El hijo de Frederick Benson fue el suboficial de Primera Clase Darrik C. Benson. Sirvió en Afganistán en la Marina de los Estados Unidos. El 6 de agosto de 2011, fue asesinado en un ataque contra un helicóptero perpetrado por la Red Haqqani de los talibanes, una organización terrorista apoyada por la República Islámica de Irán.
El teniente coronel David E. Cabrera era esposo y padre. También estuvo en Afganistán como miembro del Ejército de los Estados Unidos. Casi dos meses después que Benson, fue asesinado en un atentado suicida perpetrado por al-Qaeda.
El sargento de Primera Clase David Lau sirvió en Afganistán como miembro de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos. El 4 de abril de 2012 resultó gravemente herido en un ataque suicida con bomba perpetrado por terroristas de al-Qaeda y los talibanes, apoyados por Irán.
Los casos anteriores —y algunos más— están vinculados con un procedimiento judicial que llamativamente afecta a la Argentina. Ocurre que algo fuera de lo previsto acaba de suceder en el juicio que se lleva adelante en Estados Unidos por la estatización de YPF, en abril de 2012. Es, por mucho, el pleito internacional que más preocupa a la Casa Rosada, con un fallo en contra que obliga a pagar US$16.100 millones.
En otros términos, lo que estaba previsto como un juicio comercial por la petrolera ahora puede transformarse en un precedente a escala sobre la inmunidad soberana de los Estados en EE.UU.
Bajo el formato denominado amicus curiae (amigo de la corte), un grupo de familiares de víctimas de terrorismo se presentó a favor de los demandantes ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York —que trata ahora el expediente— para pedirle a la Justicia que rechace uno de los argumentos centrales de la defensa argentina: la inmunidad soberana del país en la estatización.
El texto —del cual surgen los casos mencionados al inicio, en los términos allí presentes— está firmado por el abogado Tejinder Singh, del estudio Sparacino PLLC, con oficinas en Washington y Nueva York.
Singh representa a 12 víctimas estadounidenses de actos de terrorismo internacional que han presentado demandas civiles contra Irán porque, según acusan, tuvo un papel en causar las lesiones y muerte.
Durante años, siempre de acuerdo con sus términos, los amici han perseguido sentencias en los tribunales de EE.UU. bajo la excepción por terrorismo prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (Foreign Sovereign Immunities Act – FSIA), una norma que entra directamente en juego en el litigio por YPF.
¿El motivo de las víctimas? Consideran que si en los estrados se le da la razón a la Argentina, ellos quedarían indefensos al momento de hacer valer sus derechos en sus reclamos contra Irán, Estado al que acusan de haber perpetrado hechos que terminaron en la muerte y otras vejaciones de sus seres queridos.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, condenó a la Argentina en primera instancia y, entre idas y vueltas, definió que el país debía transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, algo que rechaza la defensa nacional, liderada por la Procuración del Tesoro.
Preska estableció que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se concretó la estatización, lo que perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora.
Ambas fueron creadas por la familia Eskenazi en España para usarlas como vehículos que les permitieran entrar en el capital social de YPF. Tras la estatización, esas firmas quebraron y el fondo Burford Capital, especialista en litigios de esta clase, compró la posibilidad de demandar al país.
Burford sostiene que los demandantes son Petersen e Eton Park, financiados por el estudio de abogados, según acreditan los documentos.
La jueza había sostenido que no existe “ninguna limitación territorial expresa que prohíba la entrada en vigor de una orden de entrega que requiera [la transferencia de] dinero o propiedad a Nueva York desde otro estado o país”. Es una de las cosas que cuestiona la Argentina en esta segunda instancia.
El escrito presentado por los familiares norteamericanos de víctimas de terrorismo cuestiona ese punto. Recuerda que la decisión del tribunal de distrito había ordenado al demandado-apelado, la Argentina, entregar sus acciones de YPF (en formato de ADR) a los demandantes, un procedimiento conocido como turnover. Y le pide a la Corte de Apelaciones que confirme que la inmunidad soberana extranjera no impide que los tribunales embarguen o ejecuten propiedades que han sido entregadas legalmente para la ejecución de una sentencia en los Estados Unidos.
La Procuración del Tesoro, sin embargo, considera que el pedido de este grupo de damnificados no afectará el curso del pleito. Sostiene que el amicus curiae presentado por Víctimas del Terrorismo a favor de Burford no es relevante para la apelación de la orden de turnover dictada por la jueza Preska, porque se apoya en un régimen legal que no aplica al caso YPF. Ante la consulta de LA NACION, sostuvo que “el escrito se basa en las excepciones de la FSIA para casos de terrorismo estatal que otorgan herramientas extraordinarias de ejecución pensadas exclusivamente para víctimas de atentados. El juicio que enfrenta la República Argentina no es un caso de terrorismo, sino que ha sido tratado por la justicia norteamericana como un caso bajo la excepción de inmunidad por actividad comercial».
La orden de Preska, según el organismo argentino, se funda en normas mucho más restrictivas, que exigen que los bienes estén en Estados Unidos y se usen para actividades comerciales allí. “Este amicus no solo no analiza los puntos centrales de la apelación, sino que intenta trasladar reglas de terrorismo, mucho más amplias y excepcionales, a un caso en el que claramente no aplican”, explicó.
Su conclusión es que no aporta nada útil para decidir si la orden de entrega del 51% de acciones de YPF se ajusta o no a derecho.
Preska sostuvo que “si la cortesía pudiera prevalecer sobre la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) y permitir que el derecho extranjero controle qué activos soberanos están sujetos a ejecución, todo estado extranjero podría declararse invulnerable a las sentencias judiciales en los tribunales estadounidenses con solo aprobar una ley que exigiera su propia aprobación para cualquier transferencia de su propiedad”.
Ese es el punto que cuestionan los familiares. Buscan que la Justicia convalide que la decisión de Preska se alinea con los principios de la ley de inmunidades soberanas, que, a su vez, establece el marco para proporcionar recursos a las víctimas estadounidenses de terrorismo patrocinado por el Estado. O, en otros términos, sostienen que si se invalida el procedimiento de turnover, las sentencias contra Estados soberanos quedarían sin efecto.
Los amici buscan que la Corte afirme que la inmunidad soberana extranjera no impide a los tribunales embargar o ejecutar propiedades que han sido entregadas legalmente para la ejecución de una sentencia en los Estados Unidos. Argumentan que el FSIA establece un marco integral para proveer recursos a las víctimas y que la propiedad de un Estado extranjero utilizada para actividad comercial en EE. UU. —como las acciones de YPF en este caso— no debe estar inmune a la ejecución bajo las excepciones de la ley.
“Los amici tienen interés no solo en poder obtener sentencias contra un gobierno extranjero, sino también en hacerlas cumplir”, afirman en uno de los tramos del escrito.
Para la Procuración, según la posición que mantuvo días atrás, el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital. Lo acusa de utilizar “los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria” derivada de una controversia “puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina”.
El pedido presentado por las víctimas de terrorismo tiene también derivaciones políticas en el país. Irán es un antagonista declarado de Israel, país con el que está abiertamente alineada la Argentina desde la llegada de Javier Milei al poder.
El último jueves, por caso, el Presidente sostuvo en un acto en la DAIA: “la Argentina mantiene tolerancia cero con el antisemitismo en el marco de la ley vigente”.