WASHINGTON.– En el primer día completo de este mandato del presidente Donald Trump, indultó al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht , quien fue condenado por crear el mayor mercado negro en línea de drogas ilegales y otros bienes ilícitos de su época.
En los siguientes meses, concedió clemencia a otros, como el líder de una pandilla de Chicago, Larry Hoover, y el capo de la droga de Baltimore, Garnett Gilbert Smith . Y la semana pasada, indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión por dirigir su país como un vasto “narcoestado” que ayudó a introducir al menos 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos.
En general, Trump –que hizo campaña contra la crisis de drogas en Estados Unidos y prometió tomar medidas contra el tráfico en la frontera– indultó a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, según un análisis del Washington Post. También otorgó indultos o conmutaciones de penas a casi 90 personas más por delitos relacionados con estupefacientes durante su primer mandato, según el análisis.
Al mismo tiempo, Trump amenazó con tomar medidas militares contra Venezuela por acusaciones de que el gobierno venezolano apoya el narcotráfico y presionó al Pentágono para realizar ataques selectivos contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe. Estas acciones contradictorias fueron criticadas por los demócratas y otros quienes afirman que el amplio uso de la clemencia por parte de Trump contradice sus promesas de mano dura contra las drogas.
“El presidente afirma tomar medidas para detener el flujo de narcóticos a Estados Unidos, pero ¿cómo protege esto a los norteamericanos del flujo de narcóticos que ingresa a nuestro país?”, declaró el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia) en el Senado, en relación a Ulbricht y Hernández.
Consultada por las contradicciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el indulto al presidente hondureño no dificulta la defensa de los ataques letales de la administración contra presuntos narcotraficantes.
“El presidente fue muy claro en su búsqueda de impedir que los narcóticos ilegales lleguen a nuestras fronteras por tierra o por mar. También quiere corregir los errores del Departamento de Justicia, utilizado como arma durante la administración anterior”, dijo.
Cuando se le preguntó sobre la serie de indultos y conmutaciones de penas de Trump, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que el mandatario había ejercido su autoridad constitucional y atacó al expresidente Joe Biden. “Los únicos indultos que se deberían criticar son los del presidente Autopen, que indultó y conmutó las sentencias de criminales violentos, incluidos asesinos de niños y asesinos en masa, y eso sin mencionar los indultos que ‘firmó’ para miembros de su familia como Hunter”, dijo Jackson.
Trump y sus asesores afirmaron sin fundamento que el personal de Biden utilizaba habitualmente un bolígrafo automático para firmar documentos sin su conocimiento.
Trump ejerció uno de los mayores poderes de la presidencia mucho más este año que en su primer mandato. Indultó a casi todos los aproximadamente 1500 acusados del ataque al Capitolio de Estados Unidos de 2021. También indultó a una docena de congresistas, incluyendo al representante Henry Cuellar (demócrata por Texas), acusado el año pasado de soborno, lavado de dinero y conspiración.
El republicano concedió clemencia a más de 230 personas en su primer mandato, y solo a dos de ellas en su primer año.
El frenesí de los indultos dio lugar a una lucrativa industria artesanal. Divulgaciones públicas muestran que los grupos de presión gastaron más de 2,1 millones de dólares este año en empresas que abogan por indultos, clemencia y otras formas de alivio ejecutivo, más del doble del total gastado en 2024. Los registros también muestran que quienes buscan indultos pagaron hasta un millón de dólares para contratar a personas cercanas al presidente para que defiendan su caso.
Los expertos afirman que los ataques a embarcaciones cerca de Venezuela no resultaron eficaces para limitar el flujo de drogas que ingresa al país, ya que el paso marítimo no se utiliza habitualmente para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino que las drogas que contienen fentanilo, que contribuyeron a la mayoría de las muertes recientes por drogas, suelen fabricarse en México y contrabandearse a Estados Unidos a través de la frontera terrestre. Además, el gobierno no mostró pruebas de que las embarcaciones hundidas llevaran drogas a bordo y se dirigieran a Estados Unidos.
