LA PAZ.– El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes una reducción del 50% de su salario y del de sus ministros, en momentos en que el país ingresa en la cuarta semana de protestas. La medida busca descomprimir el conflicto social y contener la presión de los manifestantes, que exigen su renuncia inmediata.
El mandatario, de 58 años, asumió la jefatura del Estado en noviembre pasado y enfrenta ahora la crisis más relevante de su gestión. El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión, marcado por el cerco a la sede de gobierno y movilizaciones en varias regiones del país.
El sueldo del presidente es de 24.000 bolivianos, equivalentes a unos 3448 dólares, un monto establecido por decreto en 2024 y que no había sido modificado hasta ahora. Paz dio a conocer la decisión en Sucre, durante un acto cívico regional, y presentó la rebaja de sus haberes como parte del “esfuerzo” y el “compromiso” de su gobierno con la nación.
La medida, sin embargo, llega en medio de un escenario cada vez más convulsionado. Bolivia ingresó este lunes en su cuarta semana de protestas, con miles de manifestantes que avanzan hacia La Paz, donde se concentran las principales sedes del poder político y administrativo. En la marcha participan obreros, campesinos y transportistas, entre otros sectores.
El país atraviesa su crisis económica más profunda en cuatro décadas. Las protestas, encabezadas por sindicatos de maestros, mineros, campesinos y trabajadores fabriles, comenzaron a principios de mayo tras una convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB), la organización laboral más influyente del país y principal articuladora de las medidas de presión en los departamentos.
Los sectores movilizados rechazan la política económica liberal impulsada por el Ejecutivo. Entre sus principales reclamos figuran aumentos salariales, respuestas urgentes a la crisis de abastecimiento y soluciones al deterioro del suministro de combustibles.
Uno de los puntos que agravó el conflicto fue la denuncia por la distribución de combustible de mala calidad. Según los manifestantes, ese carburante provocó daños mecánicos en miles de vehículos, lo que sumó al malestar a choferes y propietarios de unidades de transporte.
La administración de Paz marcó un giro en la conducción del Estado tras dos décadas de gobiernos de izquierda, encabezados primero por Evo Morales, entre 2006 y 2019, y luego por Luis Arce, entre 2020 y 2025. El actual mandatario buscó acercarse a Estados Unidos, a los sectores empresarios y a los organismos financieros internacionales, una nueva orientación que profundizó la distancia con los gremios laborales que hoy sostienen las protestas.
La tensión se refleja en las rutas. Actualmente se registran unos 50 bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, lo que provocó escasez de productos básicos, incluidos alimentos y medicamentos de uso urgente, además de faltantes de gasolina en estaciones de servicio de áreas urbanas. Las ciudades más afectadas son La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Potosí, ubicadas en el centro y el oeste del país.
El gobierno desplegó operativos para abrir corredores de emergencia que permitan el ingreso de suministros a las zonas aisladas. Pero esas acciones derivaron en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que custodian los cortes de ruta.
A raíz de los hechos de violencia registrados el sábado, quedó suspendida la reunión de diálogo con los campesinos prevista para el domingo. Mientras tanto, cientos de efectivos de la policía antimotines resguardan la plaza de armas y el Palacio de Gobierno para impedir el ingreso de la marcha.
Desde Sucre, Paz volvió a convocar a las organizaciones sociales a una mesa de diálogo para resolver sus demandas. Sin embargo, descartó cualquier negociación con sectores radicales que recurran a la violencia como método de presión política. También advirtió que no permitirá que una minoría “gobierne” o “abuse” del resto de la población mediante los bloqueos, y prometió hacer cumplir la Constitución frente a los pedidos de interrupción de su mandato.
Agencias ANSA y AFP