WASHINGTON.– En la caótica y accidentada desclasificación de los archivos del financista pedófilo Jeffrey Epstein, anteayer emergió un nuevo capítulo cuando el Departamento de Justicia, que está obligado por ley a liberar todos los documentos que obran en su poder, había recibido en torno de un millón más de archivos.
El gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, tenía la obligación de haber hecho público el total de los materiales antes del pasado 19 de diciembre, día en el que solo soltaron una parte, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió de que el resto tardaría “un par de semanas” en ver la luz. La aparición de más papeles complica el trabajo del Departamento de Justicia, ya presionado por las explosivas derivaciones del caso.
Esos documentos, los últimos en llegar y los que están sobre la mesa de la fiscal general, Pam Bondi, desde hace meses, provienen de la inabarcable fuente de papeles del caso del pederasta. Todos ellos precisan ser revisados antes de poder ponerse a disposición de las víctimas, los políticos de ambos partidos que llevan medio año exigiéndolos, y de la opinión pública; o, al menos, de la parte de la opinión pública que vive pendiente de la truculenta historia del depredador sexual, que murió en 2019 en una celda de máxima seguridad.
Epstein se suicidó, según los forenses, mientras esperaba a ser juzgado por urdir una red de tráfico sexual con centenares de víctimas menores de edad y supuestamente con una nutrida lista de cómplices, hombres ricos e influyentes, de sus crímenes.
“Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y efectuar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas; publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas más”, aclaró el Departamento de Justicia en un mensaje en X.
La obligación de publicar los papeles emana de una ley aprobada por una abrumadora mayoría del Congreso el pasado noviembre. El primer lote llegó el viernes pasado. Traía unos 13.000 archivos, más de 100.000 páginas, unas 500 de ellas completamente tachadas. En el conjunto, subido a una web creada ex profeso por las autoridades, destacaban 4000 imágenes que volvieron a servir para probar que Epstein y su mejor amiga y reclutadora de jóvenes mujeres, la británica Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión en su condición de cómplice, estaban extraordinariamente bien conectados en la sociedad, las finanzas, la ciencia y la política, no solo de Estados Unidos.
Una serie de imágenes del expresidente Bill Clinton, en la que se le ve, por ejemplo, con una joven con la cara tapada en un jacuzzi o en una pileta con Maxwell y otra mujer sin identificar, fue la que más revuelo generó. La primera desclasificación recibió críticas por parcial y por excesivamente censurada, tanto de las víctimas de Epstein como de los redactores de la ley.
También alentó las sospechas de que el Departamento de Justicia había empezado por unos materiales que dejaban bien parado a Trump, prácticamente ausente en esos archivos. Uno de los pocos documentos en los que había rastro del presidente norteamericano, que fue amigo de Epstein durante 15 años, hasta 2004, fue eliminado y restaurado cuando el gesto amenazaba en desembocar en una crisis para la Casa Blanca: se trata de una foto en la que Trump está rodeado de mujeres con el rostro sin tachar. Otro papel clave es una denuncia presentada por una mujer llamada Maria Farmer al FBI en 1996; vino a demostrar que las autoridades supieron de los crímenes de Epstein 10 años antes de su primer arresto, y que no hicieron nada por seguir esa pista.
El segundo gran lote de documentos desclasificados llegó el lunes pasado. Y, de nuevo, su liberación estuvo gobernada por el caos. Se publicaron los materiales, que, esta vez sí, contenían varias menciones a Trump, y luego desaparecieron. Una vez estuvieron de nuevo en la web, se pudo comprobar que traían una carta enviada por Epstein al médico Larry Nassar, condenado por abusar de decenas de deportistas del equipo de gimnasia de Estados Unidos cuando eran menores, en la que Epstein hablaba del “gusto” de Trump “por las chicas jóvenes y atractivas”.
El Departamento de Justicia empleó medio día para obtener el veredicto del FBI, que afirmó que el documento no es real, y una gran cantidad de trabajo en contestar en redes sociales a quienes difundían la supuesta misiva entre pederastas.
Esa nueva partida, que contiene un correo de un investigador que advierte que Trump viajó varias veces en el avión privado de Epstein “muchas más veces” de las que se creía entre 1993 y 1996, también dejó al descubierto el desgano con el que han trabajado los funcionarios encargados de la limpieza de esos papeles. Resulta que al copiar y pegar en un procesador de textos el contenido de algunos, las tachaduras desaparecen y la información censurada queda a la vista. Tras un estudio exhaustivo de esos puntos en los que la máquina censora del Departamento de Justicia falló no cabe concluir que haya grandes novedades.
Anteayer, el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hallaron “más de un millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein”. El departamento se comprometió a revisarlos y a seguir “cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos”.
Durante la semana de Navidad, el Departamento de Justicia necesitó que los fiscales se ofrecieran como voluntarios para revisar y redactar información sobre los documentos de la investigación de tráfico sexual de Epstein para que los materiales pudieran hacerse públicos.
“Tenemos la obligación pública de divulgar estos documentos y, antes de hacerlo, debemos realizar ciertas redacciones para proteger la identidad de las víctimas, entre otras cosas”, decía el correo electrónico de un importante fiscal de Florida que envió una solicitud de emergencia a los empleados de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Miami, según una copia obtenida por The Washington Post. “Soy consciente de que el momento no podría ser peor”, agregó el funcionario.
El laborioso proceso de revisar y redactar lo que puede ser hasta un millón de páginas de documentos ha requerido que alrededor de 200 abogados de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia trabajen las 24 horas del día desde el Día de Acción de Gracias, según dos personas con conocimiento del proceso que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Los funcionarios reconocieron no haber cumplido con el plazo, pero dijeron que proteger las identidades de las víctimas es más importante que publicar todos los documentos antes del 19 de diciembre.
Agencia AP y diarios El Pais y The Washington Post