión domiciliaria, le prohibió recibir visitas y ordenó la incautación de teléfonos celulares. Sus abogados sostienen que el expresidente no violó ninguna restricción.
La discusión sobre la amnistía, puesta otra vez en primer plano por la oposición, depende de que el presidente de la Cámara, Hugo Motta, la incluya en la agenda parlamentaria. En su ausencia, el vicepresidente de Diputados, Altineu Cortes, del PL, anticipó que forzará el debate apenas Motta delegue la presidencia ante un viaje al exterior. “Esa es la única forma de pacificar el país”, aseguró.
Por la tarde, la tensión se trasladó al recinto. Un grupo de unos 15 diputados bolsonaristas, con cinta adhesiva cubriéndoles la boca, ocupó la mesa directiva de la Cámara en señal de protesta contra lo que llaman “censura” del STF. Sentados en el estrado principal, permanecieron inmóviles y en silencio, con el objetivo de impedir que comenzaran las sesiones.
El gesto desató un cruce con el líder del PT, Lindbergh Farias, quien se acercó para reclamar que abandonaran el lugar. La discusión terminó en empujones, y el petista acusó a los legisladores de “secuestrar” la mesa del Parlamento. Los bolsonaristas insistieron en que no se moverían hasta que el presidente de la Cámara aceptara abrir un diálogo para viabilizar la amnistía a los acusados por el 8 de enero.
En un comunicado dirigido a la prensa, Alcolumbre criticó la ocupación por parte de parlamentarios opositores, señalando que esta acción impide el funcionamiento normal del Congreso y representa un acto arbitrario, alejado de los principios democráticos.
También anunció que convocará en los próximos días una reunión con los líderes partidarios para que prevalezca el buen juicio y se reanuden las actividades del Congreso en beneficio del país.
En paralelo, la reacción internacional no tardó en llegar. Tras el arresto domiciliario de Bolsonaro, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, organismo estadounidense vinculado al Departamento de Estado, criticó la decisión de Moraes por utilizar “las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición” e “imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente”.
Trump, que confirmó la semana pasada la imposición de un arancel del 50% sobre productos brasileños alegando, entre otros motivos, una “caza de brujas” contra Bolsonaro, señaló que estaría dispuesto a conversar con Lula para negociar el tarifazo cuando el presidente brasileño lo desee.
Pero integrantes del gobierno admitieron con preocupación al diario Folha de S. Paulo, bajo reserva, que el decreto de prisión domiciliaria podría exacerbar al presidente estadounidense a dos días de la entrada en vigor de las sanciones económicas anunciadas contra Brasil, y con la expectativa de que esta semana hubiera un diálogo de alto nivel entre ministros de Lula y de Trump.
Además del arancel del 50%, el gobierno estadounidense aplicó sanciones financieras contra Moraes, amparadas en la ley Magnitsky, prevista para graves violaciones de derechos humanos. Como condición para negociar esas sanciones, la Casa Blanca ha estado presionando por una amnistía para Bolsonaro, aliado de Trump.
Tanto el gobierno brasileño como el STF consideran esa presión una injerencia indebida en los asuntos internos del país. El Palacio del Planalto ha manifestado que no está dispuesto a negociar ese punto.
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