CARACAS.- Casi dos meses después de la sanción de la ley de amnistía en Venezuela, la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal advirtió que el proceso de liberación de presos políticos se desaceleró, registrándose todavía 485 personas encarceladas en el país. El reclamo apunta al gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación de Estados Unidos en Caracas.
“Lamentablemente, la Ley de Amnistía está sirviendo más como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos —que hoy suman 485— que para acelerar su liberación», apuntó el director de Foro Penal, Alfredo Romero en su cuenta de X.
Hasta la semana pasada, la ONG contabilizaba 490 detenidos por motivos políticos, con lo cual ocurrieron sólo cinco excarcelaciones en los últimos días. Entre los detenidos por razones políticas figuran 44 extranjeros o personas con doble nacionalidad, 187 son militares, 45 mujeres y uno es adolescente.
Además, se advierte que al menos 11 adultos mayores de 70 años permanecen detenidos arbitrariamente, casos en los que, según el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, ni siquiera sería necesaria la amnistía, ya que la legislación vigente permitiría su excarcelación por razones humanitarias.
El Parlamento venezolano informó a fines de marzo que 8.146 personas se han beneficiado de la amnistía, incluyendo 310 que estaban encarceladas y 7.836 que estaban excarceladas, pero con diversas restricciones, sin gozar de libertad plena.
Sin embargo, la ONG que monitorea estos casos, cuestiona su impacto real en la liberación de los presos políticos.
Por su parte, el gobierno interino de Rodríguez tampoco difundió una lista pública y detallada de los beneficiados con la ley, sino que se mantiene hermético sobre este asunto. Una de las principales demandas de la ciudadanía y de las organicaciones de derechos humanos que exigen transparencia en la la inmediata liberación de los detenidos por razones políticas.
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el 19 de febrero la Ley de Amnistía que, de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos, presentaba un alcance limitado y no garantizaba la liberación de cientos de presos políticos.
La norma contempla la posibilidad de liberar a personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos entre 2002 y 2025.