En medio de versiones sobre el futuro del mayor litigio que enfrenta la Argentina en el exterior, el Gobierno fijó en el fin de año una posición clara sobre el juicio por la expropiación de YPF.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron de manera categórica que el país se encuentre en desacato ante los tribunales de Nueva York y aseguraron que la defensa actúa “conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley”.
El pronunciamiento oficial apunta a despejar las interpretaciones que surgieron luego de que la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobara un cronograma procesal para debatir un eventual desacato en el marco de la causa que impulsan Burford Capital y Eton Park, el fondo que financia la demanda contra el Estado argentino. Según la visión del Gobierno, esas lecturas no solo son erróneas, sino que carecen de sustento jurídico.
“La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes de la Procuración del Tesoro, y remarcaron que hablar de desacato “es absolutamente falso y especulativo”. En ese sentido, explicaron que el cronograma fijado a partir del 15 de enero establece un intercambio de escritos entre las partes y que cualquier definición quedará exclusivamente sujeta a la evaluación del tribunal.
“Cualquier afirmación en sentido contrario constituye una operación mediática irresponsable”, señalaron. Según explicaron en la Procuración, esta maniobra responde a una estrategia de la parte actora “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”, y dijeron que las acciones de Burford, el fondo que financia la demanda, bajaron 29% en este año.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es el proceso de discovery ordenado por Preska, que incluye el requerimiento de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Desde la defensa del Estado sostienen que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto a la luz del derecho argentino como del estadounidense. “La Argentina actúa de buena fe”, subrayaron, y detallaron que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, además de gestiones para obtener el consentimiento de las personas involucradas.
De acuerdo con la Procuración, la gran mayoría de los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el pedido colaboró de manera voluntaria, un dato que el Gobierno utiliza para reforzar su argumento de que no existe incumplimiento alguno de las órdenes judiciales. Aun así, calificaron la orden de discovery como “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios”, en contradicción con principios básicos del derecho internacional público.
El trasfondo del conflicto sigue siendo la sentencia de fondo que condenó al país a pagar más de US$16.100 millones por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF en 2012. Esa decisión aún no está firme: las partes esperan el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, un fallo que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena.
En la Procuración del Tesoro consideran que este punto es clave para entender la etapa actual del juicio. “No debe olvidarse que el fondo del caso todavía está bajo revisión”, remarcan, y advierten que presentar escenarios de sanciones inminentes o desacato consumado constituye “una operación mediática irresponsable” que no se condice con el estado real del proceso.
Para el Gobierno, el litigio por YPF no solo tiene una dimensión económica inédita por el monto en disputa, sino también un fuerte componente institucional. “La defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, enfatizaron desde el organismo que conduce la estrategia legal del Estado.
Así, mientras el expediente avanza en los tribunales estadounidenses y se acumulan instancias procesales complejas, la posición oficial busca transmitir un mensaje de control y previsibilidad: la Argentina, aseguran, no está en desacato, cumple con las decisiones judiciales y apuesta a que las instancias de apelación terminen por revertir el fallo más costoso de su historia.