BRASILIA.- El juez del Supremo Tribunal de Brasil Luiz Fux pidió este miércoles la anulación del caso contra el expresidente Jair Bolsonaro debido a lo que llamó una “absoluta falta de jurisdicción” para el panel de cinco jueces que lleva el caso.
Aún parece bastante probable que el alto tribunal condene a Bolsonaro por planear un golpe de Estado para permanecer en el poder después de que terminara su mandato. Bolsonaro, de 70 años y en arresto domiciliario, puede enfrentar una pena de más de 40 años de cárcel.
Hasta ahora, el marcador es de 2 votos a 1 a favor de una condena. Para ser condenado o absuelto, es necesaria una mayoría simple de tres votos, aunque el veredicto y una eventual pena no serán formalmente adoptados hasta que todos los jueces se hayan pronunciado.
Dos jueces ya votaron a favor de la condena y los otros dos fueron nombrados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotó a Bolsonaro en las elecciones de 2022. Entre los que votaron está Alexandre de Moraes, blanco de un presunto plan de asesinato que según la fiscalía formó parte del plan golpista.
El expresidente está acusado de participar en una organización criminal armada, intentar abolir violentamente la democracia, organizar un golpe de Estado precisamente contra Lula, a poco de asumir éste la presidencia, y dañar bienes del Estado y bienes culturales protegidos.
Moraes acusó al expresidente de haber liderado una organización criminal para dar un golpe de Estado, que no se concretó por falta de apoyo de la cúpula militar. “Brasil casi volvió a una dictadura”, señaló.
Fux argumentó en las deliberaciones finales del juicio que el caso debería haber sido visto por tribunales inferiores. “No compete al supremo realizar un juicio político”, dijo el magistrado, y sostuvo la “incompetencia absoluta” del tribunal para juzgar a un expresidente.
“Voto que el Supremo Tribunal Federal no tiene jurisdicción para juzgar este caso porque los acusados ya habían perdido sus cargos”, dijo Fux.
También criticó que se presentara “de forma tardía un verdadero tsunami de datos sin identificación suficiente”, al aludir a críticas de la defensa que sostiene que recibió muchas supuestas pruebas con poco tiempo para analizarlas.
El juicio ha tensado la relación entre las autoridades brasileñas y Washington. El presidente Donald Trump impuso aranceles punitivos de 50% a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro, su viejo aliado de extrema derecha. Su gobierno también aplicó sanciones contra altos funcionarios, incluido Moraes.
“¿Alguien cree que Mickey (Mouse) va a cambiar un juicio en la Corte Suprema?”, ironizó el martes el segundo juez en votar y exministro de Lula, Flávio Dino, en alusión a la presión de la Casa Blanca por la absolución.
Brasilia denunció el martes nuevas amenazas de Washington. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump “no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión en el mundo”, ante una pregunta sobre posibles nuevas sanciones contra Brasil y otros países.
El gobierno de Lula condena las “amenazas de uso de la fuerza” contra su país y los poderes públicos “no se intimidarán por cualquier forma de atentado” a su soberanía, respondió el gobierno brasileño.
Por otro lado, el juez Moraes autorizó a Bolsonaro a someterse a una cirugía en un hospital privado de Brasilia el próximo 14 de septiembre, una formalidad que le permite dejar temporalmente su arresto domiciliario.
Según el informe presentado por los médicos del exjefe de Estado, Bolsonaro se someterá a un procedimiento dermatológico para extirpar algunas lesiones cutáneas.
La orden del magistrado estipula que el traslado se realizará bajo escolta de la Policía Penitenciaria del Distrito Federal y que su hospitalización se limitará al día de la cirugía.
Dentro de las 48 horas posteriores al alta hospitalaria, Bolsonaro deberá presentar ante el Tribunal un certificado médico que certifique la fecha y hora de la prestación sanitaria.
Moraes también enfatizó que la autorización es provisional y no altera ni atenúa las demás medidas cautelares vigentes desde el 4 de agosto.
“Hincho por la amnistía a Bolsonaro”, dijo a la AFP Marisa Almeida, una concejal de 31 años de Pará (norte) que viajó en su cumpleaños a Brasilia para una vigilia nocturna por el expresidente el martes.
Mientras se acerca el veredicto, la derecha presiona en el Congreso por una amnistía para cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos del 8 de enero de 2023, que podría incluir al exmandatario. La fiscalía sostiene que Bolsonaro alentó esos hechos como un último intento para mantenerse en el poder.
“Nunca estamos a favor de aranceles”, dice Clayton Prudencio, un hombre de 42 años que se presenta como influencer digital, “aunque a veces el remedio es amargo pero necesario para curarse”.
Agencias AFP y Reuters
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