En su discurso trasmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei afirmó que el proyecto de presupuesto para 2026 enviado por el Gobierno al Congreso Nacional “aumenta el gasto en jubilaciones un 5%” por encima de la inflación que, según la proyección oficial, sería el año próximo de 10,1%. ¿Qué significa eso, en concreto, para los jubilados y pensionados del sistema previsional de la Anses?
En principio, vale tener en cuenta que no se anunció ningún incremento inmediato para los ingresos jubilatorios, ni tampoco se especificó, con miras a 2026, que el plan sea otorgar un reajuste extraordinario, más allá de las actualizaciones surgidas del esquema de movilidad vigente, que contempla subas mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec.
Por otra parte, el “gasto en jubilaciones” hace referencia a un monto agregado, que depende no solo de los haberes, sino también de otros factores, como la cantidad de beneficiarios, o el plan de pago de sentencias judiciales.
Una suba de los ingresos por arriba del índice de inflación, considerando un determinado período, es algo que podría ocurrir solo con el mecanismo de reajustes por inflación que está vigente desde abril de 2024 y que, según lo previsto, continuará en 2026.
De hecho, esa suba es algo que ya ocurre si se considera la variación de los haberes propiamente dichos, sin incluir el bono que perciben quienes tienen los ingresos más bajos y que, pese a la inflación y al retraso de los montos en general, está congelado desde hace más de un año y medio.
Entre agosto de 2024 y el octavo mes de 2025, el aumento promedio de precios fue, según el Indec, de 33,6%, en tanto que los haberes jubilatorios subieron un 39,4%, algo que se traduce en un incremento real de 4,3%. Eso, claro, está muy lejos de compensar las fuertes pérdidas de valor real que tuvieron las jubilaciones durante años; solo entre enero de 2021 y marzo de 2024, quienes no perciben refuerzo o bono perdieron nada menos que un 50% de su poder de compra.
Lo ahora previsto por el Gobierno, incluso si implicara un alza real de 5% para todas las prestaciones -algo que no está claro-, tampoco estará cerca de generar una recuperación de esas pérdidas.
En cuanto a quienes cobran el ingreso más bajo (conformado por el haber mínimo más el bono) el porcentaje de alza fue, sin embargo, bastante inferior: de 30,1%, algo que determina una caída de la capacidad adquisitiva de 2,6% en los 12 meses considerados (septiembre de 2024 a agosto de 2025).
Entonces, en 2026 se podría dar también una suba por arriba de la inflación sin que se concreten reajustes especiales para los ingresos. ¿Cuál es la condición para que ello ocurra? Que el índice de inflación tienda a la baja.
Y eso es así porque el dato del Indec que se considera para definir la suba de haberes tiene un rezago de dos meses. Por ejemplo, el alza de octubre será de 1,88%, porque esa fue la inflación de agosto. Con un IPC a la baja, ocurre que, al momento de aplicarse la actualización a los haberes, la inflación es de un nivel más reducido que la del período que se usó para determinar el porcentaje del incremento.
En el caso de 2026, la suba de haberes de todo el año se definirá por la inflación del período extendido entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Si la inflación va cediendo (que es lo previsto por el Gobierno), ese incremento de ingresos será superior al avance que acumule el índice de precios entre enero y diciembre del año próximo.
Una de las grandes incógnitas es qué pasará en los próximos meses y el año próximo con el bono de hasta $70.000 que perciben quienes tienen los ingresos más bajos en el sistema contributivo, y también quienes perciben prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por invalidez. Se trata, en total, de algo más de 4,5 millones de personas (en tanto que son 3 millones las que no cobran bono).
Desde el Gobierno aún no hubo definiciones de manera pública, ni respuestas ante consultas de LA NACION.
El refuerzo, que se paga de manera continua desde septiembre de 2022, está congelado desde marzo de 2024, cuando pasó de $55.000 a $70.000. Si desde aquel momento hubiera tenido los mismos aumentos que los haberes propiamente dichos (reajustes por inflación y un incremento extraordinario en abril de 2024), la cifra sería de $166.754 en septiembre y de $169.889 en octubre.
La modalidad ya descripta de reajustes mensuales por inflación tiene alcance para las pensiones por invalidez. De hecho, el monto de esas prestaciones se define como el 70% del haber mínimo del régimen previsional contributivo. Este mes, la cifra es de $224.194 y se suma el bono de $70.000, con lo cual el monto total es de $294.194, y pasará a $298.409 en octubre (si el bono sigue sin cambios).
Respecto de estas prestaciones -que están en el eje de las protestas sociales por las bajas y suspensiones decididas por el Gobierno en un proceso de auditorías fuertemente cuestionado-, el presidente Milei dijo en cadena nacional que “el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026″.
Esa suba real, en el caso de las prestaciones sin considerar el bono puede responder -tal como se explicó en los párrafos anteriores- a la aplicación de los reajustes que ya se otorgan, y que se definen tomando como referencia el dato de inflación con dos meses de rezago. La duda es, nuevamente, qué ocurrirá con el refuerzo de $70.000.