La presión tributaria local está reconfigurando el mapa industrial y comercial a nivel nacional. Frente a la disparidad de tasas municipales, industrias, comercios y bancos comenzaron a mover sucursales y centros operativos dentro del país para reducir costos y preservar márgenes.
Para César Litvin, abogado especialista en materia tributaria, el fenómeno tiene varias caras. “En la Argentina, tanto la Nación, como las provincias y los municipios tienen la potestad para cobrar tributos, lo que lleva a la existencia de una inmensa cantidad de tributos: Entre la totalidad de los 2200 municipios, hay más de 80”, señaló a LA NACION.
Y precisó: “Los municipios solo pueden cobrar tasas retributivas de servicios efectivos. Pero en las últimas décadas, no vienen respetando esa situación y empezaron a transformar las tasas en verdaderos impuestos disfrazados. Por un lado, el valor de las tasas no retribuye el costo prestacional, sino un monto de ingresos de ventas que nada tiene que ver con el primero; por otro lado, no se ve cuál es la prestación efectiva del servicio; y a esto se suma que todo esto es trasladado a los precios y afecta a los consumidores”.
El tema fue puesto en agenda el año pasado por el Ministerio de Economía, con un llamado a la competencia entre provincias para bajar tasas, atender al histórico reclamo del sector privado y atraer inversiones. Y ahora fue retomado con la publicación del portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que expuso las diferencias de presión fiscal entre distritos.
Entre los sectores que primero reaccionaron a la presión de las tasas se ubicó el financiero, encabezado desde el ámbito público por el Banco Nación. En la segunda mitad de 2024, la entidad avanzó con un proceso de reacomodamiento de su red, luego de lo que definió como un “fuerte incremento de la presión impositiva”.
La entidad informó el cierre de la Gerencia Zonal de La Pampa, tras la decisión provincial de duplicar la alícuota de ingresos brutos sobre los créditos a familias y pymes. “La incidencia de los impuestos locales iguala el gasto en la nómina salarial del personal, lo cual termina siendo una imposición sobre la presencia territorial. La decisión de La Pampa implica aumentar el gasto impositivo en $350 millones”, señaló en ese entonces Daniel Tillard, presidente del banco. Días después, cerró nueve sucursales en esa provincia y, más tarde, su filial en Ramos Mejía, en el partido bonaerense de La Matanza, argumentando que la tasa municipal se había convertido en un impuesto indirecto sobre créditos hipotecarios y comerciales.
Desde el ala privada, el banco Santander siguió la misma línea en 2025, al trasladar las operaciones de una de sus seis sucursales ubicadas en La Tablada (La Matanza) hacia la sede en Caseros (Tres de Febrero), “debido a las onerosas tasas de seguridad e higiene que abona [7,5% vs. 0,6%]”, según explicaron en un comunicado.
“Santander destinó $3700 millones en 2024 en la tasa de seguridad e higiene en La Matanza, un monto que equivale a financiar 12.000 préstamos personales o prendarios de $3 millones cada uno, o bien más de 300 préstamos hipotecarios. Estamos convencidos de que esta decisión nos permite optimizar recursos y seguir ofreciendo soluciones accesibles”, aclaró Fernando Bautista, head de Canales y Distribución Comercial de la firma.
Un reciente informe del IERAL dimensiona la presión detrás de estas decisiones: en una muestra de 51 municipios de 10 provincias, la alícuota efectiva promedio aplicada sobre la intermediación financiera trepa al 5,9% de los ingresos brutos, con picos que superan el 7% en ciudades grandes del país y mínimos cercanos al 1%. A su vez, el documento pone de relieve las diferencias entre sectores económicos: si bien hay excepciones, en general, la presión tributaria sobre la intermediación financiera es varias veces más alta que la que se aplica al resto de los sectores.
“Los impuestos locales pueden elevar en más de 7% el costo del crédito productivo, y hasta casi un 50% en el caso de créditos personales (cuando se suma el IVA). Esta presión tributaria termina impactando directamente en el sector productivo, ya que se traslada al costo de financiamiento que enfrentan las empresas, afectando su rentabilidad y capacidad de inversión”, advierte el informe.
Industrias y grandes operadores comerciales también comenzaron a cuestionar la carga tributaria local. Uno de los casos más resonantes lo protagonizó Ternium, la siderúrgica del grupo Techint. La empresa expresó públicamente su malestar por el posible incremento de la tasa de seguridad e higiene en el partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, donde tiene su centro industrial más importante: aumentó de $145.000 a $358.000 por empleado por mes -un 147% entre octubre y enero-, lo que resulta en un total a pagar de $1210 millones por mes. Ante este escenario, Ternium comenzó a pagar entre $450-500 millones mensuales de tasa -sin la aplicación del aumento pretendido- y acudió a la justicia provincial.
En el sector comercial también hubo choques relevantes: el año pasado se desató la pelea entre las grandes cadenas de supermercados y el municipio de Lanús, ante el aumento de 3,3% de la Tasa de Seguridad e Higiene;. Y este año, un fallo de la Justicia a favor de Coto sentó precedentes: declaró la nulidad de los decretos de la Municipalidad de Moreno que pretendían cobrar la tasa ambiental por envases no retornables, la tasa de mantenimiento de la red vial y los derechos de publicidad y propaganda.
Otro caso paradigmático fue el de Mercado Libre, que cerró sus oficinas físicas en Córdoba y adoptó un esquema de trabajo 100% remoto para su equipo local. La compañía argumentó que pagaba alrededor de $770 millones mensuales en tasas municipales, un monto “totalmente desproporcionado” para la actividad que realiza y para la infraestructura disponible, equiparándolo al gasto de casi 24 alquileres de oficinas en la ciudad.
La reciente decisión del municipio de Pilar de aumentar al 2% la tasa que pagan los supermercados, hipermercados y grandes centros comerciales generó un fuerte cruce entre el intendente Federico Achával, el sector empresario y hasta el propio gobierno nacional, quien a través del ministro Luis Caputo salió a denunciar la suba en la presión impositiva.
En la otra vereda, Coca-Cola FEMSA confirmó la apertura de un nuevo centro de distribución en el Parque Logístico de Camino del Buen Ayre (Tres de Febrero), con mayor capacidad para trasladar su operación logística. Y la firma de indumentaria outdoor Montagne instaló un outlet de más de 500 metros cuadrados en Ciudadela (Tres de Febrero) y anticipó el montaje del 80% de su fábrica en la zona. Martín Pais, presidente de la marca, fue explícito: “En nuestro plan de expansión apostamos a esta localidad por las condiciones que nos dieron”.
Un reciente informe de la Unión Industrial Argentina advirtió que las empresas industriales pagan en promedio 7,4 tasas municipales y más del 80% de ellas no cuentan con contraprestación. Según el estudio, las provincias con más tasas municipales son Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Y de acuerdo a los especialistas de la entidad, 1 de cada 3 tasas son por Seguridad e Higiene, lo que explica el 1,8% del precio final de productos como alimentos.