BRASILIA.– En la silenciosa inmensidad del estado de Goiás, en el centro-oeste brasileño a 300 kilómetros de Brasilia y lejos de los despachos diplomáticos, Estados Unidos acaba de ejecutar un movimiento de piezas que redefine la arquitectura del poder en América Latina.
La confirmación de la compra de la minera Serra Verde por parte de un consorcio estadounidense no es una simple transacción de mercado, sino la captura de un seguro de vida para la industria militar de Washington.
Al asegurar la única operación de tierras raras a escala fuera de Asia, la administración de Donald Trump planta bandera en el subsuelo brasileño para quebrar el monopolio que China ejerce sobre los minerales que definen la tecnología del siglo XXI.
La operación, valorada en unos 2800 millones de dólares, marca un punto de no retorno. La empresa USA Rare Earth tomó el control de esta reserva estratégica respaldada por el financiamiento directo de la Development Finance Corporation (DFC), el brazo de inversión del gobierno estadounidense. Para los analistas, la presencia de la DFC elimina cualquier pátina de “negocio privado”.
“No estamos ante un mero movimiento comercial, sino ante una extensión de la política de la Casa Blanca”, explica a LA NACION el profesor Roberto Goulart Menezes, de la Universidad de Brasilia (UnB).
El objetivo declarado de esta adquisición es crear una empresa multinacional capaz de liderar toda la cadena productiva: desde la extracción de las tierras raras en el centro de Brasil, pasando por las complejas etapas de separación y procesamiento de estos elementos, hasta la fabricación final de los superimanes. Estos componentes son hoy el corazón tecnológico de los motores de autos eléctricos, las turbinas eólicas y, fundamentalmente, de los cazas militares y misiles de última generación.
Para blindar este flujo, el contrato establece un régimen de exclusividad por quince años, un plazo que garantiza que la producción de Serra Verde alimente prioritariamente a la industria norteamericana.
También es declarada la intención de reducir la dependencia crítica de las industrias de Estados Unidos en relación con China. El gigante asiático concentra actualmente todas las etapas del proceso, respondiendo por casi el 80% de la extracción de tierras raras, el 89% de su separación y más del 90% de la producción global de superimanes.
Para Maurício Santoro, politólogo y experto en relaciones con China, este escenario sitúa a Brasil en un lugar privilegiado pero peligroso. “La mayor reserva del mundo está en China y la segunda está en Brasil. Las tierras raras se han vuelto un arma en las disputas geopolíticas; son el petróleo del siglo XXI”, señala el profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Para Santoro, este acuerdo es un preludio de las tensiones que dominarán los próximos años, donde Brasil actúa como un fiel de la balanza tecnológica global.
Sin embargo, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta mostrar un “no alineamiento” que genera cortocircuitos con Washington. Goulart Menezes destaca que la postura del Planalto no busca una ruptura, sino una negociación desde la propia estrategia nacional. “Brasil no tiende a tornarse, con Lula, un aliado incondicional o una alternativa a los chinos. Quiere asociaciones internacionales, pero orientadas por su propia estrategia de desarrollo”, afirma el profesor de la UnB.
Este avance estratégico en Goiás ocurre en el momento de mayor fricción institucional entre Brasilia y Washington. La reciente crisis por la retirada de credenciales a agentes de inteligencia y seguridad es, para los expertos, un síntoma de una agenda cargada e ideologizada. El roce escaló tras la detención en Orlando del exdiputado Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia de Jair Bolsonaro prófugo allí tras haber sido condenado a más de 16 años de cárcel por haber sido parte de la trama golpista para impedir la asunción de Lula da Silva.
El episodio derivó en una acusación grave desde los Estados Unidos: Washington sostiene que un agente brasileño de la Policía Federal (PF) realizó tareas de espionaje ilegal contra Ramagem en territorio estadounidense para provocar su detención.
Según esta versión, el agente actuó movido por motivaciones políticas dictadas desde Brasilia, lo que rompió los protocolos de cooperación bilateral y llevó a la Casa Blanca a revocar su inmunidad y expulsarlo del país.
El gobierno brasileño, en un acto de reciprocidad, respondió retirándole la credencial al representante del ICE en Brasilia, profundizando lo que Santoro califica como un incidente “sin precedentes” en la historia de la cooperación policial de ambos países.
Pero hay un factor que desvela a los asesores de Lula: la posibilidad de una interferencia directa de Donald Trump en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre. La desconfianza es tan profunda que incluso fuentes dentro del aparato diplomático norteamericano admiten el riesgo.
“Es una posibilidad bastante real. ¿Lo hará? No lo sabemos, es una incógnita”, reconoce con pesimismo un alto diplomático estadounidense con oficina en Brasilia ante la consulta de LA NACION.
Para Santoro, la política exterior será, por primera vez en décadas, un tema central de la campaña. “Existe la especulación de que Trump podría declarar a los carteles brasileños (Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho) como organizaciones terroristas, lo que beneficiaría a la oposición y perjudicaría enormemente a Lula”, advierte.
El presidente Lula intenta navegar esta tormenta con un discurso de soberanía, contrastando su agenda de “paz y alimentos” frente a la lógica de “guerra” que atribuye a la gestión de Trump.
Brasil está frente a una grieta incómoda. Mientras sus líderes intercambian gestos de hostilidad diplomática y retiran credenciales en una coreografía de desconfianza mutua, una alianza forzada, en las tierras profundas de Goiás, obligará a Brasilia y Washington a convivir, aunque sea de espaldas, durante los próximos quince años.