BOGOTÁ.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado este viernes a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, tras una histórica decisión de la Justicia que lo convierte en el primer exmandatario de ese país condenado y privado de libertad.
Uribe, de 73 años y el expresidente más influyente de Colombia, también será inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años, según un documento del veredicto filtrado por la prensa, y cuya autenticidad fue confirmada por abogados vinculados al proceso judicial.
Uribe, que gobernó dos mandatos consecutivos entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la Justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con paramilitares que cometieron crímenes contra civiles. Además de la prisión domiciliaria y la inhabilitación, la jueza Sandra Heredia le impuso una multa de 578.000 dólares.
La condena es la más reciente decisión en un largo proceso profundamente polarizado de casi 13 años, en el que los partidarios del dirigente alegaban persecución política y sus detractores pedían justicia por las víctimas.
Uribe se declaró inocente durante el juicio. La defensa del expresidente anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
“La peor manera”
Al comienzo de la audiencia Uribe arremetió contra la jueza en respuesta a una queja de la magistrada por filtrar la decisión antes de su lectura oficial.
Heredia se quejó por la filtración a medios de la sentencia oficial prevista para darse a conocer más tarde y aseguró que uno de los hijos del mandatario también contribuyó a la filtración.
“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, dijo Uribe al cortar la intervención de la magistrada. “¿Se puede callar, señor Uribe?”, respondió ella.
La sentencia se conoce en el preámbulo del inicio de las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en las que se elegirá un nuevo Congreso, así como el sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro y en las que competirán varios aliados del exmandatario.
También podría tener implicaciones en las relaciones con Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de Colombia y su mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó el fallo esta semana y Petro exigió respeto a la independencia del Poder Judicial, mientras algunos analistas advirtieron sobre un recorte de la ayuda de Estados Unidos a Colombia como respuesta. Días atrás el presidente Donald Trump anunció fuertes aranceles a Brasil en represalia por un fallo similar contra el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, de quien fue aliado en su primer mandato.
Presión a testigos
Previamente, la Justicia rechazó dos solicitudes de la Fiscalía para archivar el proceso contra Uribe. En 2012 el expresidente acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares, durante visitas del legislador a exintegrantes de esos grupos encerrados en prisión.
Pero en febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia dijo que Cepeda recopiló información como parte de su trabajo sin pagar ni presionar a exparamilitares. El tribunal aseguró en cambio que fue Uribe quien había actuado contra la ley, presionando a testigos a través de terceros.
La jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.
Uribe se unió a una lista de exmandatarios latinoamericanos que enfrentaron procesos penales e incluso fueron a la cárcel, como el peruano Alberto Fujimori, el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa y el panameño Ricardo Martinelli. El más reciente ha sido el de Cristina Kirchner, con prisión domiciliaria como Uribe.
Ofensiva militar
El exmandatario impulsó durante su administración una ofensiva militar que obligó a la guerrilla izquierdista a replegarse como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
Uribe, quien fundó el partido derechista Centro Democrático, opositor al gobierno de Petro, permaneció dos meses bajo arresto domiciliario en 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la Justicia.
El político, que renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la Fiscalía argumentando que la Corte no le ofrecía garantías, recordó durante el juicio que extraditó a Estados Unidos a los jefes paramilitares que permanecían en una cárcel y seguían delinquiendo.
En orillas políticas opuestas, Uribe y el presidente Petro han chocado con frecuencia sobre este caso. Los abogados de Uribe interpusieron una denuncia contra Petro por “hostigamiento y calumnia” ante una comisión de la Cámara baja con facultades para investigar a los mandatarios, según indicaron este viernes en un comunicado.
Los abogados aseguran que durante la semana Petro profirió acusaciones infundadas contra Uribe, atribuyéndole crímenes como narcotráfico.
Los ilegales escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla, pero se desbordaron con sangrientos ataques.
Una comisión de la verdad reveló que los grupos paramilitares, la mayoría desintegrados en 2005 en una negociación de paz que promovió Uribe, fueron responsables de al menos 205.000 asesinatos dentro del conflicto armado, más del 45% de los homicidios registrados.
Agencias AFP, AP y Reuters