Si se aprobara finalmente el proyecto de cambios previsionales que se votó en Diputados, y si en tal caso la ley quedara vigente (algo para lo cual el Congreso debería insistir con la cantidad suficiente de votos, ya que el Gobierno anticipó su decisión de veto), en la práctica habría un incremento de 16,4% del ingreso mensual para quienes perciben el haber mínimo y el bono de $70.000. Las prestaciones de quienes no reciben el refuerzo -que fueron quienes más poder de compra perdieron hasta principios de 2024- subirían menos: un 7,2%, según la iniciativa que prevé diferentes fuentes de recursos para el financiamiento de las alzas.
¿Cuál sería el efecto, en cantidad de pesos? No hay prácticamente probabilidad de que la ley se apruebe este mes, pero si eso hubiera ocurrido, los cálculos indican que el menor ingreso garantizado para quienes están en el sistema contributivo habría quedado para julio en alrededor de $441.560, contra los $379.295 que se cobrarán sin cambios en el sistema. Es una diferencia de $62.265.
En ambos casos, se consideró para el cálculo el haber de junio y se le agregó la actualización de 1,5% que habrá el mes próximo, ya que ese fue el nivel de inflación de mayo, según el Indec (desde abril de 2024, los haberes se reajustan cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el instituto oficial de estadística).
Para quienes cobran un haber mayor al básico -y que son quienes más poder de compra perdieron, sobre todo entre 2021 y 2023-, la mejora sería de 7,2%. Por ejemplo, alguien que este mes tiene un haber mensual de $500.000, tendrá en julio un ingreso de $507.500 por el reajuste según la inflación. Si se aplicara lo que indica el proyecto de ley de la oposición, la cifra llegaría a $544.040.
El haber máximo, que en julio será, en bruto, de $2.081.261, sería de $2.231.112 según la iniciativa del Poder Legislativo.
El proyecto, que tras pasar por la cámara baja fue girado al Senado, contempla un incremento de 7,2% para todos los haberes. Además, prevé llevar el bono o refuerzo de $70.000 a $110.000 y disponer que de ahora en más esa parte del ingreso se actualice mensualmente de igual manera en que se reajustan los haberes propiamente dichos, es decir, replicando la variación del IPC de dos meses atrás. El texto aclara que el aumento de 7,2% se incorporaría “al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente [ley] sobre el haber percibido en el mes de su sanción”.
Un artículo del proyecto aclara que el bono seguiría otorgándose bajo las mismas condiciones que rigen ahora. La diferencia –no menor– es la ya citada actualización que tendría cada mes. Actualmente su pago y su cuantía dependen de decretos del Poder Ejecutivo, y el monto está congelado desde marzo de 2024.
Según la iniciativa, seguiría sin tener descuento por el aporte al PAMI y tampoco se tendría en cuenta para el cálculo del aguinaldo. No sería cobrado, además, por los jubilados y pensionados cuyos haberes se rigen por normas de movilidad diferentes a las del régimen general (los del sistema docente, por ejemplo).
También, al igual que ya ocurre, el monto mayor del bono (que pasaría de $70.000 a $110.000) sería percibido por quienes cobran el haber mínimo o una cifra inferior (por tener, por ejemplo, una prestación no contributiva), en tanto que los jubilados y pensionados con un ingreso superior al mínimo, pero inferior a la suma del mínimo y el refuerzo, percibirían un adicional del importe necesario para que se llegue a esa cifra. Quienes tienen dos prestaciones no lo percibirían, porque en ese caso se excede el umbral del ingreso, que es por beneficiario y no por beneficio (es lo mismo que ocurre ahora).
El texto aclara, además, que el bono actualizable sería cobrado, como ahora, por los titulares de prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
A diferencia del proyecto tratado en 2024, que se convirtió en una ley vetada por el presidente Milei, esta vez el texto incluye fuentes de financiamiento para afrontar los efectos de los cambios.
Concretamente, se busca apelar a la derogación de exenciones de IVA (en el caso de directores de empresas) y Ganancias (eliminando la situación especial de las Sociedades de Garantía Recíproca); a un redireccionamiento de dos ampliaciones presupuestarias hechas por decreto para la Secretaría de Inteligencia del Estado, por $32.616 millones; a darle destino específico a los fondos provenientes de la eliminación de sobrecargos en los intereses del préstamo del FMI, y a la nacionalización de fondos recaudados por entes cooperadores de los registros automotor.
Pese a que esos puntos están en el proyecto con media sanción, el presidente Milei no los cuestionó, sino que insistió anoche, en una entrevista en el canal de televisión LN+, que quienes impulsan el aumento deben decir “cómo quieren financiarlo” o “qué gasto público quieren que bajemos”. Según el mandatario, lo aprobado en Diputados -otra iniciativa en trámite busca reponer una moratoria para jubilarse que venció en marzo último- implicaría un gasto equivalente a dos puntos del PBI.
“La pregunta es, ¿con qué lo pago? Nos exterminan el equilibrio fiscal», sostuvo Milei, quien acusó a los diputados de “usar una causa noble” para “tratar de romper al gobierno”. Y agregó: “Los que proponen esto son los mismos que dieron jubilaciones sin aportes, o sea, son los que quebraron el sistema”.
E insistió, sin comentar el contenido del capítulo sobre financiamiento: “¿Lo financio con emisión monetaria, o sea, con un impuesto altamente regresivo que golpea más fuerte sobre los sectores más vulnerables? ¿Volvemos a la emisión, la inflación y generar pobres? Me parece que eso no. ¿Recurrir al disparate de financiarlo con deuda? ¿Un problema de flujo lo vas a resolver con deuda? Bueno, me parece que con eso te vas a estrolar. La otra alternativa, ¿vas a cobrar más impuestos?“.
En un artículo, la iniciativa busca que la fórmula de movilidad quede incluida en una ley. La modalidad de actualizaciones que hoy se utiliza rige porque así lo estableció el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, de marzo de 2024. Esa norma del Poder Ejecutivo derogó la fórmula de la ley 27.609, que entre 2021 y marzo de 2024 provocó una caída del poder de compra de más de 50% para los haberes sin bono, según confirmaron ya varios fallos judiciales.
Por lo establecido en el DNU, las jubilaciones se actualizan por IPC desde abril de 2024. Como se mira el índice de dos meses atrás, para definir la suba de aquel mes se observó la inflación de febrero de 2024 y se agregó una suba extraordinaria de 12,5%.
El 7,2% incluido en el proyecto del Congreso se refiere al porcentaje necesario para que ese 12,5% se convierta en un 20,6%, que fue la inflación de enero de 2024. Ninguna norma obligaba a compensar de manera completa la inflación de aquel mes, como tampoco la de períodos previos en los que rigieron las fórmulas de movilidad de las leyes 27.426 y 27.609, esta última impulsada por el kirchnerismo y declarada inconstitucional por varios fallos de cámaras de apelaciones del interior. Solo en 2023, la inflación fue de 211,4% y los haberes subieron nominalmente un 110,9%. Ni el DNU del Poder Ejecutivo, ni los proyectos del Congreso contemplaron alguna compensación para las fuertes pérdidas del poder de compra sufridas antes de 2024.
La iniciativa legislativa pretende, además, que el Gobierno gire fondos a las provincias que mantienen sus cajas previsionales de empleados públicos, y que reclaman desde hace tiempo transferencias para cubrir sus déficits. Es un punto controvertido desde hace años, y los funcionarios nacionales actuales mantienen su postura de no derivar recursos a las administraciones locales mientras no haya acuerdos de partes sobre los montos involucrados.