LIMA.– Perú se encaminaba este martes a una segunda vuelta presidencial luego de que ninguno de los 35 candidatos lograra una victoria directa, en medio de un escándalo por graves deficiencias en el proceso de votación que involucraron a las autoridades electorales y a la empresa contratista del sistema.
La derechista Keiko Fujimori y el ultraconservador Rafael López Aliaga lideraban el lento conteo al computarse cerca del 80% de los sufragios, luego de que la elección en varias mesas de Lima debió continuar el lunes, al día siguiente de la votación general.
Fujimori se mantenía primera rozando el 17%; según el cómputo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ese respaldo es insuficiente para asegurarle una victoria en primera vuelta para la que la ley exige el 50% más uno del total.
López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con 12,5% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto. En tercer lugar estaba Jorge Nieto con 11,6% y con chances matemáticas de ingresar a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.
Todas las encuestas previas habían anticipado que ningún candidato obtendría el 50% necesario para ganar en primera vuelta , y que se prolongaría la incertidumbre en el tercer mayor productor mundial de cobre, que busca frenar los escándalos de corrupción y el aumento del crimen.
Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Durante la campaña la dirigente política prometió combatir la delincuencia con un despliegue de las Fuerzas Armadas y con la construcción de nuevas cárceles, además de reforzar la capacidad del trabajo de inteligencia de la policía.
El principal factor que lleva a Keiko Fujimori a la segunda vuelta es el mismo de las pasadas tres elecciones: el voto duro del fujimorismo, y la estructura partidaria de Fuerza Popular, “que es de las más fuertes del país”, según explicó el politólogo Enrique Castillo en declaraciones al diario El Comercio.
La lentitud en el conteo, aunque mayor al promedio de los países de la región, también caracterizó a los últimos comicios presidenciales de Perú en 2021, cuando el 100% se alcanzó cinco días después de la votación. Pero las cosas esta vez fueron más graves.
Por problemas relacionados con la distribución del material electoral, el Tribunal Electoral ordenó el domingo continuar el lunes la votación para 52.561 personas que no habían podido sufragar en una decena de colegios en Lima.
Tanto las autoridades electorales como la empresa encargada de llevar adelante el proceso están en el ojo de la tormenta por las deficiencias registradas, y que llevó a algunos de los candidatos a denunciar fraude.
López Aliaga pidió a las autoridades electorales declarar la “nulidad” de los comicios por vicios no comprobados en el proceso. El Jurado Nacional de Elecciones “tiene que actuar, declarar nulo todo este proceso, o que vea cómo soluciona esto”, dijo a la prensa. “Lo que estoy diciendo es algo más de fondo: es nulidad”, precisó a la AFP.
El exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, quedó detenido por presunta omisión de funciones, luego de conocerse las fallas logísticas del proceso electoral. Samamé Blas había presentado la renuncia el mismo día de los comicios.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó asimismo por unanimidad iniciar una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por el deficiente desempeño del organismo.
Corvetto compareció este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las fallas registradas. En su defensa, negó que hubieran existido “graves irregularidades”, como lo entiende la mayoría de la prensa y la politica, sino que a su criterio se trató de un “error puntual extraordinario” que afectó de manera focalizada a determinados sectores de la capital.
Galaga, la empresa responsable de la logística y por lo tanto de no haber distribuido a tiempo parte del material electoral, quedó también bajo investigación. Por lo pronto se difundió que cuenta con un amplio historial desde 2018 de contrataciones con el Estado y que desde entonces acumulaba penalidades y advertencias.
De acuerdo con la cadena Rpp, agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron el mismo domingo a las oficinas principales de la empresa para reunir información.
Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.
En el último quinquenio las denuncias por extorsión -un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público- se multiplicaron por cinco, mientras los asesinatos se duplicaron.
Quienes pasen al balotaje se enfrentarán a un dividido Congreso bicameral, de 130 diputados y 60 senadores, que se eligió también en este proceso electoral, y que podría complicar los esfuerzos del próximo gobernante para aprobar leyes contra el aumento del crimen y evitar riesgos de destitución. El Senado dispondrá de amplios poderes, lo que pondrá una presión adicional al jefe de Estado.
La vertiginosa rotación de presidentes impulsada por un fragmentado Congreso y alianzas débiles con los gobernantes llevaron a que ningún mandatario lograra terminar en la última década su periodo de cinco años, con un total de ocho presidentes desde 2016.
Agencias AP, Reuters y diario El Comercio/GDA