“Es algo hermoso”, dijo recientemente el presidente Donald Trump, al especular sobre una empresa conjunta con Irán para actuar como guardianes del estrecho de Ormuz. Ese mismo día publicó en Truth Social: “Se ganará mucho dinero” gestionando el “congestionamiento del tráfico” allí.
Son comentarios reveladores. No porque sean escandalosos —Trump ha dicho muchas cosas escandalosas—, sino porque condensan una visión del mundo. Sugieren un cambio en la forma en que Estados Unidos podría concebir su papel: no como garante de un sistema, sino como parte de un negocio.
Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos adoptó una mirada distinta. La libertad de navegación no se entendía como un privilegio que pudiera venderse, sino como un derecho que debía defenderse. La primera intervención militar de la joven república —la cuasi guerra con Francia— se libró en parte por las interferencias al comercio marítimo estadounidense. Poco después, el país enfrentó a los piratas de Berbería, negándose a pagar tributos por el paso seguro y recurriendo en cambio a la fuerza para establecer el principio de que el comercio debía circular libremente por los mares.
Ese compromiso se profundizó con el tiempo. En la era moderna, Estados Unidos patrulló los océanos del mundo para garantizar que los puntos críticos —desde el estrecho de Ormuz hasta el de Malaca— permanecieran abiertos. Lo hizo a un gran costo, no para cobrar peajes, sino para sostener un bien común global. Mares abiertos sostendrían el comercio abierto, que a su vez fomentaría el crecimiento, la estabilidad y, en última instancia, la paz.
No es así como piensa Trump. En su visión, el estrecho de Ormuz no es una arteria global, sino un activo: algo que puede monetizarse. ¿Por qué ofrecer seguridad como un bien público si puede transformarse en un negocio? ¿Por qué sostener un sistema si se puede cobrar entrada?
Este impulso va más allá de unas pocas frases. Refleja una visión más amplia que entiende las relaciones internacionales menos como la gestión de un orden compartido y de valores comunes, y más como una serie de transacciones. En ese mundo, cada compromiso es negociable, cada alianza es condicional, cada bien público un potencial centro de ganancias.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió no solo como la nación más poderosa del planeta, sino como el arquitecto de un sistema internacional basado en reglas, apertura y cooperación. Washington promovió el libre comercio, respaldó instituciones multilaterales y mantuvo un paraguas de seguridad que se extendía mucho más allá de sus fronteras. Lo hizo no solo por altruismo, sino porque entendía que ese sistema también serviría a sus intereses.
Y así fue. Un mundo de mercados abiertos y rutas marítimas seguras permitió que el comercio global floreciera —con Estados Unidos en el centro—. Las empresas estadounidenses prosperaron. El dólar se convirtió en la moneda dominante, lo que mantuvo bajas las tasas de interés en el país a medida que se endeudaba cada vez más con el resto del mundo. La influencia estadounidense se expandió por los continentes no a través de la coerción, sino de la atracción y la interdependencia. (Y cuando recurrió a la coerción, su poder a menudo se redujo en lugar de ampliarse).
Todo esto requirió una determinada mentalidad. Implicó mirar más allá de las ganancias inmediatas hacia ventajas de largo plazo. Implicó aceptar que algunas inversiones —en seguridad, en instituciones, en alianzas— no generarían retornos rápidos, pero sí dividendos a lo largo de décadas. Implicó entender que la legitimidad y la confianza son activos estratégicos.
El enfoque de Trump invierte esa lógica. Prioriza lo inmediato sobre lo duradero, lo tangible sobre lo intangible. Si se puede presionar a los aliados para que paguen más, eso es una victoria. Si se puede forzar a los socios comerciales a hacer concesiones, eso es un éxito. Si los compromisos estratégicos pueden transformarse en fuentes de ingresos, mejor aún. Los costos —en credibilidad reducida, alianzas debilitadas, confianza perdida y un sistema erosionado— son difusos y diferidos. Las ganancias son inmediatas y visibles.
El académico Stephen Walt ha descrito este comportamiento como el de un “hegemón depredador”. Lo cierto es que la mayoría de las potencias hegemónicas lo fueron. Las grandes potencias han gravado rutas comerciales, exigido tributos y explotado su dominio para obtener beneficios directos. Lo hizo Roma. Lo hicieron los Habsburgo. Lo hicieron la Francia de Napoleón y la Alemania imperial. Incluso Gran Bretaña, a menudo vista como liberal, administró su imperio de maneras que enriquecieron a la metrópoli.
Lo que distinguió a Estados Unidos no fue la ausencia de interés propio, sino la forma en que lo persiguió. Construyó un sistema al que otros podían sumarse porque ofrecía beneficios amplios. Moderó su poder incluso cuando lo ejercía. Eligió, en otras palabras, ser un hegemón ilustrado: uno que entendía que la manera más segura de sostener su predominio era hacerlo aceptable.
Esa elección hoy está en duda.
Tratar al estrecho de Ormuz como una cabina de peaje en lugar de un bien común global es no entender ni la historia ni la estrategia. Estados Unidos se beneficia más no de cobrar por cada barco que pasa, sino de construir un mundo en el que el comercio fluya libremente y su posición central se refuerce. Abandonar ese modelo por una extracción de corto plazo es cambiar una ventaja duradera por una ganancia efímera.
Si Estados Unidos se convierte en otro hegemón depredador, descubrirá lo que la historia ha mostrado una y otra vez: ese tipo de poder es temido, resentido y, en última instancia, resistido. Y con el tiempo, no se sostiene, sino que es reemplazado.