La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, a causa del despliegue militar norteamericano en las costas del Caribe Sur ha vuelto a dividir las aguas en América Latina.
De un lado, están quienes aplauden el objetivo declarado por el gobierno norteamericano de usar su flota para luchar contra el narcotráfico, e incluso quienes incitan el uso de la violencia armada contra los grupos declarados como terroristas. Por el otro, quienes rechazan una posible injerencia estadounidense en territorio latinoamericano y condenan una supuesta táctica de presión para contribuir a un cambio de régimen en el país del Caribe.
La última vez que el espectro político latinoamericano se separó en facciones tan claras en su postura con respecto a Venezuela fue en 2019, cuando el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,se autoproclamó presidente venezolano en un intento de destituir a Maduro. Entonces, igual que ahora, los países se alinearon en base a la orientación ideológica de su mandatario de turno, algo que en los últimos años cambió en varios países de la región.
“Es el equivalente de dar un martillazo cuando se necesita usar un bisturí”, opinó del despliegue militar el exembajador norteamericano en Panamá John D. Feeley en diálogo con LA NACION.
Si la magnitud del despliegue resulta desproporcionada para la lucha contra el narcotráfico, la intervención directa en Venezuela también parece descartada. En todo caso, “esto puede ser un intento de amedrentar a Maduro, porque la flota desplegada es muy potente, pero no es capaz de llevar a cabo una invasión del tipo Panamá [1989], Irak [2003], o Afganistán [2001]”, explicó Feeley, quien durante su servicio en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos solía pilotar precisamente helicópteros de asalto anfibio en despliegues militares similares al que se encuentra en este instante en las costas del régimen.
Por ahora, por lo tanto, ni el objetivo final ni los próximos pasos de la operación norteamericana están claros, pero la discusión política entre quienes se alinean con la “diplomacia del garrote” de Trump y quienes rechazan la muestra de fuerza militar ya está en curso.
“Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana”, publicó el lunes en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, en una de sus varias muestras de oposición a la presión norteamericana en el Caribe. “Ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros”, sentenció el mandatario.
“Petro es un fiel defensor de la línea de no intervención, una posición más de izquierda en América Latina. Por lo que no es sorprendente que esté alineado en este punto con Venezuela. También es cierto que hay gestos de acercamiento a Caracas desde hace dos o tres años, una agenda económica binacional, cierta reapertura de las fronteras. Entonces sus críticas a la militarización de Estados Unidos en el Caribe encajan con su discurso y pueden tensar una relación ya bastante delicada con Washington”, dijo Juan Negri, director de la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella, a LA NACION.
El presidente colombiano ha sido una de las voces más firmes de rechazo al despliegue norteamericano, que lo ha llevado incluso, sin haber declarado un apoyo explícito a Maduro, a cooperar con el régimen vecino.
El jueves, Petro informó en sus redes sociales que ordenó la movilización de 25.000 soldados en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela, para luchar contra el narcotráfico en coordinación con el régimen venezolano. Maduro agradeció la medida.
Brasil ofrece otro ejemplo de cómo los países se posicionan frente al despliegue según su orientación ideológica. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha evitado pronunciarse de manera explícita, algunos gestos de su gobierno sugieren que también busca privilegiar una postura contraria a la intervención estadounidense.
Por ejemplo, su ministro de Defensa, José Mucio, anunció a fines de agosto que se cancelaron dos operaciones militares coordinadas con el Ejército norteamericano previstas para septiembre y octubre, las llamadas Operación Formosa y Operación Core. Si bien las razones esgrimidas por Brasilia fueron estrictamente económicas, la coincidencia con el despliegue militar en el Caribe parece no ser casual.
Estas medidas, además, se inscriben en la ya tensa relación personal entre Lula y Trump, marcada por una guerra comercial —con la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles del 50% a determinadas importaciones brasileñas— y por una disputa política y judicial en torno al caso del supuesto intento de golpe de Estado que involucra al expresidente Jair Bolsonaro, rival de Lula y aliado cercano de Trump.
