BRASILIA.- En una decisión de alto voltaje político, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves la llamada ley de la “dosimetría”, una norma aprobada por el Congreso que buscaba reducir drásticamente las condenas de los participantes en la trama golpista del 8 de enero de 2023, aliviando el horizonte judicial del expresidente Jair Bolsonaro.
Al cumplirse exactamente tres años del asalto a las sedes de los tres poderes, cuando grupos insatisfechos con la victoria de Lula en las elecciones del año anterior invadieron y destruyeron los edificios públicos en Brasilia, Lula utilizó su lapicera para frenar lo que el oficialismo y la Corte Suprema calificaron como una “amnistía encubierta” para liberar a los militantes de ultraderecha presos y Bolsonaro.
“La democracia no es una conquista inquebrantable. Es una obra en construcción que debe ser defendida con uñas y dientes día tras día”, dijo Lula durante el acto oficial, en el Salón Noble del Palacio presidencial del Planalto.
La medida del Congreso tenía a Bolsonaro como un beneficiario tácito pero evidente. Con las nuevas reglas, el expresidente, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por la trama que intentó subvertir el orden democrático, podría obtener el beneficio de un régimen semiabierto en poco más de dos años.
El gesto de Lula pone un freno -al menos temporal- a una legislación polémica, pero amenaza con dinamitar puentes de diálogo con los partidos de centroderecha en el Congreso, en un año clave por las elecciones presidenciales de octubre.
Aunque Lula tenía hasta el día 12 de enero para vetar la propuesta, el gobierno decidió que el acto de memoria de este jueves fuese usado como el escenario político para el anuncio del veto.
La solemnidad del discurso institucional de Lula fue eclipsada por la temperatura de la militancia oficialista al concluir el discurso.
Apenas Lula estampó su firma en el veto, la platea, una mezcla de funcionarios, sindicalistas y líderes sociales, hizo retumbar las paredes del salón con un grito unísono: “¡Sem anistia! (¡Sin amnistía!)”, consigna convertida en mantra por sus simpatizantes desde la asunción de Lula en 2023.
Rompiendo la distancia protocolar tras el discurso, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se dirigió hacia la salida principal de la casa de gobierno para bajar la icónica rampa del Palacio presidencial del Planalto, vandalizado hace tres años.
Flanqueado por la primera dama, “Janja” da Silva, y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, Lula levantó los brazos saludando a los miles que habían seguido el acto bajo el sol, a través de una pantalla gigante instalada en la Plaza de los Tres Poderes.
A sus pies, en los jardines externos del palacio, miles de pequeñas plantas y flores formaban, en letras gigantes y perfectamente podadas, la palabra “Democracia”.
En el Congreso la reacción fue rápida. El diputado Paulinho da Força, del partido Solidariedade y relator del proyecto de ley vetado, acusó al presidente de elegir el conflicto por sobre la pacificación nacional.
“El Congreso entregó la bandera blanca de la paz de Brasil en las manos de Lula. ¿Saben lo que él hizo? La rasgó y le prendió fuego”, disparó Paulinho, en un video divulgado minutos después.
El argumento de la oposición es que la ley de dosimetría, aprobada en diciembre por ambas cámaras, no era una amnistía, sino un ajuste de “justicia proporcional” que, según Paulinho, había sido elogiado internacionalmente e incluso fue clave para que Estados Unidos levantara sanciones a autoridades brasileñas.
“Ahora, en un mundo tomado por conflictos, Lula eligió dar al planeta un mensaje peligroso: que Brasil no quiere paz, quiere confrontación”, advirtió el diputado, anticipando que trabajará para anular el veto.
La palabra ahora estará con el Congreso. En caso de que derrumbe la decisión de Lula, un escenario probable, una de las alternativas del Planalto podría ser judicializar la cuestión ante la Corte, quien tendría la última decisión.
El proyecto vetado escondía bajo un manto jurídico una reducción sustancial de las penas.
Uno de los puntos clave era la prohibición de la llamada “suma material” de las condenas. En la práctica, si un reo era condenado por “intento de abolición del Estado de Derecho” y “golpe de Estado” simultáneamente, la Justicia ya no podría sumar los años de ambas penas, y solo se aplicaría la más grave, licuando la condena final.
El texto permitía también que los condenados pasaran a un régimen semiabierto o abierto tras cumplir apenas el 16,6% de la condena. Actualmente, la legislación exige criterios mucho más rígidos.
En una señal de la tensión que atraviesa Brasilia, la ceremonia no contó con la presencia de las cúpulas del Legislativo ni del Supremo Tribunal Federal (STF).
A pesar de las ausencias, Lula dedicó un tramo central de su mensaje a blindar a la Corte, blanco predilecto de la ira bolsonarista.
“Quiero felicitar a la Suprema Corte por juzgar y condenar con estricto cumplimiento de la ley, sin dejarse llevar por amenazas. Salió fortalecida y será recordada por la historia”, afirmó el Presidente.
Con la reelección en la mira, Lula aprovechó el acto para defender su gestión económica y política.
“Lo que probamos en estos tres años es que la democracia es el arte de lo imposible y el arte de la competencia de la convivencia en la adversidad”, definió, recordando la relación de fuerzas hostil que enfrenta.
“En el Congreso tenemos 513 diputados y 81 senadores, mientras mi partido solo tiene nueve. Y, aun así, conseguimos aprobar cosas que gobernantes con mayoría no consiguieron”.
Para cerrar, el líder del PT elevó el tono ideológico, definiendo el aniversario no como una efeméride, sino como un triunfo moral.
“Fue la derrota de los que siempre defendieron el exterminio de adversarios, la tortura, que querían someter a Brasil a un estado de excepción. Brasil venció”, disparó Lula, poniendo fin a un acto que promete ser seguido por nuevos capítulos.