Desde su creación en 1973 mediante la Resolución N°28, la División Agencias Privadas de la Policía de San Juan cumple una función fundamental: controlar y fiscalizar a las empresas de vigilancia privada para asegurar que operen dentro del marco legal, de forma ética y segura, en beneficio de toda la comunidad. Su labor resulta clave para ordenar el funcionamiento de un sector que colabora con la protección de personas, bienes y espacios públicos y privados. Está ubicada en el cuartel de bomberos.
Esta dependencia, que tiene su oficina en la Dirección de Bomberos, actúa conforme a lo establecido por la Ley 926-R y su Decreto Reglamentario 649/2012, recepcionando la documentación que deben presentar las empresas del sector. En el caso de nuevas agencias, se inicia un expediente; si ya están habilitadas, la documentación se incorpora al legajo existente. Posteriormente, el expediente es remitido al área de administración de la Policía, donde asesores legales y contables evalúan los requisitos formales. Si no hay observaciones, se elabora un dictamen que, por intermedio de Jefatura, se eleva a la Secretaría de Seguridad para una segunda revisión jurídica antes de confeccionar la resolución correspondiente.
Además del aspecto administrativo, la División tiene a su cargo tareas de control en el territorio. Se realizan inspecciones para verificar que los objetivos estén correctamente custodiados y que los vigiladores cuenten con la habilitación correspondiente y usen el uniforme reglamentario. Si todo está en orden, se labra un acta de inspección. En caso de detectarse irregularidades, se emite primero un acta de notificación y, ante reincidencias, actas de infracción que derivan en la intervención del Juzgado de Faltas o de Paz, según la jurisdicción.
Actualmente, la Provincia cuenta con 30 agencias habilitadas y 12 en vías de habilitación. Estas 42, cumplen con los requisitos de exigir al personal con la capacitación del curso dictado por las direcciones de Bomberos y Protección Civil. Cabe destacar que los vigiladores renuevan anualmente, mientras que las empresas reciben su respectiva habilitación por dos años.