CÓRDOBA.- En los últimos días, varios economistas advirtieron que la Argentina es cara -no sólo en dólares- y que la falta de competitividad complica a sectores productivos locales. En ese contexto, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (Cimcc) realizó un trabajo en el que advierte que los empresarios reportan que fabricar en la Argentina es más caro que en Brasil y que hay varias reformas laborales y tributarias no contempladas en los proyectos que se están barajando. Apuestan a “garantizar” que problemas no abordados se tengan en cuenta.
“No queremos ser testimoniales, sino propositivos. Es la manera de incidir en políticas industriales”, insistieron desde la Cimcc ante LA NACION. Parte de las iniciativas fueron entregadas a autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Nación en marzo y ahora están gestionando un segundo encuentro para el resto. En el Congreso, hicieron lo propio en la comisión de Legislación del Trabajo en el marco de la reforma sindical a la vez que hay contactos con distintos legisladores.
Trece propuestas fueron diseñadas por el Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, creado por la cámara conGastón Utrera, titular de Economic Trends. El economista indica que todas las mediciones se hacen en base a gemelos digitales de producción entre la Argentina y otros países.
Un problema a resolver, entienden, es la reforma del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que facilita que una persona inmediatamente antes de jubilarse demande a la empresa por incapacidades. “Es un planteo de los empresarios que hay que tratar de resolver -dice Utrera– por eso impulsamos que se fije que en los 12 meses previos al retiro no se puedan hacer este tipo demandas”.
El estudio apunta que, por la inmunidad que les da la ley, una elevada cantidad de delegados gremiales genera una “importante pérdida de productividad y competitividad, tanto por los incentivos sobre sus decisiones en su carácter de trabajadores como por los tiempos que pueden dedicar a la actividad gremial en detrimento de la actividad laboral”.
Por la ley 23.551 de 1988 corresponden dos en una Pyme de 10 empleados en dos turnos, lo que impacta en 20% del costo laboral total. Proponen que la cifra pase a un delegado en establecimientos de 50 a 100 operarios porque la norma quedó “anacrónica, ya que hoy hay formas de comunicación que en los ’80 no existían. Hay que bajar los costos bajando la sobre presentación gremial”.
Para lograr una reducción de alícuotas de ART entienden que son necesarias dos reformas complementarias. Por un lado, aumentar la competencia en ese mercado. Impulsan permitir el autoseguro (una alternativa que tiene “tantos requisitos” que hoy “solo una empresa en el país lo tiene”). La propuesta es un autoseguro gerenciado por las cámaras sectoriales, siguiendo la lógica de los fondos para indemnizaciones por despido.
Para bajar la litigiosidad laboral apuntan a cambiar el decreto 659/96 que reglamenta a las ART y fija rangos de incapacidades que van por rangos de 10% a 40%. “Eso que permite que el trabajador acuerde con la ART por un 20% y después pueda demandar a la empresa ante la Justicia por el otro 20% -explica Utrera-. Hay que modificar el decreto y poner el valor medio del rango y establecer que el consejo consultivo sea técnico, no pueda establecer rangos y fije un nuevo baremo en un plazo determinado”
En diálogo con LA NACION, Utrera insistió en que toda la “hoja de ruta” que diseñaron contemplan aspectos “y propuestas de soluciones” que no están en las macro reformas que están en análisis en diversos ámbitos del país. “Los empresarios no quieren que pase la oportunidad de hacer estos cambios porque el sobrecosto que generan es muy importante”, definió.
Para resolver un problema transversal a las empresas como son los saldos técnicos de IVA surgidos de la alícuota reducida de bienes de capital que alcanzan entre 7% y 9% del costo total, impulsan una cuenta única tributaria con libre transferencia de créditos que aproveche que, “en condiciones de equilibrio fiscal y baja inflación, el Estado no necesita recurrir a financiación compulsiva y que sea neutral en términos fiscales”.
Un segmento del trabajo analiza el costo energético. Analiza 17 locaciones en las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, y en países relevantes para la industria metalúrgica como Brasil y México. Las siete cordobesas están por encima de todas, a excepción de Mendoza y Puebla (México). Al 31 de marzo último, incluyendo tasas e impuestos, el kWh cuesta US$0,127; si se eliminaran todos los tributos (menos el IVA, que es neutro) quedaría en 0,110 por kWh (13,4% menos). La carga tributaria sobre la tarifa es un tema de debate -y judicialización- entre Nación, que pide que se elimine y las administraciones provinciales y municipales.
Por ejemplo, en el caso de la brasilera Minas Gerais solo 3,7% del costo total de la energía corresponde a tributos, mientras que en la provincia de Córdoba es de 13% en la ciudad capital y en Villa María y de 16% en Río Cuarto, Marcos Juárez y San Francisco. En Buenos Aires es del 11% y, en Santa Fe, de entre 7% y 8,3%.
“Hay mejores formas de que los municipios, por ejemplo, recauden dinero para pagar los costos de la energía de la iluminación. Estamos ayudando a diseñar mejores alternativas para que no se distorsionen los costos industriales y no se castigue a los electrointensivos”.