WASHINGTON.- La primera vez que Donald Trump les ordenó a las fuerzas militares de Estados Unidos que hundieran una pequeña lancha a motor de alta velocidad cerca de Venezuela, el presidente norteamericano posteó en las redes una picante imagen del hecho y diciendo que la muerte de las 12 personas a bordo debía servir de advertencia “para los narcoterroristas”.
Su vicepresidente, J.D. Vance, no quiso ser menos y les respondió a quienes criticaban que el ataque era equivalente a una ejecución extrajudicial que “deshacerse de los miembros de un cartel que envenena a nuestros conciudadanos es el mejor y más alto uso que puede hacerse de la fuerza militar”.
Para remachar su argumento, el lunes pasado Trump ordenó un segundo ataque a un barco y declaró ante los medios que ya había también un tercero. También anunció que enviaría tropas de la Guardia Nacional a Memphis, estado de Tennessee, para combatir la inseguridad, y aseguró que tras el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk se estaba investigando a grupos de “la izquierda radicalizada”. Según funcionarios de su gobierno, algunos de esos grupos podrían ser clasificados como “terrorismo interno”.
A ocho meses del inicio del segundo mandato de Trump y al ver que va extendiendo su disposición a atacar a enemigos, tanto en el extranjero como adentro de Estados Unidos, los norteamericanos y el resto del mundo se están enterando de la predisposición del presidente a utilizar la fuerza militar y las clasificaciones oficiales de terrorismo. Es un enfoque notablemente diferente al de su primer mandato, cuando Trump se irritaba por las restricciones que le marcaban hasta su secretario de Defensa, que una vez tuvo que explicarle que no podía lanzar misiles a México para atacar los bastiones del narco.
Pero en este mandato los miembros de su gabinete lo ovacionan, como lo hicieron el lunes en el Salón Oval, y dicen que las leyes antiterroristas están ahí para que el presidente las use con total discrecionalidad.
Por supuesto que gran parte de toda esa alaraca es para dar una imagen de macho rudo. Hace un par de meses, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en las redes un anuncio de reclutamiento con la imagen de Trump subido a un blindado de transporte de personal con una ametralladora ligera en mano y su distintiva corbata roja flameando al viento.
Incluso para los estándares del gobierno de Trump, cuyos funcionarios practican una veneración cuidadosamente guionada con frases como “bajo su liderazgo” y “a sus órdenes”, la simbología oficial ha ingresado en un territorio nuevo.
Porque más allá de querer instalar una imagen, también hay un cambio de fondo, aunque poco discutido, en el enfoque de seguridad nacional que tienen este gobierno.
Durante su primer mandato, y tras dos décadas de concentración absoluta en la lucha antiterrorista, la estrategia de seguridad nacional de Trump fue elaborada para cambiar el foco de Estados Unidos, y en particular del Departamento de Defensa, y apuntarlo hacia la creciente amenaza de Rusia y China. Fue un cambio enorme, un lento apartamiento del vasto sistema de defensa estadounidense surgido tras los atentados del 11 de Septiembre para centrarse en la rivalidad económica, militar, tecnológica y diplomática con Pekín, y en la creciente agresividad de Moscú hacia Ucrania y Europa.
En los primeros meses del segundo mandato de Trump, se daba por sentado que esas prioridades se mantendrían. Como tantas otras, resultó una presunción errónea.
En este segundo mandato no se ha publicado ninguna estrategia de seguridad nacional. Quizás sea demasiado pronto, y algunos funcionarios del gobierno incluso dudan de que se llegue a elaborar alguna. Sin embargo, se dice que el borrador aún no publicado de una nueva estrategia de defensa nacional para el Pentágono coloca la seguridad nacional y la defensa del hemisferio Occidental entre las máximas prioridades de lo que Trump ahora llama Departamento de Guerra.
“Lo que se observa ahora es que el uso de la fuerza por parte de Trump es diferente porque su política exterior y de seguridad nacional también son distintas a las de su primer mandato”, declaró Ivo Daalder, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN y actual investigador del Centro Belfer para la Ciencia y los Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. “Para él, la amenaza interna es mayor que la amenaza de China. Y le gusta dispararles a quienes no pueden devolver el fuego”.
Y así sido indudablemente durante la primera parte de este mandato.
El gobierno ya había adoptado otro enfoque hace meses: si detectaba dirigiéndose a las costas de Estados Unidos alguna nave que sospechaba que era de narcotraficantes, la Guardia Costera paraba la embarcación. Si los ocupantes se negaban a rendirse, los tiradores de la Guardia Costera les destruían los motores, y todas las personas a bordo eran arrestados y tratadas como delincuentes.
Ahora ni siquiera eso. Cuando un usuario de redes sociales cuestionó a Vance sobre los ataques en Venezuela y dijo que eran un crimen de guerra, la respuesta del vicepresidente fue directa: “Me importa un carajo cómo lo llamen”. Resulta impactante ese comentario de un hombre con un diploma de Derecho de la Universidad de Yale y un pasado de amplia disposición a debatir la legalidad y la moralidad de la violencia estatal.
Pero más allá del senador Rand Paul, el republicano díscolo de Kentucky, Vance recibió pocas reacciones negativas. “¿Habrá leído Matar a un ruiseñor?”, se preguntó Paul en las redes sociales, refiriéndose a la novela de Harper Lee, texto curricular en la mayoría de las escuelas secundarias. “¿Se habrá preguntado alguna vez cómo sería si los acusados fueran ejecutados de manera expedita, sin juicio ni derecho a la defensa?”.
El gran misterio ahora es si Trump dará el siguiente paso: utilizar las facultades de investigación del Departamento de Justicia, el FBI y otras agencias estatales, para apuntar contra organizaciones no gubernamentales y grupos políticos por su apoyo a quienes él llama “izquierdistas radicalizados”, y aprovechar los hallazgos de esas indagaciones para clasificar a algunos de esos grupos como terroristas internos.
El lunes Trump dijo que estaba evaluando precisamente esa opción para los Antifa, un término que comenzó como una abreviatura de “antifascistas”, pero cuyo significado evolucionó y actualmente se aplica a las agrupaciones de extrema izquierda, las que se ubican más allá del ala progresista del Partido Demócrata. Pero Antifa es más una amalgama que un movimiento, algo tan descentralizado que no se entiende cómo haría el gobierno para identificar a quienes piensan de esa manera.
El lunes, de visita en el podcast del fallecido Charlie Kirk, el vicepresidente Vance insistió en que el gobierno siempre protegerá “el derecho constitucional de libertad de expresión”. El problema es que el gobierno de Trump tiene una visión muy restringida de lo que es expresarse.
Traducción de Jaime Arrambide
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