CALI.– Ataques con drones, bombas y violencia política. Estas son las claves para entender el delicado momento que vive Colombia a menos de un año de las elecciones presidenciales.
El jueves, el país vivió una jornada sangrienta por ataques guerrilleros que dejaron una veintena de muertos. Un dron derribó por primera vez un helicóptero policial y un camión bomba estalló a plena luz del día en una calle concurrida de Cali, la tercera ciudad del país.
Pero los atentados de esta semana son sólo el más reciente episodio de una seguidilla de ataques, entre ellos el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en lo que constituye la peor ola de violencia en una década.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el viernes en X la captura de Diomar Mancilla, miembro de la columna Jaime Martínez y quien “participó en el atentado a la población civil”.
El sábado, la Fiscalía de Colombia informó en X que imputó a dos guerrilleros detenidos, Walter Yonda y Carlos Obando Aguirre, miembros del Frente Jaime Martínez -adscrito al Estado Mayor Central (EMC)-, como presuntos responsables de homicidio agravado, un delito sancionado con hasta 50 años de prisión.
“Las evidencias indican que (…) habrían transportado y activado dos camiones acondicionados con varios cilindros cargados de un material explosivo a base de nitrato de amonio y granadas de mortero”, agregó la fiscalía.
Desde que llegó al poder en 2022, Petro apuesta por negociar una salida pacífica al conflicto con los grupos que no entregaron las armas tras el histórico acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC.
Según expertos, los dos gobiernos que siguieron a la firma del pacto no lograron ocupar los territorios dejados por los desmovilizados, lo que permitió la consolidación de otras organizaciones. Los analistas consideran que los recientes ataques no han sido coordinados pero sí dan cuenta de una atomización de los grupos en guerra contra el Estado y enfrentados entre sí por el rentable botín del narcotráfico.
“Lo que buscan es efectivamente lograr poner al gobierno nacional contra las cuerdas y generar un ambiente de zozobra que tiene mucho que ver con las elecciones del 2026”, dice Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación.
De manera contraria al uso sofisticado en guerras como la de Ucrania, donde se registran operaciones militares con drones “kamikaze’, los guerrilleros lanzan explosivos artesanales desde drones comerciales. “Desde el 26 de abril de 2024 que se registró el primer ataque hasta hoy serían más de 700 incidentes con dron reportados”, indicó una fuente del Ejército.
Las regiones plagadas de narcocultivos en el suroeste del país y la frontera con Venezuela son los puntos más afectados. Allí el zumbido de uno de esos aparatos es una señal de alerta que espanta a todos alrededor. Aunque suelen ir dirigidos contra fuerzas de seguridad, en el medio decenas de civiles han muerto, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Entre enero y mayo, la organización documentó 524 víctimas de artefactos explosivos, un aumento del 145% con respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado especialmente por el uso de drones. La organización registró en ese lapso 137 heridos o fallecidos por artefactos lanzados, un aumento del 342%.
La caída el jueves de un helicóptero en las montañas de Antioquia tras un ataque con dron alertó sobre un nuevo nivel de sofisticación. Murieron 13 policías. El Estado todavía no utiliza drones de combate contra la guerrilla.
Expertos apuntan al gobierno de derecha de Iván Duque, que gobernó entre 2018 y 2022, por no implementar el acuerdo de paz y desaprovechar un momento clave para retomar el control del Estado en las zonas apartadas donde los grupos armados son la autoridad de facto. Y luego al primer gobierno de izquierda en la historia del país por una política de paz y seguridad que no ha funcionado.
“Estas negociaciones no avanzaron como deberían avanzar, una estrategia muy mal planteada desde el inicio, sin un objetivo claro, sin tiempos claros, sin unos pasos claros y esto le permitió a los grupos seguir operando mientras se fortalecían”, dice Óscar Palma, profesor de la Universidad del Rosario.
La violencia marca la campaña de cara a las elecciones y revive los fantasmas de los peores años del conflicto, que detuvo con asesinatos a disparos las aspiraciones presidenciales de cinco candidatos en el siglo XX. “Cualquier atentado que mate civiles quiere decir que estamos fallando en inteligencia” y “también que estamos fallando en las estrategias de negociación” de paz, explica Bonilla.
Dos tiros en la cabeza mataron al senador Miguel Uribe Turbey, el candidato favorito de la derecha. Su partido, el Centro Democrático, ha enarbolado tradicionalmente las banderas de mano dura contra los grupos armados bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, que enfrenta en primera instancia una condena a 12 años de prisión.
Agencia AFP