BRASILIA.- Por primera vez desde que comenzó a ser investigado como instigador de una trama golpista, el expresidente Jair Bolsonaro (2019–2022) prestó declaración ante la Corte Suprema brasileña y negó que hubiera existido un plan de ruptura democrática para impedir la asunción de Lula da Silva tras la victoria electoral de 2022, aunque admitió que mantuvo conversaciones con altos mandos de las Fuerzas Armadas para analizar medidas legales contra el resultado del pleito.
Frente al juez Alexandre de Moraes, relator del caso en la Corte Suprema, Bolsonaro reconoció que discutió con jefes militares alternativas “dentro de la Constitución”, sin especificar qué tipo de acciones estaban en evaluación.
“Estudiamos posibilidades dentro de la Constitución, jamás saliendo de ella. No podíamos hacer nada fuera de ella”, aseguró el exmandatario, en un interrogatorio que se extendió por más de dos horas.
Según el expresidente, las reuniones con los comandantes ocurrieron después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazara un recurso presentado por su partido, el Partido Liberal (PL), que solicitaba la anulación de parte de los votos por supuestas irregularidades en algunas urnas electrónicas.
Bolsonaro sostuvo que, tras “pocas reuniones”, fue descartada la posibilidad de una acción constitucional, como la declaración del estado de sitio. “Abandonamos esa posibilidad y enfrentamos el ocaso de nuestro gobierno. No había clima ni margen sólido para hacer otra cosa”, dijo.
En una de esas reuniones, relató Bolsonaro, se presentó un documento con consideraciones sobre la situación del país en un momento de alta tensión, en el que camioneros cortaban rutas y manifestantes se congregaban frente a cuarteles para pedir una intervención militar. En el texto se barajaban hipótesis como decretar la garantía de la ley y el orden, lo que permitiría que los militares actuaran como fuerza policial para restablecer el orden.
“El sentimiento de todo el mundo era que no había nada para hacer”, aseguró.
El testimonio de Bolsonaro era el más esperado entre los ocho acusados en el proceso por intento de golpe. Está señalado por la Procuraduría General de la República como líder del “núcleo crucial” de la supuesta conspiración. En su comparecencia, además de defenderse, el expresidente aprovechó el espacio para hacer una defensa política y elogiar logros de su gestión.
Se presentó ante el juez Moraes flanqueado por dos abogados y con un ejemplar de la Constitución brasileña en las manos, que levantó simbólicamente al referirse a su respeto por la legalidad.
También negó haber participado en la redacción o análisis de un borrador de decreto que proponía anular el resultado de las elecciones de 2022 y que incluía la prisión del propio Moraes, versión que había sido presentada un día antes por su exayudante de órdenes, el teniente coronel Mauro Cid.
Cid, que es imputado en el caso y se acogió a un acuerdo de colaboración con la Justicia, aseguró que Bolsonaro “leyó y resumió” un decreto de contenido golpista que serviría como base para revertir el resultado de las elecciones. “La gran presión siempre fue para que el expresidente firmara un decreto y que los generales lo aceptaran”, declaró el militar.
Pero Bolsonaro negó enfáticamente esa versión: “Sugerir prisión, eso en nuestra reunión no estaba previsto. Eran conversaciones informales, nada de eso sucedió”.
El expresidente también intentó desmarcarse de cualquier estrategia para desacreditar el sistema de votación electrónica. Dijo no haber sido el primero ni el único en manifestar dudas sobre la seguridad de las urnas electrónicas, y recordó que incluso el actual ministro del Supremo Tribunal Federal y exministro de Lula, Flávio Dino, había hecho críticas similares en 2012. “Siempre luché por el voto impreso, al menos desde 2012 en la Cámara de Diputados”, sostuvo.
Bolsonaro fue el sexto acusado en declarar ante la Primera Sala del STF, en una serie de interrogatorios que marcan el tramo final de la fase de instrucción. La fiscalía acusa al expresidente y a siete de sus aliados, entre ellos, exministros y militares, de haber planeado un intento de ruptura democrática para impedir la asunción de Lula.
Además de Bolsonaro, figuran entre los imputados el exministro y general retirado Walter Braga Netto, su candidato a vicepresidente en 2022; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira; el exjefe de la Marina Almir Garnier; y el exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno. A los ocho se les imputan cinco delitos, entre ellos organización criminal y tentativa de golpe de Estado, con penas que, en conjunto, podrían superar los 30 años de prisión.
Bolsonaro también insistió en que los ataques del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes no constituyeron un intento de golpe. “Sin armas, sin núcleo financiero, sin cualquier líder, eso no es golpe”, dijo. “De mi parte, nunca se habló en golpe, es una cosa abominable”, reiteró.
Durante otro pasaje de su declaración, Bolsonaro admitió haber acusado a jueces del STF de corrupción pese a no tener pruebas.
Se refirió a declaraciones hechas durante una reunión con ministros de su gobierno, en las que había insinuado que Moraes y otros tres magistrados del STF habrían recibido millones de dólares para favorecer al Partido de los Trabajadores.
“No tengo ningún indicio, señor juez. Fue un descargo, una retórica que usé. Discúlpeme, no tenía intención de acusarlo de cualquier desvío de conducta”, dijo el expresidente.
Finalmente, Bolsonaro explicó por qué no participó en la ceremonia de traspaso de mando presidencial con Lula el 1° de enero de 2023, cuando se encontraba en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. Según él, la decisión fue tomada para evitar el “mayor abucheo de la historia”.
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