Las cooperativas eléctricas bonaerenses encendieron una señal de alarma por la situación financiera que atraviesa el sector. En una reunión con autoridades provinciales, advirtieron por las dificultades para afrontar las deudas acumuladas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), sostener inversiones en infraestructura y recomponer el atraso tarifario que arrastran desde el congelamiento de tarifas dispuesto a fines de 2019.
El planteo fue realizado por la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) durante un encuentro con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato. Allí, las entidades hicieron un diagnóstico de la “crítica situación” que afecta a las cooperativas eléctricas de la provincia.
“El congelamiento tarifario tuvo lugar a fines de 2019 y desde entonces las entidades se vieron forzadas a decidir, porque los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir esos costos que aumentaban: o incumplían con sus obligaciones laborales o tributarias o dejaban de pagar las facturas de compra de energía, sea a Cammesa (en el caso de las cooperativas agentes del MEM, que le compran directamente) o a la distribuidora ‘aguas arriba’ que les proveía de electricidad (en el caso de las cooperativas no agentes del MEM”, explicó Roberto Otero, presidente de FICE.
Según detalló, en el caso de las cooperativas que son agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la deuda se acumuló directamente con Cammesa. En cambio, aquellas que no operan en el MEM dejaron de pagar a la distribuidora “aguas arriba” que les proveía de electricidad.
Desde la federación señalaron que “casi la totalidad de las cooperativas” optó por postergar los pagos vinculados a la compra de electricidad, una decisión que impactó de lleno sobre sus balances y elevó significativamente los pasivos del sector. Según remarcaron, este problema fue parcialmente reconocido por las autoridades nacionales y provinciales, ya que implementaron distintos mecanismos de regularización y esquemas de actualización tarifaria transitoria, que permitieron mejorar parcialmente los ingresos de las entidades, especialmente desde 2022.
“Si bien los reajustes mejoraron sustancialmente las perspectivas de nuestras empresas, todavía dejan dos problemas sin una solución definitiva: el flujo de repago del stock de deuda regularizado, cuyo reconocimiento por la tarifa depende de la realidad económica de cada cooperativa; y las inversiones en redes dejadas en suspenso durante el congelamiento, que ha afectado la calidad de servicio, sobre todo en zonas rurales aisladas», sumó Otero.
Durante el encuentro se conversaron distintas alternativas de solución, centrándose en los aportes que el IPAC podría hacer para encontrar una solución dentro del ámbito de su competencia. También se discutió la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital de las cooperativas (ley 23.427).