Un juez federal prohibió al ministerio de Seguridad de la Nación, filmar, interceptar o requisar a los ciudadanos que este miércoles participen de la marcha en apoyo al paro que dispuso la CGT contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
La medida que restringe los alcances del “protocolo antipiquetes” que anunció la ministra Patricia Bulrrich deriva de un pedido de habeas corpus presentado por militantes de agrupaciones gremiales, universitarias y sociales que tienen previsto participar en las protestas que se realizarán en la ciudad de Buenos Aires en coincidencia con la huelga de la central obrera.
La resolución está firmada Ernesto Kreplak, a cargo del juzgado Federal Nro 3 de La Plata y ordena a la ministra Bulrrich que “se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad de la Nación que impliquen que el próximo miércoles 24 de enero, se filmen y/o se intercepten a personas en la vía pública -particularmente a bordo de transportes o en los accesos a las unidades de trenes, todo ello dentro de la jurisdiccional territorial de este Juzgado- con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa”.
La resolución judicial a la que tuvo acceso Clarín, alcanza el ámbito de competencia del juzgado de Kreplak, o sea casi todo el conurbano sur y las principales estaciones de trenes de acceso a CABA por los ramales que llegan hasta la terminal de Constitución.
Este miércoles la Confederación General del Trabajo realizará un paro a partir del mediodía, 45 días de la llegada de un nuevo gobierno a la Argentina.
Juez Ernesto Kreplak, en la comisión de Acuerdos del Senado.
Horas antes de la medida de protesta, desde el ministerio que conduce la ex candidata presidencial de JxC advirtieron que la organización gremial no se está habilitada "para asegurar, autorizar o restringir ningún tipo de circulación".
Y recordaron que está en plena vigencia el “Protocolo para el mantenimiento del orden publico ante el corte de vías de circulación”, establecido en la resolución 943 del 2023, conocido como “protocolo antipiquetes”. Es una de las improntas con que Bulrrich quiere marcar la orientación de su gestión en el ministerio.
El juez
Kreplak es el mismo juez que investiga las denuncias contra Martín Insaurralde por su viaje a Marbella con una modelo e influencer. Ese proceso tiene imputadas también a Sofía Clérici (con quien realizó el tour por el mar Mediterráneo en un yate de lujo) y su ex pareja, Jésica Cirio.
El magistrado dispuso allanamientos, pedido de inhibición de bienes y embargos en los patrimonios de los involucrados. Sospecha que podrían ser responsables de lavado de activos y malrversación de fondos públicos (en el caso del ex intendente de Lomas de Zamora).
Interviene en ese expediente porque subroga (reemplaza temporariamente) al juez de Lomas que se declaró incompetente.
Ahora, Kreplak –hermano del ministro de Salud de de la Provincia, Nicolás- hizo lugar a un planteo de seis dirigentes de organizaciones sociales y gremiales (entre ellas una jubilada de Suteba) que pidieron que se suspendan las acciones preventivas contempladas en el sistema de control que dispuso Bullrich hace un mes.
Los demandantes plantearon que en las manifestaciones del 20 y 23 de diciembre cuando protestaron por las primeras decisiones de la gestión de Milei, se detectaron agentes de fuerzas federales que filmaban a los participantes. Y otros agentes que controlaban e interceptaban a quienes viajaban en transporte público.
Todo, sin una orden judicial que avale esa actuación, según denunciaron.
Por eso Kreplak sostiene que “desde mi punto de vista del suscripto, la eventual intervención de las fuerzas de seguridad llevando a cabo procedimientos como los descriptos, sin orden judicial previa, por el sólo hecho de presumir que van a participar de una movilización social, implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional”.
Cuando decidió aceptar el recurso, Kreplak le pidió al ministerio de Seguridad que informe si tiene previsto ordenar alguna de esas medidas para que las efectúen fuerzas federales. La cartera respondió que no. No obstante, el juez no quiere dejar margen para una eventual fisura en el procedimiento.
Protesta en diciembre de la CGT, frente a Tribunales. Foto: Xinhua.
Entonces ordenó “al Ministerio de Seguridad de la Nación que, en línea con lo informado por esa cartera ministerial, se abstenga de expedir ordenes a las fuerzas de seguridad de la nación que impliquen que el próximo miércoles 24 de enero, se filmen y/o se intercepten a personas en la vía pública”.
Kreplak sugiere que, en caso de ocurrir este tipo de situaciones en la protesta de este miércoles, se deberá investigar la actuación de los policías que participen en los operativos.
El juez platense rechazó un pedido de declarar inconstitucional al “protocolo antipiquetes” como habían reclamado los mismos dirigentes que obtuvieron el habeas corpus preventivo.
La Plata (Corresponsalía)
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