Ante las declaraciones y el informe del equipo técnico del FMI acerca de que hay negociaciones entre la Argentina y los acreedores con sentencia firme en el juicio por el cupón PBI, los beneficiarios de ese fallo emitido en Londres negaron que haya gestiones activas y piden una rectificación oficial.
Los acreedores negaron enfáticamente que la Argentina haya mantenido con ellos conversaciones tendientes a resolver los atrasos en el pago de la deuda judicial mediante un plan de pago. “Los demandantes consideran importante aclarar que no hay negociaciones en curso entre ellos y la República”, expresaron.
E insistieron en que se le avisó al FMI que sus afirmaciones habían sido erróneas. “Los Demandantes han escrito al FMI para confirmar que no se están llevando a cabo negociaciones, y mucho menos negociaciones realizadas de buena fe por la República. Han solicitado al FMI que actualice su staff report (informe técnico) en consecuencia”, subrayaron en una carta publicara en el sitio PR Newswire.
El conflicto originado por el bono ligado al crecimiento del producto bruto interno (PBI) argentino concluyó con una sentencia judicial dictada en Londres por más de 1600 millones de euros.
Según los acreedores, lejos de mostrar voluntad de pago, la Argentina “se niega a cooperar con las medidas adoptadas por los Demandantes para ejecutar la deuda judicial en nombre de los titulares de las órdenes de arresto”. Además, remarcaron: “La República tampoco paga los intereses diarios devengados por la deuda judicial pendiente”.
Hay que recordar que en el último informe técnico del staff del Fondo, este organismo hizo hincapié en la necesidad de que el país resuelva los litigios que tiene pendientes. Es más, se refirió concretamente al tema del cupón PBI, al indicar que “se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres”.
Entre los casos sin resolver más destacados se encuentra el juicio por la expropiación de YPF, en el que se dictó una condena contra la Argentina por US$16.100 millones. Para el FMI este litigio no está cerrado, debido a que el país apeló la sentencia en cuestión y además cuestionó el monto del reclamo.
Los acreedores señalan en su carta que el FMI presupone el retorno a la emisión de bonos en divisas bajo ley extranjera para 2026. Y advierten: “Si bien los demandantes siguen apoyando el retorno de la República a los mercados de capitales, será necesario que la República primero aborde de forma concluyente sus atrasos externos, en particular los relacionados con emisiones de deuda anteriores, dado su extenso historial de incumplimiento”.
Para ello, alientan al país a una interacción transparente con el FMI y los tenedores de warrants respecto de sus atrasos externos y los planes para resolverlos. “Los demandantes siguen estando dispuestos a dialogar con la República. Sin embargo, a pesar de esta disposición, y contrariamente a lo que indica el informe del FMI, no se están llevando a cabo conversaciones al respecto”, reiteraron.
El cupón atado al PBI fue creado como incentivo para lograr una mayor adhesión al canje de deuda de 2005. Este instrumento preveía el pago de intereses a los bonistas si la economía argentina crecía más de un 3% anual, hasta el año 2035. Sin embargo, el país no realiza pagos desde 2011, cuando dejó de registrar ese nivel de crecimiento.
La demanda se centró en el cambio de la base de cálculo del PBI realizado en 2014, bajo la gestión del entonces ministro Axel Kicillof. La metodología previa, basada en datos de 1993, se consideraba desactualizada, por lo que fue reemplazada por una nueva estructura que tomó como año base 2004. Ese ajuste provocó que la estimación de crecimiento del PBI de 2013 fuera menor a la que arrojaba la base anterior, lo que desencadenó los reclamos judiciales de los inversores.
Con la nueva base, el Indec informó que la economía creció menos del 3,22% ese año, mientras que bajo la metodología anterior el crecimiento había sido del 4,9%. En consecuencia, el gobierno de Cristina Kirchner evitó pagar más de US$3600 millones en intereses.
El fallo de primera instancia en Inglaterra consideró que el cambio metodológico en el cálculo del PBI perjudicó a los tenedores de bonos, y dispuso que los títulos debían recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante. La Argentina presentó una apelación ante la Corte Suprema de Gran Bretaña, pero también recibió un fallo adverso en esa instancia.
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