La administración Trump afirmó que los ataques son un elemento disuasorio eficaz para otros narcotraficantes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a la prensa que suspendieron los ataques “porque ahora es difícil encontrar barcos para atacar, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión es fundamental”. Sin embargo, los expertos afirman que no hay pruebas que muestren que el narcotráfico disminuyó.
“El narcotráfico es como el agua, encontrará la manera de entrar”, dijo Regina LaBelle, exsubdirectora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas.
Los críticos de la guerra contra las drogas también afirmaron que el gobierno no abordó suficientemente la causa fundamental de las muertes en Estados Unidos: la adicción. Los defensores instaron al gobierno a invertir más en medidas de prevención de sobredosis, como la naloxona y otras opciones de tratamiento.
La tasa de muertes por sobredosis aumentaron durante décadas, impulsada por el fentanilo desde 2015, hasta el final del mandato de Biden, cuando la tasa disminuyó.
Los defensores advierten que los recortes a Medicaid y a las opciones de tratamiento financiadas por el gobierno podrían provocar un aumento.
La Drug Policy Alliance, un grupo de izquierda, estimó que este año se recortaron al menos 345 millones de dólares de los programas federales que financian los servicios de prevención de adicciones y sobredosis. “Mientras intensificamos estas campañas militares y desinvertimos en esta infraestructura de salud, se resalta la contradicción de afirmar que estas acciones militares están salvando vidas norteamericanos de sobredosis”, dijo Theshia Naidoo, directora general de defensa de política exterior de la Drug Policy Alliance.
Los funcionarios norteamericanos afirman que Nicolás Maduro conspiró para traficar drogas a Estados Unidos y lo acusaron formalmente en 2020. El secretario de Estado, Marco Rubio afirmó que: “Hasta que el presidente decidió hacer algo al respecto, nadie discutía que Maduro estaba en el negocio del narcotráfico”.
Jeffrey Singer, experto en políticas de drogas del Cato Institute, señaló que “no hay coherencia”. “Indulta a un narcotraficante, pero ordena fusilar in situ a narcotraficantes que no están en este país”, agregó.
Varios legisladores republicanos también expresaron escepticismo sobre el indulto de Hernández. El senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) declaró a la prensa: “Es confuso decir que potencialmente deberíamos considerar invadir Venezuela por un narcotraficante, y a su vez liberar a alguien”, dijo Tillis.
Trump y la Casa Blanca argumentaron los indultos que los delincuentes fueron tratados injustamente, lo que forma parte de la visión de Trump de que el sistema judicial se utilizó como arma en su contra.
Liz Oyer, quien fue abogada de indultos del Departamento de Justicia bajo el gobierno de Trump antes de que la despidiera –tras negarse a restituirle el derecho a poseer armas al actor Mel Gibson–, dijo que los presidentes usaron durante mucho tiempo sus poderes de clemencia para acortar las sentencias de delincuentes no violentos relacionados con drogas que cumplieron una condena considerable y mostraron signos de rehabilitación. “Hernández no cumple con ese estándar”, dijo, destacando su breve tiempo en prisión y la falta de pruebas de que haya aceptado la responsabilidad de sus crímenes. “El indulto a narcotraficantes es prácticamente inaudito”, agregó.
Oyer describió la erosión del sistema tradicional de investigación de clemencia, reemplazado por un proceso determinado por el dinero y la influencia política. Durante décadas, los indultos y las conmutaciones eran revisados por funcionarios de carrera del Departamento de Justicia, encargados de evaluar si los solicitantes merecían una segunda oportunidad. Si bien presidentes de ambos partidos eludieron este sistema para beneficiar a sus aliados, Oyer afirmó que la amplitud de las intervenciones de Trump equivalen a un proceso paralelo de clemencia que elude las medidas diseñadas para prevenir el abuso.
Por Emily Davies y Meryl Kornfield