Un expediente paralelo al juicio multimillonario por el caso YPF, que también se desarrolla en Estados Unidos, atraviesa una disputa por la entrega de chats de exfuncionarios y actuales miembros del Gobierno. Los demandantes de la Argentina realizaron una presentación para hablar de posibles sanciones sobre lo que consideran un incumplimiento del país. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que el país no está en desacato y ha cooperado.
La causa madre es la de la expropiación de YPF en 2012. El expediente tiene un fallo de primera instancia. La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones. Este fallo fue apelado por el país y ahora la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos determinará si da lugar al reclamo del Estado o si se manifiesta de acuerdo con la magistrada.
En paralelo, avanza otro expediente, catalogado como “discovery”. En él, la Justicia estadounidense busca bienes embargables de la Argentina y si son alter ego del país como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Central, además de YPF.
En otras palabras, el desarrollo del “discovery” también puede ser planteado como la búsqueda de ¿con qué puede pagar la Argentina, en caso de perder definitivamente el juicio por la expropiación de la petrolera?
En este caso, la jueza Preska solicitó a la Argentina documentación que alude a las “off channel communications”. Esto implicaría, entre otras cuestiones, la entrega de información como chats y correos de exfuncionarios y de actuales miembros del Gobierno. Allí puede haber datos sensibles. La orden de la Justicia norteamericana incluye desde los mensajes de WhatsApp de funcionarios como Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería) hasta el detalle de activos de la Argentina que eventualmente podrían ser embargados para pagarles a los demandantes.
El asunto acumula varias semanas de controversias. Una fuente relacionada con el juicio asegura el país ya hizo entregas parciales de documentación y ha recuperado el contenido de muchos teléfonos, pero que los demandantes no encuentran la información que buscan para demostrar que YPF o el Banco Central son alter ego del Poder Ejecutivo.
¿Quiénes son los demandantes? El megabufete internacional Burford Capital financia el juicio porque compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía y Petersen Inversora), creadas por la familia Eskenazi. Su representación legal estuvo a cargo de tres estudios: Levine Lee LLP(con la intervención de los abogados Seth Levine, Alison Bonelli y Miriam Alinikoff), King & Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick.
Ellos propusieron a la jueza Preska un cronograma de presentación de mociones de sanciones. Allí plantearon que el 15 de enero podrían entregar esa solicitud contra la Argentina. A su vez, según el calendario de los demandantes, el país podría responderle el 19 de febrero.
Fuentes oficiales indicaron que los demandantes pueden solicitar lo que deseen, y que la Argentina se seguirá defendiendo.
Este nuevo episodio en la disputa por los chats de funcionarios y exfuncionarios llega después de un fallo favorable que obtuvo YPF. El 23 de diciembre, Preska decidió suspender una orden que había emitido para investigar los activos de YPF potenciales de ser embargados.
Sin embargo, la historia también posee otros capítulos de mayor tensión. Tal como contó LA NACION, el 9 de diciembre Preska cuestionó la falta de información sobre algunos puntos relacionados a la Argentina.
Precisamente, el problema, en aquella ocasión, giró en torno a los acuerdos con China por el swap, dado que los demandantes consideran que ese convenio es una alternativa para empezar a cobrar.
La fricción ocurrió tras la afirmación de que “la República” no tendría acceso a ciertos documentos porque habrían sido firmados por el Banco Central (BCRA) y no por el Poder Ejecutivo. Los letrados del país defienden entre sus argumentos la independencia del ente monetario con respecto al gobierno nacional.
La Argentina planteó que revisó en distintos ministerios los detalles sobre el convenio con China, pero no encontró nada. Según las búsquedas realizadas, ningún organismo de la administración central tenía copia de esos acuerdos. Fue allí cuando Preska interrumpió con una frase que marcó un punto de quiebre en la audiencia: “¿Se está escuchando?”.
La jueza no frenó allí. Inmediatamente, profundizó el reproche y dejó en claro que el argumento no le resultaba creíble: “La idea de que la República no tenga acceso a un documento firmado en su nombre suena ridícula”, señaló.
De esta manera, la disputa por los chats acumula semanas de controversias. Su desenlace todavía resulta desconocido, al igual que la causa madre. Su resolución en segunda instancia podría anular todo, o acelerar los fallos adversos contra la Argentina.