La relación entre Brasil y Estados Unidos “no tiene cómo empeorar, porque ya no hay relación”, dijo a LA NACION Mónica Hirst, investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro y colaboradora del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales. “Y no va haber ningún retroceso en la determinación de la Casa Blanca de ignorar y maltratar al actual gobierno brasileño”, agregó.
Por parte de Brasil, la académica considera existe “interés en mantener una vía comercial” que le permita idealmente renegociar las condiciones arancelarias impuestas por Trump.
México parece ser un caso aparte: aunque la presidenta Claudia Sheinbaum continúa la línea política de izquierda de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado mantener un canal de diálogo abierto con la actual administración estadounidense, incluso en lo referido a la lucha contra el narcotráfico.
De hecho, ambos países anunciaron la creación de un grupo de cooperación de alto nivel, que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a compromisos comunes. Entre ellos figuran medidas contra los cárteles de droga, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la prevención del robo de combustibles y el combate a los flujos financieros ilícitos, según informaron el miércoles tras la visita a México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Si bien tanto Sheinbaum como Petro o Maduro encabezan gobiernos con posturas ideológicas contrarias a la de Trump, lo hacen con matices muy distintos, “México recibe un tratamiento privilegiado dada su importancia económica y política para Estados Unidos”, explicó a LA NACION Gabriel Negretto, catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.
No obstante, más allá de los gestos de sintonía que ha mostrado con Trump, Sheinbaum se ha mantenido firme en rechazar las sugerencias de Washington de llevar a cabo operaciones militares unilaterales en territorio mexicano. “No aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias”, señaló el martes.
Como parte de su gira diplomática por América Latina, Rubio visitó también Ecuador, donde fue bien recibido por el presidente, Daniel Noboa. El gobierno ecuatoriano no sólo aplaudió las recientes operaciones militares norteamericanas, sino que también prometió un “acuerdo” con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y hasta abrió la puerta al establecimiento de una base militar norteamericana en su país.
“Estamos en una lucha en conjunto contra el terrorismo y el narcotráfico”, dijo el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, tras la visita diplomática del miércoles.
Ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador se ha convertido en punto de partida de cerca del 70% de la droga que circula en el mundo, de la cual casi la mitad tiene como destino Estados Unidos, según datos oficiales.
En esa línea, varios países de la región —entre ellos Ecuador, Perú y Paraguay— siguieron la estrategia impulsada por la administración Trump de declarar a distintos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.
La Argentina también se sumó a esa corriente: a fines de agosto, el gobierno de Javier Milei incluyó en la lista al Cártel de los Soles —grupo criminal que, según Estados Unidos, encabeza Nicolás Maduro—, una decisión que motivó la inmediata felicitación de Rubio.
Otro gobierno que celebró el despliegue estadounidense fue el de Trinidad y Tobago. El martes, Trump reveló en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que fuerzas militares norteamericanas habían atacado y hundido una embarcación con 11 tripulantes que transportaba droga, probablemente con destino a Trinidad y Tobago, según la propia administración. Todos los “terroristas que habían partido de Venezuela” murieron en el operativo, aseguró Trump.
La primera ministra del país caribeño, Kamla Persad-Bissessar, elogió la acción y declaró: “No tengo simpatía por los traficantes; el Ejército de Estados Unidos debería matarlos a todos violentamente”.
“El Caribe aplaude [el despliegue] por su propia seguridad. Es decir, Venezuela es un problema para ellos en muchos sentidos. Temen derrames de narcotráfico y de armas, por ejemplo, y creo que ven útil la disuasión de Estados Unidos. Por eso Trinidad y Tobago o Guyana apoyan las medidas, aunque sea con matices”, explicó Negri.
“Yo, junto con la mayor parte del país, estoy contenta de que el despliegue naval de Estados Unidos esté teniendo éxito en su misión”, declaró Persad-Bissessar en un comunicado el martes por la noche.
La entrada América Latina, dividida otra vez por Venezuela: apoyos y rechazos al despliegue de Trump en el Caribe se publicó primero en DIARIO DIGITAL MORENO MEDIOS.