WASHINGTON.- La decisión de la Justicia de Estados Unidos, que ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, generó inmediatas repercusiones en Wall Street, donde los actores del mercado que siguen de cerca los vaivenes del país lo tomaron como una noticia negativa -aunque no como un factor de pánico-, mientras que también señalaron que la medida empujaría al Gobierno a negociar para poner fin al litigio.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar a los fondos demandantes -Burford y Eton Capital- el 51% de las acciones de la petrolera con control estatal como forma de pago por la sentencia en primera instancia de US$16.100 millones más intereses, que se había determinado en 2023 en el marco del juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF en 2012. Rápidamente, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno apelará la decisión.
“Obviamente el mercado reaccionó negativamente. Pero, me pregunto, ¿qué información nueva tenemos hoy que no teníamos el viernes producto de este fallo? La sentencia ya estaba en firme y nada cambió. Lo que el fallo hace es darle un canal a Burford para tratar de cobrarse. Canal que, por cierto, es difícil de hacerlo cumplir. En definitiva, lo que el país debía ya había quedado establecido y hoy sabemos que la jueza está molesta y quiere que encontremos la forma de pagarle a Burford. Para eso les otorga el derecho a cobrarse, si pueden, con las acciones de YPF», explicó a LA NACION el economista Guillermo Mondino, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y asesor de fondos de inversión.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, había pedido en abril del año pasado el control de las acciones que ahora le fue otorgado por Preska. También había solicitado embargos y otras medidas como forma de presión para sentar al Gobierno a una mesa de negociación.
“La otra cosa que sabemos es que si la Argentina no entrega las acciones en dos semanas, y sospecho que no las entregará, la jueza puede declarar al país como incumplidor de una orden judicial. Eso podría tener consecuencias para la capacidad del soberano de financiarse en el exterior. Y todos sabemos que 2026 es un año donde vamos a necesitar mucho financiamiento», añadió Mondino, que como otros analistas consultados por LA NACION apuntó a algún tipo de negociación con los fondos demandantes.
“La noticia es que se abre una ventana en la que el Gobierno va a tener que buscar la forma de resolver el tema Burford. Finalmente, no es un fallo que afecte a YPF como compañía y su capacidad de financiarse, ni a ninguna compañía privada argentina. Es un fallo en contra del soberano. Por lo tanto, debería tener mayor efecto sobre los bonos. Aunque, obviamente, lo que ocurra con el soberano impacta en todos los activos del país“, destacó el economista.
Respecto de lo que pueda hacer el Gobierno más allá de la apelación anunciada, Alberto Ades, director de investigación y estrategia del hedge fund NWI Management, en Nueva York, señaló a LA NACION que “lo más lógico es que se sienten a negociar”.
“El monto de US$16.000 millones es absurdo, ridículo. Toda la gente que hace un análisis más o menos detallado de eso dice, ‘no, el número final tiene que ser una fracción de eso’”, agregó Ades, que hizo foco también en una primera reacción de los mercados con la caída de las acciones de YPF en Wall Street.
“El feeling del mercado a medida que nos vamos acercando a las elecciones [legislativas de octubre] es que se torna más cauto, porque hay una historia muy larga en la Argentina de personas que acumulan dólares antes de los comicios. Entonces es natural que los inversores empiecen a reducir posiciones y se empiecen a mandar informes un poco más cautos», ahondó, en referencia al momento en el que se dio a conocer esta decisión judicial en Estados Unidos.
Otro agente de Wall Street -que prefirió mantener el anonimato-, que sigue muy de cerca las posiciones argentinas y los juicios en Nueva York, dijo a LA NACION que «el mercado sobrerreaccionó» en un primer momento a la noticia del fallo de Preska, pero que luego se impuso la cautela por lo que pueda pasar en los próximos días.
“El Presidente ya anunció que apelará. Lo más probable es que se lo aprueben, y seguiríamos como hasta ahora, pero con la diferencia de que el revólver está más cerca de la cabeza. Y esto me parece que va a ser un motivador para el Gobierno para negociar y tratar de sacarse el problema de encima», dijo la fuente, en referencia a cómo podría seguir el litigio con el fondo Burford. También hizo foco en el monto multimillonario establecido en la primera sentencia.
“Entre malos manejos legales del Gobierno anterior, esto es de dimensiones ridículas. Los US$16.000 millones están muy mal valuados. Creo que el Gobierno tiene un fuerte argumento ahí para que revisen el monto, porque a pesar que legalmente los demandantes tienen su argumento, me parece que es un exceso, un número que no tiene ni pies ni cabeza», añadió.
Según publicó la agencia Bloomberg, la orden de Preska podría obligar a la Argentina a sentarse a la mesa de negociación, especialmente si la transferencia de las acciones interfiriera en los planes de YPF -la petrolera más grande del país- con sus socios para avanzar en la exportación de las reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta, según Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de Grit Capital Group, con sede en Buenos Aires.
“Con las acciones en el limbo, estos procesos podrían retrasarse de manera significativa. Esto debería llevar al equipo económico a acelerar el proceso de negociación para llegar a un acuerdo financiero”, señaló a Bloomberg.
“Milei ha intentado en gran medida hacer la vista gorda al caso. Aunque ha dicho que la Argentina estaría dispuesta a pagar si tuviera el dinero, los abogados del país han seguido luchando con uñas y dientes. Entre bastidores, en marzo, Milei y sus principales asesores ni siquiera se habían puesto en contacto con los negociadores de Burford para llegar a un acuerdo extrajudicial”, apuntó la agencia especializada.
En tanto, el economista Arturo Porzecanski, investigador de la American University, en Washington, y experto en finanzas internacionales, señaló a LA NACION que el Gobierno actuó de manera “muy desprolija” sobre este asunto. “En todas estas cosas usted tiene la opción de negociar. Pero en general usted negocia antes de que haya un fallo, porque una vez que está, obviamente se termina jugando a la defensiva”, dijo.