Luego de cambiar de manos, Flybondi enfrenta ahora un problema en el exterior: una firma sueca de leasing de aviones presentó una petición ante el Tribunal Superior de Londres para que se liquide a Flybondi Limited, la controlante de la aerolínea argentina de bajo costo.
La peticionaria es Stellar Aircraft AB, una subsidiaria de Stellar Jay Ireland, con sede en Dublín, que a su vez está vinculada a Deucalion Aviation.
Consultadas por LA NACION, fuentes de Flybondi dijeron que el reclamo es por un avión que se devolvió en 2022 y que el pedido de liquidación de la compañía “no tiene lugar”.
“Estamos en una negociación con el lessor por las condiciones en que se hizo esa devolución. Él considera que se deberían haber abonado adicionales que no íbamos a pagar, pero ahora se está en negociaciones. Es una estrategia legal más que algo que se podría concretar. Lo de la quiebra no va a pasar”, confiaron.
El consultor aeronáutico Carlos Vázquez explicó que el procedimiento habitual ante la falta de pago de una aeronave es enviar un default notice. En esa nota, la empresa manifiesta que no ha recibido el pago y, en caso de que se haya realizado, solicita que se envíen los comprobantes. Si no se abona en un plazo de tres días, comienza otro procedimiento.
“Ahí te mandan una nota más dura, piden que el avión se quede en tierra y empiezan a reclamar la cancelación del contrato y lo que se denomina reposicionamiento. En ese caso, se exige el pago de todas las rentas adeudadas más todas las futuras de acuerdo al contrato. Es un procedimiento legal, pero no es para liquidar la empresa. Por más que el término sea ‘liquidación’, se trata de una vía para terminar el contrato y que se pague todo”, señaló.
El 18 de junio pasado, Flybondi anunció que tenía un nuevo accionista mayoritario llamado COC Global Enterprise, un fondo inversor estadounidense centrado en el sector tecnológico y la aviación privada, cuyo dueño es un hombre vinculado al espionaje, Leonardo Scatturice.
El ingreso del empresario, allegado al Gobierno, se produjo pocos días después de que Flybondi comunicara que finalmente no iba a salir a cotizar en la Bolsa de Nueva York.
En el prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para cotizar en Wall Street, se reflejaba que la empresa tenía una pérdida operativa al 30 de junio de 2024 de US$36,6 millones. Y, si bien reportaba una ganancia neta de US$43,2 millones, esta se explicaba por una maniobra que pueden realizar las aerolíneas que operan en el país para aprovechar la brecha cambiaria: las firmas podían pagar sus compromisos en el exterior con dólares al tipo de cambio oficial y, al mismo tiempo, liquidar sus ventas en el país al precio del dólar MEP.
Por otro lado, el déficit patrimonial a junio de 2024 era de -US$137,1 millones (seis meses antes era de -US$114,1 millones) y la caja disponible solo ascendía a US$1,4 millones.
Flybondi es la primera low cost de la Argentina, fundada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Bajo la premisa “la libertad de volar”, la empresa comenzó a operar el 26 de enero de 2018. Fue seguida por la low cost Norwegian en octubre de ese mismo año y por Jetsmart en diciembre, lo que dio origen a lo que desde el macrismo se llamó “la revolución de los aviones”, con el ingreso de nuevas compañías y la apertura comercial del aeropuerto de El Palomar.
Sin embargo, solo un año después, en diciembre de 2019, Norwegian fue absorbida por Jetsmart y, en 2020, el gobierno de Alberto Fernández cerró El Palomar para operaciones aerocomerciales, bajo la excusa de las medidas de aislamiento por la pandemia de Covid-19.
A pesar de esto, Flybondi sobrevivió a la crisis que afectó a todo el sector y retomó un proceso de crecimiento agresivo en diciembre de 2021. Pero en 2023 se enfrentó a un nuevo problema local: la falta de dólares para pagar el leasing (alquiler) de los aviones.
En tanto, a fines de 2024 fue noticia por haber sumado, solo en noviembre, 384 vuelos cancelados; mientras que en marzo de este año, el CEO Mauricio Sana y varios gerentes técnicos de la empresa fueron imputados por el uso de un taller suspendido para reparar aviones.