La apuesta vial del Gobierno, para entregar la concesión de 9000 kilómetros de rutas nacionales con peaje, prácticamente se ha convertido en un formidable concurso de constructoras ávidas por quedarse con un “negocio de bacheo y jardinería” por 30 años. Eso sí, a cambio de un peaje que, a decir de la cantidad de ofertas, parece atractivo.
Una vez más, con la apertura de la Etapa III de la Red de Concesiones Viales, las empresas viales más importantes del país corrieron para quedarse con un negocio que las atrae de sobremanera. De hecho, por estos 3900 kilómetros de corredores que recorren 11 provincias, se interesaron 57 empresas que presentaron 20 propuestas.
Y como ya sucedió en los tramos que ya se adjudicaron, las concesiones que establece este esquema son mantenimiento de la cinta asfáltica y corte de pasto en las banquinas, pero prácticamente sin ninguna obligación de expansión de infraestructura. Para que se entienda: de los 9000 kilómetros que se licitan en este tiempo, 3000 ya son autovías y de los 6000 kilómetros restantes, solo 300 prevén la expansión de la infraestructura.
Tal es la poca obra prevista que el Gobierno prepara otra etapa de licitaciones para mejorar la infraestructura. Lo paradójico es que muchas de esas obras quedarán dentro del esquema de concesiones que se entrega por estas horas.
El peaje, que se cobrará con el sistema de free flow, es decir, electrónico y sin cabinas, varía según el tramo. En las rutas que se licitaron, es de alrededor de 3 dólares más IVA por cada 100 kilómetros. Además, el proceso de privatización de corredores prevé llevar las estaciones de cobro de las actuales 39 a cerca de 89.
El anuncio fue confirmado por el titular de la cartera, Luis Caputo, a través de una publicación en su cuenta de la red social X. En ella, el ministro remarcó el cambio de paradigma en el mantenimiento de la red vial sin la intervención directa del Poder Ejecutivo: “Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”.
“Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100% privada”, destacó el titular del Palacio de Hacienda.
En rigor, la inversión que sucede en los corredores que ya se entregaron la aportó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una entidad pública que financia al sector privado. Pero, del bolsillo de las empresas, no hay mucho para el mundo vial.
El detalle
Esta tercera fase de rutas a licitar abarca ocho tramos distribuidos en 11 provincias: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.
Los tramos comprendidos en esta etapa de la Red Federal de Concesiones son:
Las ofertas
Las oferentes son prácticamente las mismas que participan en las licitaciones que ya se entregaron, como la ruta del Mercosur (complejo de los corredores 12 y 14, en la Mesopotamia), la ruta 5 que une Luján con Santa Rosa, La Pampa, y los tramos de la ruta 3 y la autopista Ezeiza-Cañuelas.
Esta vez fueron de la partida IEB Construcciones; Afema; Luciano Construcciones; la neuquina CN Sapag; Inmac; Panedile Argentina, del arrepentido en la causa Cuadernos, Hugo Dragonetti; Lemiro Pablo Pietroboni, también investigada en ese juicio; Creditech; CPC, Cristóbal López; y una particularidad: Autovía Construcciones y Servicios, una empresa del procesado Grupo Cartellone.
El punto es que, además de esa empresa, que maneja ya una concesión en la ruta 12 entregada por este gobierno, la familia mendocina que tiene a cuatro de sus principales ejecutivos como procesados en Cuadernos también se presenta con otra cara, ya que hay una oferta de la firma José Cartellone Construcciones Civiles.
Hubo, además, varias ofertas que se presentaron en UTE. Por caso, José E. Pitón–Rovial–Obring, sumaron a Edeca y en dos consorcios ofrecieron por dos tramos. Completaron la lista Carlos E. Enríquez–Hormi; Laugero–Green–Corporación del Sur; Paolini–Semi C&E–Dos Arroyos; Basaa–Cecosa; JCR–Néstor J. Guerechet y, finalmente, Chediack–Roggio.
El nuevo esquema implementado a través de la Red Federal de Concesiones, el Gobierno Nacional transferirá la operación y conservación. Sin embargo, la ampliación de las calzadas es muy limitada, ya que el plan de obras establecido es prácticamente inexistente.
Según precisó Caputo, la iniciativa alcanza una proyección superior a los 9000 kilómetros de rutas nacionales en proceso de concesión, y por la red comprendida bajo el nuevo marco licitatorio circula aproximadamente el 80% del tránsito vehicular y de carga del país.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resaltó en su cuenta de X: “Con esta etapa se va completando la privatización de la red troncal de transporte vial. Un paso trascendental para la producción y la seguridad vial”.