Los chats de 35 funcionarios y exfuncionarios están en la mira de la Justicia de Estados Unidos. La jueza del distrito sur de Nueva York Loretta Preska ordenó hace poco menos de un mes que la Argentina entregara esa información el 30 de octubre. El país solicitó una prórroga, la magistrada no contestó y este martes habrá una audiencia por el caso.
Se trata del expediente conocido como “discovery”, que busca identificar qué bienes tiene la Argentina. En términos técnicos, cuáles son su “alter ego”, expresión utilizada para señalar que dos entidades son lo mismo. Eso avanza en paralelo a la cuestión de fondo, que se encuentra en instancia de apelación con la que el país busca revertir el fallo en primera instancia que lo obliga a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF.
Entonces, el avance de este “discovery” también puede ser planteado como la búsqueda de ¿con qué bienes puede pagar la Argentina, en caso de perder definitivamente el juicio por la expropiación de la petrolera?
“Se ordena a la República recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal a más tardar el 30 de octubre”, dictó Preska el 9 de octubre. Las “comunicaciones fuera de canal” a las que se refirió la jueza son correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
La semana pasada, la Argentina presentó un escrito con dos aristas sobre este tema. La primera de ellas incluyó una manifestación del país de querer colaborar con la Justicia estadounidense en la entrega de esta información.
“Los dos funcionarios de los que se sabe que pidieron son Sergio Massa y Luis Caputo”, señaló Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior. El listado completo de los 35 funcionarios y exfuncionarios no trascendió hasta el momento.
Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que ese escrito presentado esto no implica que el Gobierno vaya a entregar chats, sino a intermediar para que 35 funcionarios y exfuncionarios brinden su consentimiento y remitan la información -de carácter privada- solicitada por la Justicia estadounidense. Esta jugada de la Argentina persiguió el objetivo de no entrar en desacato.
Pero Preska no respondió al escrito argentino. Y el suspenso en el caso “discovery” se prolonga. Incluso porque la segunda arista del asunto quedó irresuelta hasta antes de la audiencia de este martes. El país también había solicitado una prórroga hasta el 21 de noviembre para entregar las comunicaciones de los funcionarios y exfuncionarios.
El silencio del juzgado ante esta petición convivió con una reacción del rival de la Argentina en este pleito, Burford. Este es un buffet de abogados que adquirió los derechos de reclamos judiciales de Petersen, uno de los viejos accionistas de YPF, y lleva adelante la demanda contra el país.
Los demandantes le reclamaron a la jueza que la Argentina tiene una “estrategia de dilación” que entorpecería el proceso. “Tras tres meses de demora y de insistir en que ello violaría la ley argentina (a pesar de las órdenes del Tribunal y los argumentos de los Demandantes), la República ahora planea contactar —pero aparentemente aún no ha contactado— a los custodios (funcionarios y exfuncionarios), sin un cronograma claro para producir las comunicaciones. La República debió haberlos contactado hace meses”, presentó Burford.
En la audiencia de este martes se espera se termine de dirimir esta situación. Será otro punto de conflicto entre la Argentina y Burford.
El miércoles pasado esta rivalidad judicial vivió uno de sus puntos más álgidos con la exposición de ambos en la instancia de apelación sobre el fallo de primera instancia, también de Preska.
“Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino”, lanzó el abogado Robert Giuffra, contratado por la Argentina para ejercer su defensa. Del otro lado, el abogado Paul Clement, de los demandantes (Burford), defendió el fallo en primera instancia que obtuvieron a su favor: “La jueza [Loretta] Preska realizó un gran trabajo en este caso”.
Estos textuales reflejan las posiciones y todo lo que está en juego en la apelación solicitada por la Argentina: en caso de tener éxito el recurso del país, puede revertirse la sentencia que lo obliga a pagarle a sus demandantes US$16.100 millones, más intereses.
“La República Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito“, expresó la Procuración del Tesoro después de la audiencia. Asimismo, las acciones del demandante Burford, según Bloomberg, caían hasta 15% en esa jornada.
En contrapartida, uno de los abogados de los demandantes, Mike Fragoso, indicó que los defensores de la Argentina “no presentaron ninguna información nueva que pudiera cambiar el rumbo del caso”.
En caso de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos fallara en favor de la Argentina, fuentes oficiales expresaron que también podría finalizar el expediente “discovery”, que es por el que se solicitó los chats de funcionarios y exfuncionarios.
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